Feria Intercaza

Las Administraciones públicas que apoyan y financian INTERCAZA están colaborando a ocultar el enorme coste ambiental de la actividad cinegética en Andalucía. Su participación junto a los sectores económicos vinculados al sector al objeto de apuntalar la caza sobre dudosas razones y argumentos, les convierten en COMPLICES de una situación ambiental insostenible.

Un año más las instituciones públicas, ajenas a la realidad ambiental y social del medio rural, disponen fondos económicos y sus infraestructuras para colaborar en la desinformación de la opinión pública respecto a una actividad controvertida como es la caza.

Muchos mensajes positivos y conciliatorios entre naturaleza y caza se podrán contemplar estos días en las salas, patios y pasillos de la Diputación de Córdoba, a cuál más engañoso.

Se nos insistirá en la importancia de la caza como factor de fijación de población en el medio rural, de la creación de empleo, etc. La realidad es bien distinta. Los estudios realizados en los últimos años cuestionan la imagen de “alternativa social” de la caza en áreas deprimidas desde un punto de vista económico. La caza, por su propia naturaleza y particularidades, no se puede considerar una “fuente de riqueza”, menos aún desde un punto de vista social.

Ni siquiera la intensificación de la propia actividad hasta convertirla en una explotación de ganadería extensiva industrial ha servido como apoyo a las políticas de dinamización económica emprendidas por las administraciones públicas y privadas. Sin embargo, el coste ambiental de ese cambio de gestión, de una extensivo y complementario, a uno intensivo e industrial está siendo enorme y continuamente ocultado y disimulado por sus autores y por los responsables públicos.

En contra de la opinión de sus más acérrimos defensores, la actividad cinegética se ha convertido en una actividad excluyente de otras posibles iniciativas socioeconómicas descentralizadas y de carácter social que de verdad pueden convertirse en factores sustitutivos o complementarios a los aprovechamientos tradicionales, sumergidos en una profunda crisis desde hace décadas.

Los bien intencionados y sensibilizados cazadores son los que año tras año obstaculizan la propuesta de establecer la moratoria del conejo en extensas áreas de Andalucía, ante los datos preocupantes de un descenso generalizado de la especie.

Son también los responsables de la captura de más de un cuarto de millón de fringílidos (pájaros insectívoros), bajo la excusa del mantenimiento del silvestrismo. Son especies protegidas por la legislación que sólo pueden ser objeto de captura mediante autorizaciones excepcionales. No obstante, la captura de fringílidos se ha convertido en una práctica dentro de la actividad cinegética.

Son los colectivos de los cazadores los que siguen insistiendo y demandando el uso de métodos no selectivos de caza para exterminar determinados predadores. Algunos de estos métodos están prohibidos por la normativa comunitaria y nacional. Su condición de métodos no selectivos y de capacidad de generar un daño masivo sobre la fauna silvestre, no es suficiente para convencer a los sensibilizados cazadores de su conveniente destierro de los montes y campiñas de Córdoba.

También son los causantes de las numerosas y dantescas imágenes de decenas de ciervos calcinados enganchados en las mallas cinegéticas, en vano intento de huir del fuego abrasador. Las cercas cinegéticas compartimentan, fragmentan y envilecen el paisaje de nuestros montes por decisión e interés de los cazadores.

También, el colectivo cinegético es el culpable del retraso no justificado de la aplicación del Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, sobre la prohibición del uso de perdigones de plomo en la caza de aguas acuáticas. El uso de perdigones desde hace décadas provocan anualmente la muerte por plumbismo de más de 50.000 rapaces sólo en España.