Situación socioambiental en Cataluña

Desmantelando los derechos sociales, mientras se avanza en políticas insostenibles.

Ecologistes en Acció de Catalunya. Revista El Ecologista nº 71.

Cataluña ha pasado en pocos años de ser un territorio con una legislación y gestión ambiental avanzada a tener graves carencias en estos mismos ámbitos. En el artículo se repasan algunos de los sectores más relevantes, remarcando las sinergias entre las políticas que recortan derechos sociales y las que esquilman el patrimonio natural.

En nuestro país la situación se ha polarizado enormemente en este último año. Por un lado, el nuevo Gobierno presidido por el conservador Convergència i Unió no ha tardado en mostrar sus cartas a favor de privatizar servicios y desmantelar derechos sociales y laborales con la excusa de resolver la crisis, avanzándose incluso a los planes estatales forzados por el FMI y la Sra. Merkel. La explosión del malestar y crítica al Gobierno, a la falsa democracia y a la avaricia de bancos y empresarios se ha empezado a oír en las plazas con gran participación ciudadana y diálogo entre distintos actores. La movilización, debate, autoorganización y análisis de alternativas proliferan en barrios y pueblos. Vientos de resistencia, desobediencia y rebelión soplan fuertes. Las redes no sólo informan, también movilizan y desarrollan análisis, debates, alternativas...

Aunque los ataques a la salud y enseñanza públicas, a la renta mínima de inserción y los dramáticos desahucios de afectados por hipotecas han sido más visibles y han tenido una respuesta más compartida por la ciudadanía, también han sido contestados los recortes que afectan a otros sectores públicos como guarderías, ayudas a la dependencia, residencias de ancianos, invisibilidad del trabajo no económico de las mujeres, etc.

Y en línea con esta ideología neoliberal, el medio ambiente se presenta como otra de las grandes víctimas. El nuevo Gobierno necesitó tan sólo tres días para suprimir la Conselleria de Medi Ambient, cuyas competencias han quedado desmembradas entre Agricultura y Política Territorial. Un signo claro de retroceso al viejo modelo de otorgar un papel secundario a las políticas ambientales, considerando la naturaleza como recurso inagotable para explotar sus materias primas y como territorio a urbanizar y degradar en función de actividades insostenibles económica, social y ambientalmente.

Ley Ómnibus

En junio y con carácter de urgencia, el Gobierno presentaba la llamada ley Ómnibus que supone la derogación de 80 leyes, cuya finalidad, dicen, es: “la simplificación, agilización y reestructuración administrativa […] para favorecer la competitividad y productividad en el ámbito económico”. Concretamente y en el ámbito ambiental, las reformas afectan a más de 20 normativas de residuos, agua, prevención y control ambiental y protección de los animales. La orientación política es muy clara, facilitar la actividad empresarial sin menoscabo de los costes económicos, sociales y ambientales que pueda ocasionar. Así:

  • Se elimina o minimiza la participación y control social en órganos de la Administración pública, como son los Consejos de Prevención, Asesores, Rectores, con representación de trabajadores, entidades ambientales y ciudadanas.
  • Rebajas al control ambiental y a la necesidad de realizar evaluación de impacto ambiental previo para actividades potencialmente contaminantes o de impacto irreversible, como los planeamientos urbanísticos, grandes infraestructuras, centros de recogida y tratamiento de residuos o de ganadería intensiva porcina. Mayor permisividad también para actividades de elevada incidencia ambiental que se desclasifican o recalifican. En el caso de los residuos industriales y domésticos, se reduce el control y responsabilidad para operadores y transportistas para los que sustituye la autorización de la Agencia de Residuos por una comunicación, sin control ni registro, tanto para los residuos en general como para los especiales, que pasan a ser considerados como “actividades de servicios” sin identificación, caracterización y prevención. Reducción del tiempo de declaración de un suelo contaminado, beneficiando a quien contamina.
  • Desregulación de medidas de protección del medio natural como el acceso motorizado al espacios naturales o la autorización de la captura en vivo, cría en cautividad y exhibición de ciertas aves hasta ahora protegidas (pinzones, jilgueros, verderones y pardillos, para los que se autoriza captura en vivo).
  • Abandono del carácter preferente de la Generalitat en la adquisición de tierras en la ley de contratos de cultivo. Dilapidando la posibilidad de tener una reserva de espacios agrarios de buenas prácticas agroecológicas que jueguen un papel significativo en la biodiversidad.
  • Modificación de atribuciones de la Empresa Pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) como primer paso para privatizar sus instalaciones y funciones de saneamiento y distribución en alta, como veremos a continuación.

