Durante este fin de semana, cerca de un centenar de expertos han debatido sobre la corrupción urbanística en las II Jornadas sobre Delincuencia Urbanística organizadas por Ecologistas en Acción. Los expertos coinciden en la necesidad de adaptar la normativa penal a este nuevo tipo de delincuencia asociado a importantes tramas de corrupción y blanqueo de dinero. Las paralizaciones cautelares y la demolición de construcciones ilegales se consideran imprescindibles como mecanismo disuasorio.
Fiscales, jueces, abogados, agentes forestales y guardia civil han intervenido en las II Jornadas sobre Delincuencia Urbanística organizadas por Ecologistas en Acción. De las diferentes intervenciones se concluye que la complejidad de las tramas que se esconden tras la actividad urbanística ilícita dificulta enormemente su investigación. En parte se ha llegado a esta situación porque no funcionan los mecanismos de prevención, bien por falta de medios, bien por implicación con la actividad ilícita (servicios de inspección y de disciplina urbanística de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, etc). Para frenar esta tendencia es necesario poner en marcha mecanismos disuasorios y que impidan la ejecución de proyectos que dejan sin valor las sentencias posteriores, aunque anulen dichos proyectos. En este sentido la demolición de las construcciones ilegales y las paralizaciones cautelares son imprescindibles.
A pesar de que existen actuaciones ilegales puntuales como construcciones aisladas en suelo protegido, estas no son el peligro principal. El grave problema son las grandes proyectos modelo “resort”promovidos por grandes empresas constructoras que cuentan con las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes. Estos transforman el paisaje, destruyen el territorio y crean ciudades que nada tienen que ver con la cultura y arquitectura tradicional.
En estos grandes proyectos, en ocasiones, la complicidad de las administraciones locales y autonómicas dificultan la actuación penal, dado que los proyectos han superado todo un procedimiento reglado. Sin embargo, las licencias, informes favorables, etc se conceden de forma irregular y forzando la interpretación de las diferentes normativas urbanísticas y ambientales.
Ante esta situación el Código Penal se manifiesta claramente insuficiente y requiere ser actualizado a una realidad compleja y a una sofisticada delincuencia.
Los expertos valoraron positivos los avances producidos en los últimos años como la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, la nueva Ley de Suelo, las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas en las que se requieren informes de las Confederaciones Hidrográficas, la Ley de Evaluación de Planes y Programas, la Ley de acceso a la información y a la justicia.
A pesar de ello y para que estas leyes tengan una aplicación real sobre el terreno se requiere más medios económicos para crear fiscalías de medio ambiente en todas las provincias. Al frente de ellas, debería haber, al menos, un fiscal especializado y con dedicación exclusiva. Este número debería incrementarse en las zonas con mayor población y más actividad urbanística. Igualmente se requiere una mayor formación, en la materia, de jueces y tribunales.
