Rio+20

Del desarrollo sostenible a la economía verde.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 71.

La próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible tendrá lugar 20 años después y en el mismo lugar que la importante Cumbre la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Pero en estas dos décadas no hemos mejorado: la situación ambiental del planeta es mucho más insostenible y el reparto de los recursos más desigual. Uno de los temas centrales de la Cumbre será la potenciación de la economía verde en un intento de continuar con el crecimiento económico, dejando de lado la imprescindible reducción del uso de recursos naturales y su reparto equitativo, como se demanda desde el ecologismo social.

Del 20 al 22 de junio de 2012 se celebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro (Brasil) [1]. Popularmente conocido como Río + 20, este encuentro tiene lugar veinte años después de la conocida Cumbre de la Tierra celebrada en la misma ciudad, por lo que indefectiblemente lleva una carga de simbología y expectativas.

Pero, ¿hemos aprendido algo?, ¿cabe tener esperanzas en este nuevo encuentro de los líderes mundiales? El informe Brundtland [2], que sentó las bases para Río 92, inventó el concepto de desarrollo sostenible, como la fórmula mágica a seguir para resolver el lamentable panorama ambiental y social que acababa de diagnosticar. La definición inicial, “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”, sonaba bastante cuerda. Pero el mecanismo propuesto para conseguirlo era más crecimiento, ignorando que este estaba en la raíz del problema. Se asimilaba así crecimiento a desarrollo, el cual debía solventar el problema de la pobreza, y se fiaba la parte sostenible del término a las mejoras tecnológicas, que permitirían en el futuro producir menores impactos. A partir de ahí el término en cuestión fue absorbido por corporaciones e instituciones, que lo planteaban en términos de equidistancia económica, ambiental y social, en una suerte de cuadratura del círculo meramente teórica, ya que el primero de estos elementos seguía marcando la pauta.

De la Cumbre de Río 92 nacieron multitud de acuerdos importantes, como la Convención sobre el Clima, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Comisión para el Desarrollo Sostenible, el Principio de Precaución, una larga y ambiciosa lista de promesas conocida como Programa 21, la Declaración sobre los Bosques, etc. Sobra por otra parte decir que en estos 20 años el crecimiento ha sido nuestro credo.

Hoy el diagnóstico ambiental es, sin embargo, peor que ayer. A finales de septiembre quienes habitamos la Tierra ya habíamos consumido el total de recursos disponibles para este año, por lo que hasta finales de 2011 viviremos a crédito del planeta [3]. Paralelamente, el hambre, la reducción de la pobreza o el acceso a recursos básicos como el agua potable siguen siendo problemas irresueltos.

Hoja de ruta hasta Río+20

La Conferencia se plantea los objetivos de garantizar la renovación de los compromisos políticos con el desarrollo sostenible, evaluar los avances hacia los objetivos acordados a nivel internacional sobre el desarrollo sostenible y destacar los desafíos nuevos y emergentes. Sin embargo, más allá de esta dimensión obligada de evaluación y compromiso, los ejes específicos que centrarán esta conferencia serán dos: la “economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible”, y el “marco institucional del desarrollo sostenible”.

El camino hasta Río+20 presenta algunas oportunidades para la participación. Al igual que el resto de los nueve “Grupos Principales” identificados en la Agenda 21, el de las ONG designa uno o varios Organizing partners (socios organizadores) que deben canalizar la contribución de las distintas organizaciones de todo el mundo al evento. Para esta conferencia uno de estos socios en el Grupo de ONG es la Northern Alliance for Sustainability (ANPED) [4], de la que Ecologistas en Acción forma parte. Aunque ha existido la posibilidad de que cualquier ONG o persona individual contribuya al Borrador Cero oficial de la Conferencia (Zero Draft), la vía más efectiva de intentar influir el proceso oficial es a través de estas organizaciones que lideran la respuesta de la sociedad civil.

Dentro de este proceso, en septiembre de 2011 tuvo lugar en Bonn (Alemania) una gran conferencia abierta a todas las ONG que pretendía marcar una serie de objetivos para llevar a Río+20. De ahí salió una larga declaración [5] que servirá de contribución al proceso, y que aparte de identificar acertadamente al sistema económico como el causante del deterioro social y ambiental, aterriza 17 propuestas de objetivos concretos, denominados los Objetivos del Desarrollo Sostenible, algunos más ambiciosos que otros, reclamando que sean adoptados en el Borrador Cero.

