Pedimos la dimisión del consejero de Medio Ambiente

En fechas pasadas los medios de comunicación se han hecho eco de las presiones y coacciones a las que se ve sometido el colectivo de agentes medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para impedir que puedan ejercer sus funciones como agentes de policía judicial en materia medioambiental, y presenten denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente directamente ante los Juzgados.

Según los agentes medioambientales, los Delegados Provinciales de la Consejería deciden de forma discrecional qué denuncias se tramitan o no, en función de que afecten a determinadas personas, organismos o instituciones. Los agentes medioambientales han denunciado públicamente que determinadas denuncias, sospechosamente, se “pierden o prescriben”, al no tramitarse adecuadamente los expedientes. Así, al menos en las Delegaciones Provinciales de Ciudad Real y Toledo se han paralizado diversas denuncias presentadas por los agentes frente a hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en materia de ordenación del territorio o contra el medio ambiente.

Recientemente, ha sucedido esto con una denuncia presentada por Ecologistas en Acción por un pre-sunto delito contra la ordenación del territorio que afecta directamente a una de las especies catalogadas en peligro de extinción, para la que la propia Junta de Comunidades ha establecido un Plan de Recuperación. En otro caso en Toledo, denunciado públicamente por los agentes, las reiteradas denuncias presentadas en vía administrativa por vertidos directos a los ríos no han tenido ningún efecto, continuando los infractores con su actividad ante la pasividad de la Administración.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real considera que estas actuaciones de los Delegados Provinciales en contra de la actuación profesional de los agentes medioambientales, así como la discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, en la tramitación de las denuncias, son en el fondo indicativas del escaso interés de la Consejería en ejercer con rigor las competencias que legalmente tiene asignadas, perjudicando con ello en última instancia la protección del medio ambiente de nuestra Región. En este sentido, pedimos que estos hechos sean investigados y se depuren en su caso las responsabilidades oportunas.

Por ello, ante estos hechos realmente graves, consideramos que es el momento de pedir el cese del actual Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, D. José Luis Martínez Guijarro, ya que las actuaciones de los diversos Delegados Provinciales obedecen, sin duda, a la política dictada desde la Consejería, que en su gestión ha dado muestras más que suficientes de supeditar el estricto cumplimiento de la Ley en materia ambiental a los intereses de otros colectivos y grupos de presión que propugnan unas políticas desarrollistas, claramente insostenibles y contrarias a la protección de nuestros recursos naturales. Aunque la proximidad de las elecciones quizás reste eficacia al cese o la dimisión correspondiente, consideramos que sentaría un precedente óptimo para entender que este tipo de conductas no se repetirán en la próxima legislatura.