Por las venas del capital circula agua

Los procesos de mercantilización del agua se vienen dando por dos vías: la privatización de las empresas públicas de distribución y los trasvases del Ebro hacia Castellón-Valencia y Barcelona, que los gobiernos vienen camuflando como falsos regadíos con la construcción de los canales Xerta-Sènia y Segarra-Garrigues.

La distribución en baja (desde los depósitos municipales a las casas) del 80% de la población catalana ya está prácticamente controlada por la multinacional francesa SUEZ Environnement, propietaria de Agbar (empresa privada Aguas de Barcelona) y Sorea.

Con la ley Ómnibus, se elimina la actual empresa pública de abastecimiento en alta (desde la captación hasta el depósito municipal) que queda fusionada con la Agencia Catalana del Agua, abriendo el camino hacia la externalización de servicios al sector privado. Se eliminan además los consejos de cuenca, que permitían cumplir con las exigencias de transparencia y participación que exige la Directiva Marco del Agua.

Si consiguen cerrar el ciclo de privatización del agua, la ciudadanía perdería el acceso a la información relevante sobre la calidad del servicio, el interés social para ahorrar este recurso ecosistémico indispensable para la vida y la convicción de pagar una tarifa equitativa que sirviese para mejorar y mantener las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En caso de que el agua se llegara a gestionar de forma privada siguiendo criterios económicos y de beneficios para los accionistas, tampoco quedaría inmune la Agencia Catalana del Agua, ni el Plan Hidrológico de Cataluña, el único plan de gestión en España que cumple con la legislación vigente en la UE. Del proceso de participación pública que se desarrolló en Cataluña con la conformación de los consejos de cuenca ya solo queda el recuerdo y el Consejo para el Uso Sostenible del Agua no se ha vuelto a reunir con el nuevo Gobierno.

En relación al río Ebro, el Gobierno español viene incumpliendo desde hace más de dos años el Plan de Cuenca, obligatorio por la Directiva Marco de Agua, y que debería establecer un régimen mínimo de caudales ambientales con el objetivo de salvaguardar sus frágiles ecosistemas. Este régimen mínimo fue calculado científicamente en 2008, aceptado por todas las partes y aprobado dos veces por el Parlamento catalán. No sólo se está incumpliendo dicho Plan sino que, además, se siguen autorizando más usos de las aguas del Ebro con los transvases en marcha, aumentado la presión por encima de las capacidades de carga. Y no queda descartada la realización de transvases transnacionales a futuro, como el del Ródano que CiU sigue manteniendo en su programa y que facilitaría a SUEZ o Veolia vender más agua al sur.

Esta codicia hídrica es obvio que tampoco velará por la protección de la calidad de las masas de agua, comprometiendo el futuro y mermando las posibilidades de adaptación a las variaciones climáticas.

Avances en la gestión de residuos domésticos

La generación de basura doméstica en 2010 fue de 1,5 kg por persona y día, de la cual un 40% se recogió de forma selectiva. Esto supone un avance de 4 puntos respecto al año anterior, gracias a la recogida de la fracción orgánica en Barcelona y otras ciudades. En los resultados influye la implantación del sistema de recogida puerta a puerta en casi un centenar de municipios, sistema que ha demostrado ser el más eficiente, porque permite controlar en origen la correcta separación de las distintas fracciones.

El área de residuos de Ecologistes en Acció de Catalunya aplaude las mejoras en la gestión de los residuos municipales, pero al mismo tiempo llama la atención sobre la importancia de ampliarla con una buena política de prevención y reducción, fundamental para seguir cosechando éxitos.

A pesar del avance señalado, todavía quedan problemas relevantes por resolver. Una parte importante del resto se incinera, tanto en las plantas convencionales como en cementeras y térmicas, con el consiguiente despilfarro de recursos, problemas de contaminación atmosférica, contaminación de aguas y suelo. Sin olvidar el nulo acceso de la ciudadanía a su control. Así mismo siguen sin resolverse los problemas ocasionados por los tradicionales vertederos periurbanos que se colmatan de residuos de toda índole sin que las administraciones lo impidan.

Se necesita una gestión racional del medio marino

Aunque muchas de las competencias en materia de pesca dependen directamente del Estado, la Generalitat no está dando apoyo a la flota artesanal sostenible que practica la pesca de bajo impacto. Más del 80% de las reservas pesqueras europeas están sobreexplotadas y tanto el desembarco de capturas como el número de pescadores no cesan de caer. Mientras que la Administración continúa apoyando el modelo industrial, las granjas de engorde de atún y la acuicultura intensiva, la biodiversidad y los recursos pesqueros están cada vez más afectados y la pesca tradicional más cerca de la extinción.

