Llevan al Defensor del Pueblo la Ley para imponer urbanizaciones

Ecologistas en Acción va a pedir al Defensor del Pueblo que lleve al Tribunal Constitucional la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, publicada en el BOCyL del pasado 18 de diciembre, por suponer un giro más en la deriva autoritaria del Gobierno de Castilla y León y alentar la especulación y la corrupción urbanísticas, al establecer un régimen arbitrario y no sujeto a control judicial de aprobación de proyectos inmobiliarios para la Comunidad.

La citada modificación de la Ley de Ordenación del Territorio establece en relación a los proyectos urbanísticos que “cuando se trate de un Plan o Proyecto Regional de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León, la Junta de Castilla y León podrá aprobarlo como Proyecto de Ley, remitiéndolo a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria”. De esta forma, se impide la “injerencia” de los tribunales de justicia y se aparta a ciudadanos y administraciones locales de la posibilidad de fiscalizar los caprichos inmobiliarios del Gobierno.

Y es que, a diferencia de las dos ocasiones en que la Junta ha utilizado este mecanismo para sustraerse del cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, como fueron las leyes que forzaron la apertura de dos infraestructuras de utilidad pública como los vertederos de residuos peligrosos y urbanos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Gomecello (Salamanca), en 2002 y 2005, ahora la pretensión es descaradamente evitar el control judicial sobre proyectos urbanísticos privados y especulativos como “La Ciudad del Medio Ambiente” (Soria), “La Ciudad del Golf” (Ävila), el “Parque de Ocio Arlanzón” (Burgos) o las estaciones de esquí de San Glorio (León) y La Covatilla (Salamanca).

El primero de ellos, la denominada “Ciudad del Medio Ambiente”, integrada por 800 chalets, un centro hípico, un parque industrial y dos torres administrativas en un paraje natural de 560 hectáreas, en la vega del río Duero aguas arriba de la ciudad de Soria, ya ha sido aprobado como Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado jueves, 8 de febrero, y pretende aprobarse sumarísimamente en las Cortes de Castilla y León antes del inminente fin de la legislatura.

Para la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, integrada por 18 grupos ecologistas de la región, esta modificación legal es un dislate jurídico y un despropósito político dirigido a suprimir todos los controles administrativos, ciudadanos y judiciales que deben garantizar la sujeción de las resoluciones administrativas al principio de legalidad.

La posibilidad de que las Cortes de Castilla y León fuercen por ley la aprobación como Proyecto Regional de urbanizaciones como las citadas aparta a los ayuntamientos de sus competencias en materia de medio ambiente y urbanismo e impide a los ciudadanos y a los Tribunales realizar el necesario control de las actuaciones públicas. Se sustituyen así los principios constitucionales de autonomía municipal, igualdad, participación y tutela judicial efectiva por la arbitrariedad y la desviación de poder, matrices de la corrupción. Estamos además ante un fraude de Ley, ya que por definición las leyes regulan materias de carácter e interés general, y no casos particulares.

Fotografía: Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, al volante de un ecológico quad.




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