Urbanizaciones en zonas forestales perjudican la lucha contra los incendios

La dispersión territorial con nuevas áreas residenciales en espacios forestales, incluido en algunos espacios naturales protegidos, está aumentado el grado de vulnerabilidad y de peligro sobre personas, bienes y medio ambiente. Además, con frecuencia, se convierte en un factor de distracción que favorece la propagación del fuego al concentrarse los medios de extinción en salvaguardad la integridad de las personas.

Los incendios forestales son uno de los principales problemas ambientales de nuestro país, ya que en los últimos 6 años el fuego ha arrasado aproximadamente 1 millón de hectáreas de cubierta vegetal, aproximadamente el 4% de la superficie forestal y el 2% de la superficie del país. El 70% de los incendios que se producen cada año en nuestro país, se producen en el noroeste peninsular, y es en esta zona donde se concentra más del 60% de la superficie forestal quemada en todo el país.

La principal causa que provoca los incendios forestales es la utilización del fuego en determinadas prácticas agrícolas y ganaderas que suman el 53,65% de todos los incendios forestales con causa conocida. Concretamente las quemas de restos agrícolas suponen el 31,75%, y las quemas de matorral para crear pastos el 21,9%.

El número de incendios forestales en nuestro país se viene incrementando drásticamente desde el inicio de los años 80, y aunque han aumentado los medios humanos y económicos para su extinción, no se han tomado las medidas necesarias para evitar que se produzcan. Por ello Ecologistas en Acción, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, inicia una campaña para reducir el número de incendios forestales y sus impactos económicos, sociales y ambientales, desde una mayor participación activa de la sociedad en la prevención y extinción de los mismos.

En Andalucía más del 30% de los incendios en el periodo 1996/2006 son intencionados, un 47%, un porcentaje elevadísimo, por negligencias, por prácticas de riesgo en el uso del fuego en el medio natural, y un 20% de siniestros procesados cuya causa no se consigue determinar.

En consecuencia, y considerando los datos mencionados en el párrafo anterior, parece evidente que se debe de realizar una adecuada regulación normativa de las prácticas de riesgo garantizando su aplicación. Igualmente es necesario reducir el porcentaje de incendios cuyo origen o motivación queda sin esclarecer.

En cuanto al grado de vulnerabilidad, el cual aumenta progresivamente debido a una cada vez más dispersión territorial de los asentamientos humanos y a la carencia de planes locales de emergencia por incendios forestales dotados y operativos, se deben de adoptar con absoluta determinación por parte de las Administraciones Públicas la restricción e incluso la prohibición de la construcción de nuevas áreas residenciales aisladas de los núcleos tradicionales de población en terrenos con una elevada carga forestal. Son precisamente los términos municipales con una amplia dispersión territorial, con presencia de parcelaciones y urbanizaciones legales e ilegales, las que presentan los índices más elevados de riesgo de frecuencia de incendio forestal, como es el caso de Córdoba (capital) o la localidad de San Roque, en Cádiz.

Estos incendios denominados interfaces, representa gran riesgo para la zona tanto por la constante construcción en zonas forestales, como por la sobrepoplación en la época estival.