La protección del medio marino está lejos de una gestión efectiva. Hay que crear nuevas áreas marinas protegidas y conservar las ya existentes, como la de Ses Negres, clasificada como Reserva Marina Integral por la Generalitat, pero desde hace años está sin vigilancia ni seguimiento. La Administración tampoco está realizando los planes de gestión para ampliar la Red Natura 2000 marina, ignorando los procesos participativos de pescadores artesanales y otros sectores que voluntariamente han trabajado en su elaboración, como en las Costes de Garraf donde, tras varias reuniones, la Administración continúa sin responder a las demandas para una mejor gestión del litoral.

La urbanización, contaminación de origen urbano e industrial y el impacto de los puertos han llevado al litoral a una situación crítica que ha ocasionado que en el informe Banderas Negras de 2011 se otorgaran 23 de estas banderas a Girona, 50 a Barcelona y 41 a Tarragona, por actuaciones que han robado incluso el paisaje tradicional de la costa, como en el caso del Hotel Vela en Barcelona o la Urbanización Marina d’Empuriabrava.

En Tarragona el medio marino sigue especialmente afectado por la contaminación de la Petroquímica, la nuclear de Vandellós y las actividades de la plataforma de Repsol. Esta última acumula ya varias fugas de petróleo al mar y, además, tiene planes de perforación del fondo marino para abrir nuevos pozos en esta zona, de especial sensibilidad y riqueza biológica, lo que generaría un gran impacto ambiental.

Naturaleza acorralada…

La situación del medio natural podría ser peor, sin duda. Pero es difícil de comprender el estancamiento y retroceso producido en las políticas de ordenación y conservación del territorio en Cataluña, que en los años 80 fue pionera en la declaración de parques naturales, en la aprobación de una Ley de Espacios Naturales (1985) avanzada para la época, de una Ley de protección de los animales (1988) o en el desarrollo de una red básica de protección preventiva del territorio (PEIN, 1992).

La Red Natura 2000 fue aprobada pero sigue estancada y no se ha declarado ni una Zona Especial de Conservación, incumpliendo las obligaciones legales europeas. Las dos redes de parques naturales de Cataluña (Generalitat y Diputación de Barcelona) pese al ligero incremento en el número y superficie de parques, están sufriendo una continua reducción de recursos económicos y humanos, que precariza aún más su capacidad de actuación.

No existe un Catálogo de fauna amenazada protegida, y ello pese al ingente trabajo de investigación y conservación de numerosos grupos taxonómicos (especialmente vertebrados) que llevan a cabo universidades, voluntariado y técnicos de la Administración. Los pocos planes de recuperación de fauna están cojos y sin base legal firme, y la inmensa mayoría de especies animales amenazadas quedan desprotegidas legalmente. El Catálogo de flora, paradójicamente, sí fue aprobado en 2008, pero adolece de lagunas importantes y los recursos disponibles son meramente testimoniales, por lo que es casi una utopía esperar que se desarrollen planes de protección o de recuperación.

Por otro lado, continúan en un limbo desconocido el Plan Sectorial de Conectores Ecológicos y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aunque existen borradores muy desarrollados.

… territorio descuartizado

Mientras se retrocede en protección del medio natural, en los últimos años ha habido un gran impulso a los planes de ordenación territorial con una clara vocación de impulso a infraestructuras y desarrollo urbanístico. El Plan de Infraestructuras del Transporte apuesta por un modelo bien conocido: más autovías, autopistas, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad. Se reconoce el despilfarro en infraestructuras y equipamientos pero se sigue apostando por el Cuarto Cinturón de Barcelona y el desdoblamiento de la AP-7.

El boom inmobiliario de la última década –zonas urbanas, polígonos industriales, macrocentros comerciales, infraestructuras logísticas y de transporte– se ha cobrado 4,7 hectáreas por día (básicamente agrícolas y forestales). Esta apuesta contundente por el hormigón y el asfalto, a la postre, se ha demostrado ruinosa para la economía y el medio ambiente. La única satisfacción fue ver como se aprobaba un Plan Director Urbanístico del Sistema Costero que establecía unos criterios y normas de obligado cumplimiento para salvar lo que queda sin devastar en la costa catalana.

