El pasado mes de septiembre Ecologistas en Acción de El Puerto presentó una macrodenuncia contra los principales responsables del Ayuntamiento de El Puerto y de las empresas municipales por entender que en la gestión municipal de los últimos años se podían haber cometidos sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, relativos a la protección de la flora y fauna, sobre la ordenación del territorio, de prevaricación, de sustracción de cosa pública de su utilidad pública y social, societario, de malversación y contra el patrimonio histórico.

La Fiscalía inició una investigación que ha culminado con la remisión de dichas “diligencias, con carácter de denuncia, al Juzgado de Instrucción Decano de El Puerto de Santa María (…), evidenciándose hechos de significación penal”. Los hechos que la Fiscalía entiende que pueden entrañar responsabilidades penales son:

· Urbanización del Pinar del Obispo, desarrollada con la total complicidad municipal en un pinar clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal.

· Urbanización ilegal de Los Desmontados, construida en un Sistema General de Espacios Libres con la total complicidad municipal.

· Construcciones de viviendas en vías pecuarias.

· Paralización municipal de los deslindes de vías pecuarias tras invertir dinero público en este proceso.

· Enajenación de terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo sin concurso público y no destinando los ingresos a los fines legalmente establecidos.

· Extracciones ilegales de agua por parte del parque acuático Aqualand.

· Aprobación del campo de Golf Vistahermosa II teniendo denegación expresa de concesión de agua por parte del organismo de cuenca.

La Fiscalía resuelve que “a fin de alcanzar el necesario impulso y simplificación de la tramitación (…) por el órgano Judicial competente se deduzcan los oportunos testimonios a fin de la formación de procedimientos penales separados para cada uno de los distintos hechos denunciados que han de ser objetos de investigación”. En decir, los principales responsables municipales se enfrentan a un total de siete procedimientos penales, que se unirán a los ya abiertos en los juzgados de El Puerto, como se destaca en el propio Decreto de la Fiscalía, y en los que se encuentran imputados, entre otros, el ex alcalde Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez.

En el Decreto, firmado por Fiscal Jefe Dª Ángeles Ayuso Castillo, se concluye que no es posible la tramitación de “causas generales” contra responsables políticos por su gestión, sino sólo por hechos concretos. No obstante la Fiscalía valora “muy negativamente” hechos como la falta de desarrollo del PGOU al no aprobarse ni uno de los Planes Especiales de protección del suelo no urbanizable, por entender que prueba “del fracaso del modelo que se pretendía diseñar y ejemplo del naufragio del lo que se ha denominado urbanismo de rigor”. En relación con la proliferación de viviendas ilegales, la Fiscalía entiende que las autorizaciones otorgadas al margen de la legalidad sí concurren indicios de la existencia de comportamientos delictivos prevaricadores, y recuerda que el Tribunal Supremo ha señalado que estas hechos provocan “la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecer”, y que estos comportamientos políticos “puede producir efectos devastadores en la ciudadanía”. En relación con la deforestación sufrida en el municipio la Fiscalía entiende que “tratándose de un hecho muy grave, sin embargo no puede pretenderse que un procedimiento penal se constituya en instancia retrospectiva de decisiones políticas (…), entendiendo que la mayor parte de las talas y desmontes habrían prescrito”. Sobre la denuncia de destrucción de hábitat de especies protegidas, la Fiscalía califica estos hechos de “deplorables” y advierte que podrían iniciarse acciones penales de aprobarse en el PGOU “determinaciones que pudieran entrañar consecuencias lesivas para la flora y fauna protegida”, por lo que prestaremos la máxima atención a la propuesta de PGOU que se lleve al Pleno por si se mantiene la recalificación de hábitat de especies protegidas. Por todo ello Ecologistas en Acción tiene la convicción que en las diligencias que se van a abrir en el Juzgado de El Puerto se ampliarán las imputaciones contra los responsables municipales, constructores y técnicos que han promovido o consentido esta nefasta política urbanística del “todo vale” para que unos pocos se hayan hecho de oro a costa de infringir de forma sistemática la legalidad y de destruir nuestra ciudad y nuestro patrimonio natural e histórico.

Las personas denunciadas y contra las que se abren ahora diligencias son:

· Hernán Díaz Cortes, ex Alcalde

· Juan Carlos Rodríguez Álvarez, Concejal de Urbanismo

· Ignacio García de Quirós, ex Concejal de Desarrollo Sostenible y candidato del PSOE a la alcaldía de El Puerto.

· José Gijón, Gerente de la empresa municipal Impulsa El Puerto

· Delfín Gómez Espinosa, Gerente de la empresa municipal SERECOP

· Luis Márquez, gerente de la empresa Municipal SUVIPUERTO

· Antonio Caraballo, ex gerente del IMUCONA y actual Jefe de Servicio de la Concejalía de Desarrollo Sostenible