Entre ellos podemos destacar el de conseguir, antes de 2030, una transición global de la agricultura industrial a una agricultura local y sostenible. Este objetivo está en línea con una de las demandas que se están articulando en la fase preparatoria de la conferencia al margen del proceso oficial. Una amplia coalición de organizaciones de todo el mundo ha elaborado el manifiesto Time to Act [6] que propone situar la agricultura en el centro del debate de Río + 20. El escrito identifica la agricultura industrial como uno de los principales responsables de la crisis ambiental y social y propone la agricultura sostenible de pequeña escala (productora del 70% de los alimentos actualmente) como elemento esencial para combatir el calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad, la degradación de los suelos, etc. Al mismo tiempo identifica este tipo de agricultura (incluyendo la agroecología) como la fórmula para erradicar gran parte del hambre y la pobreza, por su potencial para aumentar la capacidad de producción de alimentos de calidad, garantizando la soberanía alimentaria, dotando de poder a los campesinos y reconociendo el papel de la mujer.

Llamativo también por su enfoque es otro de los objetivos, que llama a establecer para el periodo 2012-2020 unos Objetivos de Consumo del Milenio. Según los promotores de esta idea, el propósito es avanzar hacia unas pautas de consumo más sostenibles por parte de los ricos del mundo, que conduzca a una reducción de la presión sobre los recursos permitiendo liberar una parte de ellos para aliviar la situación de pobreza de aquellos que no tienen acceso a los mismos, asegurando así la equidad intra e intergeneracional [7]. Si damos por válido este enfoque sobre el consumo, es indudable que una igualdad de oportunidades para consumir conllevará, en aras de esta equidad social, un decrecimiento en el consumo de las economías ricas y un mayor acceso a los recursos de los países empobrecidos.

¿Razones para el optimismo? La economía verde

A pesar de las esperanzas depositadas por muchos sectores de la sociedad en esta conferencia, las señales hasta ahora no son nada halagüeñas. Por un lado, las ONG más implicadas en el proceso denuncian una clara falta de compromiso hasta la fecha por parte de la mayoría de los gobiernos hacia el evento de Río+20.

Por otro lado, lo que hay sobre la mesa no deja lugar a muchas interpretaciones. La economía verde indudablemente será el asunto estrella de la conferencia. Si bien el término desarrollo sostenible adolecía de una ambigüedad que permitía albergar la esperanza de algo bueno, la nueva dialéctica tiene el valor de ser más clara y llamar a menos engaño. Se trata de hacer negocio con lo verde. Y en contra de lo que defiende la línea dominante, que opone que se trata de la alternativa sostenible al business as usual, es necesario decir de forma clara que se trata precisamente de hacer negocios como siempre, aunque estos sean verdes.

Frente al desastre ambiental provocado por una carrera alocada de crecimiento, que exige producir y consumir cada vez más, competir por nuevos recursos, y hacerlo con el menor coste, se nos plantea una salida económica que busca tras la crisis la reactivación de ese crecimiento, basándonos en las soluciones tecnológicas verdes –que en gran medida prometen solucionar esos males ambientales y sociales creados–, en la privatización del bien común y en las medidas de mercado.

Entre estas soluciones tecnológicas encontraremos seguramente más transgénicos y más biocombustibles (de cuyos efectos negativos ya hay bastante evidencia) y toda una serie de prometedores apaños de final de tubería como el secuestro de carbono, u otros aportados por la biología sintética, la nanotecnología, o la geoingeniería, donde el principio de precaución es barrido en nombre del progreso científico, la necesidad urgente de soluciones, o el brillo de nuevos dividendos.

Ninguna señal aparece en los discursos oficiales de que se haya llegado a la clarividente conclusión de que tenemos que iniciar un viaje colectivo desde la eficiencia a la suficiencia. Hasta ahora las soluciones tecnológicas y basadas en la eficiencia no han demostrado poder conducir a la drástica reducción en el uso global de recursos y la generación de residuos, que nos permita vivir dentro de los límites del planeta.

