La Plataforma M-30 No + Coches viene solicitando al Ayuntamiento desde hace meses información sobre la ubicación y características de los sistemas de ventilación en el soterramiento de la M-30 en los tramos del río Manzanares. Cuando, tras varios meses, el Ayuntamiento “accede” a facilitar la información, exige el pago previo de 350 euros, algo que para la Plataforma vulnera la legislación que regula el derecho de acceso los ciudadanos a la información de los proyectos que afectan al medio ambiente. En otro más grave incumplimiento de esta legislación, tampoco ha facilitado los datos de contaminación registrados por las estaciones de medición instaladas en la zona.

Ecologistas en Acción, en nombre de la Plataforma M-30 No + Coches, solicitó al Ayuntamiento de Madrid a principios del pasado mes de diciembre tanto la ubicación y características de los sistemas de ventilación en el soterramiento de la M-30 en los tramos del río, como los datos de contaminación del aire registrados por las estaciones instaladas en la zona.

Aunque el Ayuntamiento tiene la obligación legal de facilitar esta información en el plazo máximo de un mes, ha dado la callada por respuesta durante este tiempo y ahora, cuando los sistemas de ventilación ya están instalados, exige el pago previo de 343'95 euros en concepto de “copias y cartografía”. La información solicitada cabe en un CD cuyo coste unitario no superaría los 50 céntimos de euro.

Pedir casi 60.000 pesetas por una información pública que el Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los vecinos (se debería haber conocido desde el principio, desde la fase de información pública de los proyectos) constituye una práctica política disuasoria y obstruccionista del derecho a la información, además de una solemne tomadura de pelo. La Plataforma M-30 también considera que esta medida atenta contra la legislación española y europea que regula el derecho de acceso los ciudadanos a la información de los proyectos que afectan al medio ambiente.

Peor aún resulta el hecho de que el Ayuntamiento no haya facilitado los datos de contaminación en la zona, a pesar de que ha pasado más de 2 veces el plazo máximo que la ley contempla para ello. Conviene recordar que en un informe filtrado a la Plataforma M-30, correspondiente al mes de septiembre de 2006, quedaba patente que los niveles de contaminación que sufrían los vecinos de las obras eran demoledores: hasta 10 veces por encima de los niveles admisibles para las partículas en suspensión (PM10).

Para la Plataforma resulta insultante que el Ayuntamiento gaste una cantidad disparatada de fondos públicos en publicidad engañosa y autobombo y pretenda hacer pagar a los vecinos y organizaciones sociales por información que tienen derecho a conocer, o bien que la oculte cuando no le interesa que se divulgue.