La Junta oculta dos informes del Ministerio de Medio Ambiente

Los informes fueron realizados por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente con fechas 7 de mayo y 14 de mayo de 2003 dentro de la tramitación de la autorización que la Junta de Andalucía concedió a la Mina de las Cruces para verter metales pesados altamente contaminantes, que actúan como venenos muy tóxicos, como son el mercurio, el cadmio y el arsénico. La Junta y la Mina Las Cruces pretenden que estos venenos se viertan directamente al río Guadalquivir a la altura del puente viejo de La Algaba.

Los informes fueron remitidos directamente a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía dirigida entonces por el actual Viceconsejero de Medio Ambiente Juan Espadas Cejas. En ellos se advertía expresamente a la Junta de Andalucía de la necesidad de realizar una nueva DIA específica para el referido vertido.

Se da la paradoja que el vertido venenoso se va a realizar durante 15 años en el estuario del Guadalquivir que recientemente ha sido declarado por la Comisión Europea como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) a propuesta de la propia Junta de Andalucía. Además, el vertido venenoso puede llegar a influir en dos tomas de agua de emergencia para uso doméstico de la capital hispalense que tiene EMASESA en el afluente cercano Rivera de Huelva y otra cerca de San Jerónimo, ambas situadas aguas abajo del vertido venenoso. Igualmente se contaminarán sin duda, por la influencia de las mareas, los numerosos pozos que existen en esa zona de la Vega del Guadalquivir con históricos regadíos de frutales, provocando graves problemas de salud y de seguridad alimentaria.

Incomprensiblemente, desde la máxima autoridad andaluza que debe velar por la prevención y la calidad ambiental del Guadalquivir, se ha optado por una interpretación truculenta de la legislación, anteponiendo los intereses privados de una multinacional canadiense fuertemente subvencionada por la propia Junta frente al sentido común que aconseja realizar un profundo estudio ambiental de las consecuencias que el vertido venenoso va a producir en nuestro río más emblemático y en la salud de los andaluces que habitan en sus riberas.

Ecologistas en Acción solicitó los referidos informes el pasado 21 de diciembre a la Junta de Andalucía, sin que hasta ahora se haya recibido respuesta alguna, a pesar de que la reciente Ley 27/2006 sobre derechos de acceso a la información ambiental garantiza que un informe de esa importancia debe facilitarse en un plazo máximo de un mes.

Frente a nuestras denuncias y frente a las justas peticiones de los ciudadanos y del Ayuntamiento de La Algaba, la Junta de Andalucía ha optado por el atropello y la prepotencia y ha decidido la expropiación y ocupación forzosa de los terrenos afectados por las tuberías que atraviesan y vierten en La Algaba, a pesar de que el delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Álvaro Julio, sabe que las 100 cuadrículas mineras concedidas al proyecto Mina Las Cruces se sitúan íntegramente en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras y fuera del término municipal de La Algaba, lo que constituye un descarado abuso de poder.

Todo esto confirma nuestras sospechas de que detrás de este proyecto minero se pueden ocultar inconfesables intereses económicos comunes a la Junta y a la multinacional canadiense Inmet Mining Corporation.

Esta actitud agresiva y conjunta de la Junta de Andalucía y de la Mina de Las Cruces no es más que una reedición de los comportamientos que en su día tuvieron la propia Junta y la multinacional sueca Boliden frente a nuestras primeras denuncias en 1994, hasta que se produjo el desastre de Aznalcollar en 1998.

Desde Ecologistas en Acción apoyamos decididamente la valiente postura que está tomando el Ayuntamiento de La Algaba en la defensa de los intereses de sus ciudadanos y del río Guadalquivir, así como también apoyamos a los afectados directamente por la prepotencia de la Junta y de la Mina de Las Cruces y exigimos que se paralicen los actos de ocupación forzosa y que los informes ocultados sean facilitados cuanto antes tal como exige la Ley.