Critican la creación de una federación de parcelistas ilegales

Las construcciones ilegales consecuencia de infracciones administrativas graves y, en ocasiones, de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, supondrán a medio y largo plazo graves consecuencias económicas, en el caso de que se proceda a su legalización, de aquellas/os ciudadanas/os que son respetuosos con la legalidad vigente. Además de ello, el apoyo institucional a los parcelistas ilegales supone un agravio social respeto al resto de la ciudadanía que acata las normas, cumple con sus obligaciones y consecuentemente reivindica sus derechos, y no al contrario como pretende hacer la federación de parcelistas ilegales creada recientemente, exigir derechos sin cumplir con sus obligaciones, que entre otras, está la de no construir ilegalmente en zonas no urbanizables.

Es injustificable que los presuntos infractores y delincuentes urbanísticos realicen de manera encubierta una invocación del principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española), al exigir un trato igualitario y el derecho a recibir prestaciones de servicios públicos como los de abastecimiento de agua potable a domicilio, alcantarillado, recogida de basura, iluminación viaria, asfaltado de caminos que con frecuencia corresponde a caminos públicos, ya sean caminos vecinales o pecuarios, y otros que, aunque no tienen la condición de mínimos obligatorios, son de vital necesidad, como el suministro eléctrico o la telefonía móvil.

Frente a esta exigencia, a partir de ahora mediante una Federación de parcelistas, las Administraciones públicas y la sociedad en general, debemos recordarle a los impulsores e integrantes de la mencionada entidad asociativa que el principio de igualdad es un derecho ante la Ley. Es decir, no se puedo edificar en suelo no urbanizable a 10 kilómetros del núcleo de población principal, y pedir acto seguido prestaciones públicas. De acuerdo con este criterio, el supuesto de los residentes en parcelaciones ilegales no es comparable, en términos de igualdad, con el de las/os ciudadanas/os que, por haber cumplido con todos los requisitos, fundamentalmente cargas urbanísticas e hipotecarias, poseen un auténtico derecho subjetivo a las citadas prestaciones sociales.

Más claro aún para despistados/as intencionados/as e interesados/as: quien quiera derechos, que asuma sus obligaciones en tiempo y en forma.

Lo venimos denunciando desde hace 15 años. Las parcelaciones ilegales y las soluciones viables que ponen en marcha los partidos políticos están hipotecando, desde u sn punto de vista de la sostenibilidad, el futuro de nuestra ciudad. Esta lacra ambiental y social que representan las parcelaciones ilegales no sólo es consecuencia de un sistemático incumplimiento de la normativa vigente por parte de algunos propietarios, promotores y constructores, sino también omisiones vergonzantes por parte de los poderes públicos. Aquí ha fallado, fundamentalmente por intereses electoralistas, que se lo pregunte especialmente a Izquierda Unida, la formación política que más ha rentabilizado esta situación caótica, la planificación, la gestión y sobre todo la disciplina urbanística.

Desde Ecologistas en Acción entendemos que la única solución a las parcelaciones pasa por el derribo de todas las construcciones ilegales y la restauración del medio.

Por todo ello, exigimos a todas las Administraciones Públicas competentes que eviten las nuevas parcelaciones y apliquen sin reparo la legalidad vigente, incluido el Código Penal, para evitar el incumplimiento sistemático de las normas por parte de algunas/os ciudadanas/os que anteponiento su interés particular dilapidan tanto el patrimonio natural de todos y todas las/os cordobeses/as como la sostenibilidad social y ambiental a largo plazo de nuestra ciudad.