Indicios de prevaricación respecto a los vertidos tóxicos de la Mina Las Cruces

Tras su denuncia pública y su queja ante el Defensor del Pueblo, Ecologistas en Acción ha recibido por fin los informes que reclamaba acerca de la evaluación ambiental de los vertidos tóxicos (con metales pesados clasificados como sustancias peligrosas) de la Mina Las Cruces en el río Guadalquivir, a la altura de La Algaba.

En estos informes, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió explícita y reiteradamente al entonces Director General de Prevención y Calidad Ambiental y actual Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas Cejas, que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) realizada a la Mina en el año 2002 no incluye una evaluación ambiental del vertido tóxico que se pretende realizar en el río Guadalquivir, y que este vertido tóxico se decidió con posterioridad a la DIA. De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente no hace más que confirmar las mismas tesis que Ecologistas en Acción lleva defendiendo desde hace casi cinco años.

En respuesta a esas advertencias Juan Espadas manifiesta en un informe posterior que “no entiende la petición de una nueva DIA sobre los efectos medioambientales de una pequeña parte de la instalación”, y decide de manera arbitraria que no se realice la nueva DIA solicitada por el Ministerio.

Sin embargo, la legislación ambiental andaluza y estatal establece que están sujetas a evaluación ambiental “toda obra, instalación o actividad secundaria o accesoria incluida en el proyecto de explotación minera a cielo abierto”

Ecologistas en Acción entiende que en ese momento, Juan Espadas, como máximo responsable de la Prevención y la Calidad Ambiental en Andalucía, obvió de manera deliberada y arbitraria su obligación de aplicar la legislación ambiental de su competencia, por lo que observa indicios de prevaricación en su actuación.

Además, en esos informes, el actual Viceconsejero comunica al Ministerio de Medio Ambiente que prevé que el vertido tóxico de Mina Las Cruces cumplirá con los objetivos de calidad del estuario del Guadalquivir, pero lo cierto es que la Consejería de Medio Ambiente tiene definidos desde 1997 todos los objetivos de calidad de las aguas litorales andaluzas afectadas directamente por vertidos salvo precisamente los del estuario del Guadalquivir, desde la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta la presa de Alcalá del Río, pasando por La Algaba, donde se pretende instalar el vertido tóxico de Mina Las Cruces.

Cabe destacar por tanto, la política hipócrita de la Junta que por un lado presenta como un gran logro del nuevo Estatuto el traspaso de competencias sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por Andalucía, y por otra parte, en el único tramo del río donde tiene competencias desde hace más de 10 años, en el estuario, todavía no ha definido los objetivos de calidad frente a vertidos y aprovecha además esta dejadez para autorizar un vertido tóxico de más de 1000 kg anuales de metales pesados clasificados como sustancias peligrosas.

Ecologistas en Acción ha recibido con satisfacción la resolución valiente del Ayuntamiento de La Algaba de no conceder licencia municipal para el paso de las tuberías de evacuación de la Mina Las Cruces por su término municipal y para la instalación del vertido en el río Guadalquivir a 200 metros de su casco urbano.

En contraste, se presenta la actitud prepotente y autoritaria de la Junta que ha decidido la expropiación forzosa para la instalación de esas tuberías, a pesar de que no cuentan ni con una nueva DIA ni con licencia municipal de La Algaba, y la actitud amenazadora e intimidatoria de la multinacional canadiense Inmet, propietaria de la Mina y de su representante Gobain Ovejero que alardean públicamente que en breve iniciarán la ocupación urgente mediante excavadoras, sin licencia y en contra de la voluntad del Ayuntamiento, de los propietarios y de los vecinos de La Algaba.

Todo este entramado de complicidad entre la Junta de Andalucía y la empresa privada Cobre Las Cruces S.A. no hace más que confirmar nuestras repetidas sospechas de que detrás del proyecto minero Las Cruces se pueden esconder y entremezclar oscuros intereses políticos y económicos que hacen que todos los funcionarios y autoridades públicas que han intervenido directamente en decisiones favorables a los intereses de la Mina, a menudo arbitrarias, han progresado en el escalafón de sus respectivas administraciones o responsabilidades políticas.