Mala gestión del Agua en Andalucía

WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción han criticado la mala gestión de la Agencia Andaluza del Agua que utiliza el discurso ambientalista sin llevarlo a la práctica e incluso está incumpliendo la Directiva Marco del Agua.

Las organizaciones ecologistas han hecho un repaso a la situación de las aguas dos años después de la puesta en marcha de la Agencia Andaluza del Agua y han pedido a la Junta de Andalucía que cambie su política hídrica y favorezca la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de las inversiones, una mejor gestión de los recursos y una mayor transparencia.

Los ecologistas han denunciado que la política andaluza del agua es obsoleta, va en contra de la conservación de los ecosistemas acuáticos y no sigue los preceptos de la nueva Directiva Marco del Agua. De hecho, la agencia todavía no ha entregado ningún texto con los objetivos ambientales de la política andaluza del agua, tal y como se comprometió en marzo de 2006. Además, el Plan Andaluz de Humedales está pendiente de aprobación desde 2002.

Los principales problemas

Las cuatro organizaciones han hecho un repaso a los principales problemas del agua en la Comunidad. Los ríos andaluces sufren graves problemas de vertidos de aguas residuales sin depurar. El 30% de los municipios de entre 15.000 y 100.000 habitantes carecen de depuradora, en el resto un gran número de instalaciones funcionan mal. El 50 % de las aguas residuales urbanas e industriales de la cuenca del Guadalquivir no se depura. En la cuenca Mediterránea es el 32%.

El escaso control sobre los recursos subterráneos está poniendo en peligro el abastecimiento urbano y áreas protegidas como el Parque Nacional de Doñana. No debemos olvidar que los acuíferos son las mejores reservas estratégicas de agua, porque no son tan sensibles a las sequías como los embalses. Sólo en las cuencas del Guadalquivir y Mediterránea Andaluza el 25% y el 22% de los acuíferos respectivamente están contaminados con niveles de nitratos superiores a los 50mg/l (límite máximo marcado por la Directiva 91/676). Además, la mayoría de los acuíferos costeros están sobreexplotados debido a la fuerte presión que ejercen sobre ellos los regadíos, las urbanizaciones y los campos de golf.

Incumplimiento de las directivas europeas

La Agencia Andaluza del Agua estudia actualmente eximir a los regantes de la obligación de pagar el precio real del agua que consumen. La propuesta supondría subvencionar el agua a los empresarios agrarios y a cambio gravar más a los usuarios domésticos. De esta forma, los regantes quedarían eximidos de pagar, entre otros, los costes de construcción y funcionamiento de las infraestructuras, los costes ambientales y de oportunidad. Esta medida incumple los planteamientos de la Directiva Marco del Agua.

Además, el Consejo Andaluz del Agua sigue siendo hoy el único órgano de participación con un funcionamiento irregular e inoperante, donde apenas existe debate. De hecho, el borrador del nuevo Decreto que regulará la participación pública en las cuencas andaluzas vuelve a relegar a las organizaciones ecologistas en favor de los regantes. En el Comité de Gestión de los Recursos de la Cuenca ni siquiera se prevé la incorporación de representantes de las organizaciones ambientales aunque sí entran por primera vez los del sector turístico.

Las organizaciones ambientales reconocen que desde su creación, el 1 de enero de 2005, la Agencia ha tenido un efecto positivo en la concienciación sobre el valor del agua y de los ríos y ha promovido un mayor control sobre los usos urbanos del agua, en especial el riego de jardines y el llenado de piscinas en la Costa del Sol. Igualmente, la Consejería de Innovación ha contribuido a controlar la propagación de nuevos pozos ilegales a través de una Orden aprobada en junio de 2006.


LOS PUNTOS NEGROS DE LAS CUENCAS ANDALUZAS

WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción destacan 6 “puntos negros” de la gestión del agua en Andalucía, que ponen de manifiesto que la Junta de Andalucía aun no ha superado el viejo modelo de la promoción de las obras hidráulicas, la degradación de los ecosistemas acuáticos y una participación desigual de los interesados:

  1. Vertido tóxico de metales pesados al río Guadalquivir. La Consejería de Medio Ambiente autorizó en octubre de 2003 a la Mina Las Cruces un vertido tóxico de hasta 1.000 kilos anuales de metales pesados al río Guadalquivir a la altura de La Algaba. Este vertido tóxico, que todavía no está en funcionamiento, no cuenta con el necesario Estudio de Impacto Ambiental, y no se han valorado las repercusiones que pueden tener estos metales pesados como el mercurio, el cadmio o el arsénico sobre el ecosistema del estuario del Guadalquivir (clasificado como LIC), sobre los arrozales, las pesquerías y la salud de los ribereños.
  2. Contaminación del río Tinto. La corta de Cerro Colorado almacena más de 1.000.000 de m3 de residuos líquidos denominados “ácidos débiles” procedentes de Atlántic Copper, S.A. Estos residuos se están vertiendo continuamente al río Tinto, que se ha convertido en un vertedero industrial del Polo Químico de Huelva. De hecho, el pasado mes de mayo se hizo un vertido intencionado desde una de las balsas mineras al Tinto de más de 40.000 m3 de estos residuos.
  3. Abandono de la recuperación del río Guadaira. Desde que en 1994 el Parlamento andaluz aprobara la recuperación del Guadaira, los niveles de contaminación han seguido aumentando. Los vertidos industriales, urbanos y agrícolas mantienen al río en un estado de contaminación extrema y no se ha iniciado ninguna actuación de recuperación de riberas en los tramos alto y medio del río. Las partidas presupuestarias destinadas por la Junta para el próximo año 2007 para el Guadaíra no se corresponden con la gravedad del problema.
  4. Presa de Alcolea. La Junta de Andalucía ha firmado recientemente un acuerdo para construir esta presa en la confluencia de los ríos Odiel y Oraque. Afectará a varios espacios naturales protegidos, entre ellos las Marismas del Odiel. Embalsará aguas con una gran carga de metales pesados y promoverá un desarrollo de regadío insostenible en Huelva, beneficiando a regantes ilegales. No se ha explicado aún cómo se recuperará el coste de la inversión.
  5. Río Grande y Trevélez. En estos cursos fluviales se pretende construir un azud y una balsa respectivamente para garantizar el abastecimiento en las zonas del litoral de Málaga y Granada. Estas obras entran en clara contradicción con los objetivos de conservación de la Directiva Marco del Agua, que aspira a lograr en 2015 el buen estado de las aguas en la Unión Europea.
  6. Encauzamientos de cauces. La llamada “política de restauración de ríos” de la Junta sigue apostando por obras de ingeniería civil que obstaculizan la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Tal es el caso de los encauzamientos de los arroyos Prado Jurado, Calambuco y Merino, en Málaga o la Rambla del Águila, en Almería.