Gasto militar en tiempos de crisis

La deuda contraída por Defensa supera los 30.000 millones de euros.

José Toribio, investigador antimilitarista. Revista El Ecologista nº 71.

El gasto militar es mucho más alto de lo que reflejan los presupuestos del Ministerio de Defensa, porque se camufla en muchas otras partidas, como las de I+D. A pesar de la crisis actual y de los recortes en partidas sociales, el gasto militar continúa siendo desmesurado. Sin ir más lejos, recientemente se han contratado y prorrogado carísimos sistemas de armas que, como reconocen en el Ministerio de Defensa, ni vamos a usar, ni tenemos dinero para pagarlos.

Este texto tiene el ánimo de debatir con algunas de las ideas y propuestas que el 15M ha hecho a lo largo de estos meses sobre el gasto militar del Estado español [1].

El pasado 13 de agosto El País publicaba una noticia de gran calado: “Defensa renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar”. La noticia dejaba perlas que había lanzado el secretario de Estado para la Defensa en la comisión del 6 de octubre de 2010: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Si esa aseveración ya merece un análisis con cierta profundidad pensemos qué merece esta otra: “Fuentes de dicho departamento [de Defensa] confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria […] Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo [la cursiva es mía; los 15.000 millones a los que se refiere son los créditos sin interés que ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas; el resto son las aportaciones que debe hacer Defensa por sí misma]”.

Durante años hemos clamado contra el gasto militar, contra la I+D militar y contra los grandes programas de armamento [2]. Respecto a estos últimos, hemos denunciado desde el inicio de su andadura, allá por 1998, que tarde o temprano nos íbamos a encontrar con esta situación.

¿Qué hacemos ahora? Un grupo de políticos, militares, banqueros y empresarios están barajando la posibilidad de condonar una deuda que ellos valoran en 26.000 millones de euros, pero que en realidad [2] es superior a los 30.000 millones.

Hipotecando el futuro

En 1998 el PP puso en marcha los programas que el PSOE continuaría después. Su mecanismo de financiación buscaba no contabilizar como gasto militar lo que a todas luces sí lo era. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los principales programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y primeras series de fabricación de diversos sistemas de armas:

- El Ministerio de Industria concedía anticipos reintegrables sin intereses a las empresas fabricantes.

- Con este dinero iniciaban la fase de desarrollo del producto y la fabricación de las primeras series y hacían entregas periódicas de los sistemas de armas al Ministerio de Defensa.

- Una vez Defensa recibía las armas, debía realizar los oportunos pagos a las empresas.

- Cuando las empresas hubieran recibido los pagos de Defensa le debían devolver a Industria aquellos anticipos originalmente recibidos.

¿Qué conclusiones podemos sacar de este entramado?

- Ocultación del gasto militar. Desde el principio se ha querido ocultar un enorme gasto militar mediante una ingeniería financiera que busca utilizar el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado para engordar unos presupuestos militares desorbitados. El gasto militar extiende sus garras en al menos 12 secciones de los Presupuestos Generales y el resultado final multiplica por 3 el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, lo que ronda los 26.000 millones de euros anuales.

- Hipotecando el futuro. Nuestros gobernantes pensaron que una buena forma de burlar las restricciones presupuestarias podía consistir en fiarnos dinero “internamente”. Así, se ha hipotecado a las generaciones de los próximos 40 años, adquiriendo unos compromisos de gasto mediante la compra de armamento “para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

- Apoyo al complejo militar-industrial. El llamado complejo militar-industrial español que a finales de los 80 estaba en pañales se ha convertido, a fuerza de talonario y mediante el apoyo a un reducido grupo de empresas, en una referencia que actualmente participa en consorcios internacionales de alto contenido industrial y tecnológico y que, de paso, ha convertido al Estado español en uno de los principales exportadores de armas a nivel mundial [3]. La pertenencia a la UE ha sido determinante para que nos hayamos metido en un berenjenal como este.

- Apoyo a la I+D militar en detrimento de la civil.

- El Estado regala dinero a las empresas de armamento. Se ha prestado dinero sin intereses a un reducido grupo de empresas en las que tarde o temprano han ocupado cargos directivos algunos de nuestros más preciados políticos. Gracias a que el Estado, a través de nuestros impuestos, ha regalado dinero a estas empresas, han podido crecer en activos inmateriales de forma ventajosa respecto al resto, lo que les servirá para aprovecharse de unos conocimientos que solo reportarán beneficios a sus accionistas, entre los que se encuentran los principales bancos [4].

- Sobrecostes de los grandes programas. Un efecto colateral de este sinsentido tiene que ver con que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su ciclo de vida puede llegar a superar en 3 veces su coste de adquisición. Si nos han costado más de 30.000 millones, el mantenimiento de los mismos podría consumir otros 90.000 millones más. El sostenimiento es una actividad altamente costosa cuya previsión de gasto debería haber sido incorporada en el momento en que se adquirieron estos sistemas.