Modelo energético dependiente e insostenible

Cataluña sigue manteniendo una situación energética insostenible y temeraria, con una consciente ignorancia del cambio climático, del fin de los combustibles fósiles de fácil extracción y del riesgo más que demostrado que suponen las nucleares.

Los tres reactores nucleares, con una potencia nominal de 3.146 MW, hacen de Cataluña uno de los países más nuclearizados del mundo. La central de Ascó cuya licencia de actividad caducaba en octubre, ha contado con el visto bueno del Gobierno central para alargar su vida. El cementerio de residuos nucleares, propuesto también en tierras del Ebro, ha pasado el trámite formal de evaluación ambiental. Los planes para reducir los gases de efecto invernadero siguen sin desarrollarse a nivel local, mientras se sigue mercadeando con derechos de emisión con los países pobres.

Desde el verano se han inaugurado en la Región Metropolitana de Barcelona dos nuevas plantas térmicas de ciclo combinado (con lo que ya sumamos casi 6.000 MW). En la Costa Daurada, Repsol-YPF tiene varios pozos de extracción de crudo de la Plataforma Casablanca que provocan continuos vertidos, junto a las emisiones de su Refinería en Tarragona. Problemas que podrían agravarse todavía más si se conceden los permisos de explotación de dos nuevos pozos, cuya solicitud está en curso.

Sobre las energías renovables, la tradicional generación hidroeléctrica, con una producción irregular y escasa, mantiene a los ríos secuestrados por las compañías eléctricas, sin cumplir con el caudal ecológico.

Respecto a las nuevas renovables (eólica, solar y biomasa), aunque Cataluña fue pionera con la construcción de la primera instalación eólica española en Vilopriu (Baix Empordà, 1984), ahora sufre un retraso histórico por la falta de pedagogía, transparencia y rigor ambiental –como demuestra el concurso de las Zonas de Desarrollo Prioritario paralizado judicialmente por no realizarse la pertinente Evaluación Ambiental Estratégica– que han suscitado el rechazo a muchos proyectos eólicos. A pesar de ello, recientemente se ha inaugurado en Les Borges Blanques (Lleida) la primera planta termosolar de Cataluña, con alimentación auxiliar de biomasa.

En este momento, la Generalitat esta redactando el nuevo Plan de Energía y Cambio Climático de Cataluña (PECAC 2011-2020), proceso seguido muy de cerca por Ecologistes en Acció junto a otras entidades ecologistas y ciudadanas.

Contaminación atmosférica: un nuevo plan cargado de humo

El 29 de junio, Ecologistes en Acció y otras organizaciones denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente al Gobierno de la Generalitat por la contaminación atmosférica en la Región Metropolitana de Barcelona. La denuncia se fundamenta en el incumplimiento generalizado de la normativa europea de calidad del aire, ya que los niveles registrados de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión (PM10) superaban los valores máximos permitidos.

El problema de contaminación es crónico, afectando a la salud del 64% de la población catalana. Según un estudio del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, sólo en Barcelona se podrían evitar 3.500 muertes prematuras anuales reduciendo la media anual de partículas en suspensión a 20 µg/m3. Cifras escandalosas, si las comparamos con los 269 muertos por accidentes de tráfico en Cataluña en 2009.

El Gobierno catalán ha tenido 10 años para abordar la situación y cumplir con los límites legales. No lo hizo con el Plan de calidad del aire 2007-2009, que fue prorrogado durante 2010 dado que no se ejecutaron todas las medidas y la evaluación preliminar indicó que no se lograrían los objetivos establecidos por la UE. Y no lo hará con el Plan 2011-2015 recién aprobado, que sigue sin abordar los problemas, presentando medidas voluntarias y derivando toda la responsabilidad a los municipios, cuando el problema de la contaminación tiene una escala metropolitana que exige coordinación y aplicación entre todas las administraciones.

Conviene no olvidar que las medidas para reducir la contaminación atmosférica, además de prioritarias y urgentes, son a la vez imprescindibles para lograr la obligada transición de nuestro modelo energético, altamente dependiente de los cada vez más escasos combustibles fósiles y de la caduca y peligrosa energía nuclear. Una transición que se impondrá de forma altamente traumática para las sociedades que no están preparándose en este nuevo contexto.

Para concluir, el panorama descrito muestra que nos encontramos en un momento crítico. Lo que se dirime es la disputa entre, por un lado, los mercados con sus Gobiernos gestores, y por otro, el crecimiento de la conciencia social y política ciudadana y su organización en defensa de la democracia y los derechos sociales y ambientales.