Contracción y convergencia

Y ello a pesar de que, desde ciertos estamentos, ya se están empezando a lanzar mensajes en ese sentido. Es revelador uno de los últimos informes del propio Panel Internacional de Recursos, dependiente del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre el tan cacareado desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de recursos [8]. El informe, que cuestiona el PIB como indicador, plantea tres escenarios en relación al uso futuro de recursos. El escenario más radical, llamado de “fuerte contracción y convergencia”, plantea que la extracción global de recursos en 2050 vuelva a los niveles globales de 2000 pero con un reparto planetario donde todo el mundo consuma lo mismo, lo que obligaría a los países ricos a reducir su consumo per cápita alrededor de un 66-80%, pero también obliga a los países que en 2000 se clasificaban con “en desarrollo” a reducciones que rondan el 10-20%.

Es difícil imaginar que este escenario drástico, que aún así apenas implica reducir el uso de recursos sobre lo que consumimos hoy en términos globales (a pesar de que desde hace 3 décadas vivimos por encima de los límites del planeta), pueda conseguirse solo mediante desacoplamiento y eficiencia. Parece inexorable que esa contracción en el uso de recursos deberá ser también una contracción del crecimiento económico, si queremos realmente converger y alcanzar esa equidad social.

El debate sobre economía verde dejará previsiblemente de lado multitud de elementos como el aumento en los precios de los alimentos, el acaparamiento de tierras, la contaminación de la atmósfera... Negocios como siempre, en una nueva fase de la economía capitalista que busca filón en la privatización y financiarización de los recursos y de la naturaleza. Un filón de ambientalismo de mercado, abrazado por una parte visible de la comunidad de ONG. La coalición Green Economy Coalition [9], que reúne a ONG, sindicatos y empresas, conformada como grupo de presión de cara a Río+20, aclara que dicha economía verde debe operar dentro de los límites de los ecosistemas, pero propone herramientas como el crecimiento verde, invertir en el capital natural (poner valor económico a la naturaleza) creando incentivos a las empresas para innovación, etc.

Por el contrario, una economía verde real debe ser una economía ecológica. Que sirva a las personas y no al beneficio. Que opere a nivel local. Que fomente los circuitos cortos de comercialización. Que cierre los ciclos de los materiales. Que reduzca drásticamente el consumo absoluto de recursos y energía. Que sea eminentemente solar. Que contemple los cuidados. Que se base en la agroecología. Que traiga justicia e igualdad social así como igualdad de género. Que proteja los ecosistemas. Que respete los derechos y culturas, los lenguajes y conocimientos de las comunidades indígenas y locales.

Estos mensajes no son centrales en los discursos de estas alianzas, ni por supuesto están en los discursos oficiales. Desde las economías del Norte se pondrán sobre la mesa de Río+20 estrategias que busquen, a través de la eficiencia y una economía supuestamente baja en carbono, garantizar el crecimiento y el empleo. Todo apunta a que la Iniciativa Emblemática Una Europa que utilice eficazmente los recursos [10] de la Comisión Europea, o la Estrategia Hacia un Crecimiento Verde [11] de la OCDE estarán entre estas contribuciones. Está por ver si las economías del Sur alzan la voz frente a esta nueva fase del capitalismo que busca mercantilizar lo que queda.

Pocas razones por tanto para la esperanza, teniendo en cuenta además que, dado el escaso tiempo de que dispone la humanidad para evitar puntos de no retorno en los planos climático y ambiental, no podremos permitirnos un Río+40.

La gobernanza del desarrollo sostenible

Si bien en el tema de la economía verde resulta más previsible por donde pueden ir los tiros, está menos claro qué derroteros puede tomar la segunda pata de la conferencia, que hace referencia al marco institucional del desarrollo sostenible.

No hay una postura oficial definida aún, pero hay varias ideas sobre la mesa, al menos en relación a la gobernanza internacional. Entre las propuestas más destacadas, se ha sugerido la reconversión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, actualmente bajo el mandato del Consejo Económico y Social, en una institución propia de Naciones Unidas, con lo que pasaría a depender directamente de la Asamblea General.

También cobra fuerza la propuesta de elevar el PNUMA a la categoría de agencia especializada de la ONU, así como el establecimiento de una red internacional de agencias de protección ambiental que dependerían directamente de este reformado organismo.

Desde las ONG no hay muchas propuestas en relación a este tema, aunque cabe destacar la proposición realizada por ANPED de elevar el Panel Internacional de los Recursos, para que sea equiparable en operatividad y mandato al IPCC del clima. Esto podría tener consecuencias positivas a la hora de conocer mejor los flujos de recursos y establecer hojas de ruta y planes de reducción en su uso por parte de los diferentes países.

Sería al menos deseable que esta reestructuración conduzca a una mayor toma de poder por parte de la sociedad civil.