- Más madera: en 2011 se han contratado y prorrogado más sistemas de armas. Pero como si estuviésemos hablando con una pared, durante 2011 el Consejo de Ministros autorizó un nuevo programa para construir 5 nuevos Buques de Acción Marítima; un contrato de modernización de los helicópteros AB-212, por un importe de 21 millones de euros; subscribió una tercera adenda al convenio de colaboración suscrito entre el extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología e Izar Construcciones Navales S. A. (hoy Navantia) para el desarrollo de los submarinos S-80; celebró un acuerdo marco y los contratos para la revisión del tercer escalón de la flota de doce aviones de transporte C-130 por un importe estimado de 22,5 millones de euros; autorizó la celebración del contrato para la reparación y revisión de motores correspondientes a los helicópteros Superpuma, Puma, Sikorsky y Colibrí por un valor estimado de 22,7 millones de euros; reguló la nueva aportación del Estado español a la financiación del avión de transporte militar A-400 M [5]; y siguiendo con los desmanes, aún están vigentes las ayudas que el Gobierno aprobó a finales de 2009, mediante el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico 2010-2014, para apoyar a este sector con medidas valoradas en 3.732 millones a través del programa 467C del Ministerio de Industria (Investigación y desarrollo tecnológico-industrial).

¿Qué hacer con la deuda?

Como decía al principio del texto, la situación es tan peliaguda que están valorando varias opciones. De hecho, esto no implica que vayan a apostar por una en detrimento de las otras. Podría darse la circunstancia de que las implementaran todas, según la coyuntura y según sus propias necesidades:

- Que se alarguen los calendarios de devoluciones.

- Que las devoluciones que efectúan las empresas al Tesoro Público, como pago por los anticipos del Ministerio de Industria, generen a su vez crédito en el Presupuesto del Ministerio de Defensa, concretamente en el capítulo 6 (inversiones reales, esto es, la principal dotación que Defensa tiene en los Presupuestos Generales del Estado para gastar en programas de armamento). Planean dejar vía libre a las empresas para que puedan exportar estos sistemas (y toda la I+D a ellos asociada) para recaudar el dinero prestado por Industria, y que cuando lo devuelvan –si lo hacen–, en vez de que pase a formar parte del Tesoro Público, se lo aporten al Ministerio de Defensa, a su capítulo 6 (inversiones), para que pueda seguir contratando nuevos programas de armamento.

- Que se cree, ad hoc, un organismo público con personalidad jurídica distinta de la Administración General del Estado para que asuma la deuda y que tenga más flexibilidad para su gestión. Esta es la típica cortina de humo: se crea un organismo para que gestione la deuda (con inversiones, compraventa de acciones y otras artimañas) para eliminar de un plumazo la deuda y para que el Ministerio de Defensa pueda seguir gastando en otros programas. Pasado un tiempo, si el organismo público no ha conseguido quitarse el muerto de encima, se elimina, y mañana paz y después gloria. Eso sí: la deuda aparentemente se ha desvanecido.

- Que se condone la deuda. No es la primera vez que ocurre (pensemos, por ejemplo, en la deuda de RTVE). Sin embargo, sí es la primera vez que se plantea abiertamente como una posibilidad. Curiosamente, no plantean condonar solo la parte del dinero que ha puesto Industria, sino todo, los más de 30.000 millones, esto es, también la parte que debería devolver el Ministerio de Defensa. Realmente, lo que están buscando es embarcarse en nuevos proyectos, y quieren hacerlo con las cuentas saneadas.

¿Hacia dónde van los tiros?

Nos esperan grandes –y graves– noticias en este ámbito en los próximos meses. Actualmente están inmersos en:

- Allanar el camino para que las “rigideces de los órganos administrativos” en lo que concierne a la certificación de las empresas, al impulso, apoyo, desarrollo y fomento a la exportación de armas no sea un obstáculo. Será “un modelo de exportación e internacionalización donde se recuperen las grandes inversiones públicas realizadas, donde se optimice la experiencia adquirida y en el que difícilmente tendrán cabida aquellos que no hayan aprovechado las oportunidades brindadas durante el largo proceso de modernización” [6]. Para ello se van a servir del SUPERCARI [7] (apoyo financiero del Ministerio de Industria, donde la financiación puede cubrir el 100% de la operación –en los créditos de la OCDE el máximo es del 85%–, mejores condiciones en el tipo de interés, en los plazos de amortización, etc.), de las opciones ofrecidas por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y de las ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

- Fusiones de empresas –adelgazar sus estructuras y concentrarse en las actividades con mayor valor añadido–. El presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, el ex ministro de Defensa, Julián García Vargas, señalaba en mayo de 2011 “su preocupación por no haber hecho las tareas de concentración industrial” que requiere el sector para poder competir con “los campeones nacionales de Italia, Francia y Reino Unido” [8].

- Nuevas contrataciones. Les preocupa que la demanda de más armas sea insuficiente para que la industria conserve sus capacidades. Las empresas tienen unos costes fijos de funcionamiento que no se pueden cubrir con una “baja demanda”, algo “especialmente negativo” para este sector donde las actividades de I+D son esenciales para mantener una posición competitiva en el mercado. La falta de demanda puede reducir peligrosamente el catálogo de productos que la industria puede ofrecer a posibles compradores. “Si esta situación se prolonga en exceso los daños al sector podrían llegar a ser prácticamente irreparables” [9]. Al parecer, no hay más salida que la huida hacia delante.

- Nuevos métodos y fórmulas de pago.

- Privatización de una parte de la Defensa, para dar entrada a las empresas de seguridad privada en contenciosos como la defensa de los atuneros (a finales de 2009, el Ejecutivo modificó la normativa para que las empresas de seguridad puedan “portar y usar armas de guerra y garantizar así la protección de personas y bienes” en buques de bandera española en aguas internacionales).


agosto de 2017 :

julio de 2017 | septiembre de 2017



Visitantes conectados: 599