Desmantelamiento de instalaciones nucleares

Los problemas de una planta atómica no acaban con su parada.

Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 69.

La andadura de una instalación nuclear no acaba hasta que ha concluido su desmantelamiento, que suele ser caro, largo, complejo y, en ocasiones, accidentado. Por tanto, a la hora de evaluar los costes económicos, sociales y ambientales de la energía nuclear hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida. Y, en particular, hay que considerar las operaciones de desmantelamiento como las que se comentan en este artículo.

Los defensores de la energía nuclear a menudo pasan por alto la última fase de la vida de estas instalaciones: su complicado desmantelamiento. Esta fase corre a cargo de la empresa pública Enresa, cuya financiación se repercutía a los consumidores a través de un porcentaje entre el 0,7 y el 1,2% del recibo de la luz, hasta abril de 2005. Por tanto, todas las operaciones de desmantelamiento llevadas a cabo hasta hoy han sido pagadas por los ciudadanos, ya que no se ha desmantelado ninguna instalación con posterioridad a esa fecha.

Cuando se defiende la construcción de una instalación nuclear como elemento de progreso, también hay que tener en cuenta los años necesarios para que el territorio quede descontaminado y de libre uso tras el funcionamiento de la instalación. Y es algo muy relevante, puesto que el tiempo necesario para el desmantelamiento es similar al periodo de funcionamiento de las instalaciones.

Desmantelamiento de centrales

Tras el accidente de 1989, el desmantelamiento de Vandellós I comienza en 1991 junto con las tareas de acondicionamiento, a cargo de Hifrensa, la empresa propietaria. El coste de éstas, que ascendió a 26.790 millones de pesetas desde 1990 hasta 1996 estuvo sujeto a controversia pues Hifrensa los anotó como de operación y mantenimiento, con lo que se repercutieron sobre el precio del kWh. De esta forma, los consumidores pagaron a Hifrensa por sus incumplimientos. El Nivel I de desmantelamiento terminó en 1997 y en 1998 se transfirió la titularidad de la central a Enresa, con dos años de retraso, debido a la complejidad de la instalación y a la falta de experiencia. El coste total de las actividades de Enresa ascendió a 94,6 millones de euros.

En 1999 el CSN aprueba el Plan de Desmantelamiento de las Partes Activas y en 2000 se realiza el confinamiento y sellado del cajón del reactor. En este mismo año se producen el primer envío de residuos de baja y media actividad al cementerio de El Cabril y comienzan los trabajos para fabricar el cajón que albergará al reactor durante el periodo de latencia. Finalmente, en 2003 acaba el Nivel II de desmantelamiento, con otro año más de retraso respecto a lo previsto. Con éste se acumulaban ya 3 años de retraso en un proceso que debería haber durado 10. A partir de 2003 hay que esperar 30 años, los necesarios para que la radiactividad decaiga hasta niveles admisibles para terminar los trabajos.

Según un estudio realizado por la Universidad Rovira Virgili, los costes totales del accidente ascienden nada menos que a 378 millones de euros, teniendo en cuenta las anteriores Fases I y II del desmantelamiento y todos los impactos económicos.

Desmantelar Vandellós I fue muy complejo. Además de la situación en que se encontraba el reactor tras el accidente, Hifrensa había dejado caer por error dos elementos combustibles en el silo I en 1973, uno de los cuales se rompió y su extracción fue muy peligrosa. En el proceso se contaminaron dos trabajadores, hecho que fue silenciado durante varios meses por el CSN. En total participaron 2.700 personas en las operaciones.

El combustible gastado de Vandellós I, 1.914 toneladas residuos radiactivos de alta actividad, se trasladó a Francia en 1990 para ser reprocesado y extraer plutonio para las armas nucleares –está sometido a las salvaguardias del OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) por ser de uso militar–. El coste total de la gestión de esas sustancias ascendió a unos 570 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2010.

En abril de 2006 se produce la parada de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) y en 2009 Enresa toma la titularidad de la central y comienza su desmantelamiento, menos complejo que el de Vandellós I por la mayor simplicidad y el menor tamaño del reactor, además de que su combustible gastado no está sujeto a las salvaguardias del OIEA. Desde la paralización de Zorita hasta la entrada de Enresa en la central, Unión Fenosa, la empresa propietaria, construyó un Almacén Transitorio Individual (ATI) y llevó a cabo los trabajos de evacuación del combustible gastado desde la piscina al ATI.

Otras instalaciones del ciclo

Además de las centrales, el ciclo nuclear consta en España de instalaciones relacionadas con la minería del uranio, de las fábricas de concentrados y de las fábricas de combustible nuclear, sin olvidar el almacenamiento de residuos, aún no resuelto para los de alta actividad.

La planta Lobo G, situada en La Haba (Badajoz), estaba destinada a la fabricación de concentrados de uranio. Empezó su operación en 1977 y cesó sus actividades en 1990, por considerar Enusa (la empresa que suministra combustible nuclear a las centrales españolas) que estaba obsoleta. El desmantelamiento comienza en noviembre de 1995. Las obras de desmontaje y aislamiento de los estériles de la fábrica duraron hasta julio de 1997, cuando empezó el periodo obligatorio de 5 años de vigilancia y control para verificar las obras realizadas. Tras este periodo se procede a la restauración, que finaliza en agosto de 2004. Pero aquí no se acaba todo, puesto que se establece un programa de vigilancia y control a largo plazo del dique de estériles que, al igual que todas las operaciones de desmantelamiento, corre a cargo de Enresa.

Por su parte, la Planta Elefante de fabricación de concentrados de uranio, situada en Saelices el Chico (Salamanca), inicia su desmantelamiento en enero de 2001, lo que incluyó el acondicionamiento de los terrenos contaminados y de las eras, la demolición de las antiguas instalaciones y el vertido de los residuos y escombros generados por estas actividades en un recinto preparado al efecto. Estas tareas duraron hasta 2004, cuando también se concluyó la restauración del emplazamiento. Tras la restauración y la estabilización de los estériles, en 2006, comenzó el preceptivo periodo de vigilancia de 10 años antes de proceder a la clausura definitiva de la instalación.

Otro caso es el de la antigua fábrica de uranio de Andújar, que estuvo operativa entre 1959 y 1981. Sus trabajadores jubilados han experimentado en su salud los efectos de trabajar en malas condiciones de seguridad: el índice de cánceres entre este colectivo ha sido escandalosamente alto, sin que las autoridades lo hayan reconocido como enfermedad profesional. Las operaciones de desmantelamiento comienzan en febrero de 1991 y se dan por finalizadas en marzo de 1995. Después comienza el periodo de diez años para verificar la corrección de la restauración ejecutada. Pero al cabo de esos diez años, se verificó que los valores de concentración radiactiva eran demasiado altos, por lo que se han prorrogado las actividades de vigilancia.

Notas: Un tratamiento más amplio de este tema puede obtenerse de: Francisco Castejón, 2009: El desmantelamiento: la cara oculta de las nucleares, en Ecologista 62.




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