Ecologistas en Acción valora positivamente las modificaciones introducidas en el texto de Proyecto de Ley de Suelo que se tramita en el Senado. Actualmente la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción del patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico en el Estado español. Por ello, la organización lamenta la actitud de obstrucción constante que está manteniendo el Partido Popular a cualquier cambio en la situación urbanística actual.

La actividad urbanística lleva asociada una transformación del territorio prácticamente irreversible. Los fortísimos impactos ambientales y sociales derivados de una actividad urbanística moderada se ven incrementados ante situaciones de sobredimensionamiento de la construcción como el que estamos viviendo desde hace, al menos una década.

La Ley de 1998 sobre régimen del suelo y valoraciones da cobertura legal a casi cualquier transformación urbanística del territorio, esté o no justificada socialmente. Esta circunstancia ha favorecido que el urbanismo, en general, haya perdido su finalidad social y subordinación al interés general.

Ecologistas en Acción considera que el texto del Proyecto de Ley de Suelo que se tramita en el Senado contribuirá a frenar la escalada especulativa y de corrupción que invade gran parte de la actividad urbanística en el Estado español. Desde el punto de vista ambiental uno de los aspectos más relevantes es la recuperación del protagonismo del suelo que el texto denomina rural. A partir de ahora los instrumentos de ordenación deberán justificar la necesidad de transformar el suelo rural a urbanizado. El suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la urbanización. Este aspecto supone un cambio radical en la situación actual. La actual Ley de 1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, más conocida como la ley del todo urbanizable, ha demostrado su fracaso en la reducción del precio de la vivienda y sin embargo ha fomentado una situación de caos urbanístico que debe ser corregido.

Otros aspectos de la nueva Ley a resaltar son los nuevos criterios de valoración del suelo o la obligación de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos y de ordenación del territorio. Tan importante como estos resulta el hecho de que se intente incrementar la transparencia del procedimiento urbanístico sometiendo los convenios urbanísticos a información pública y dando un mayor protagonismo a la participación pública en todo el proceso urbanizador.

Muy positivamente se valora la enmienda introducida para impedir la reducción de la superficie de los espacios protegidos y de los espacios incluidos en la red Natura 2000. De esta forma se impedirán casos como los ocurridos durante la última legislatura en Murcia y Baleares, en los que se han desclasificado espacios protegidos para permitir su reclasificación y urbanización.

Ecologistas en Acción considera prioritario modificar el modelo urbanístico actual y las normas que están permitiendo la destrucción y el expolio natural y cultural de gran parte del territorio. Esta es una exigencia de buena parte de la ciudadanía que se pone de manifiesto con las constantes movilizaciones sociales que se vienen sucediendo durante los dos últimos años. Por ello, lamenta la oposición constante del Partido Popular al nuevo texto de Ley de Suelo.