Absolución de los directivos por el vertido de la térmica de Aceca

La Sentencia 47/2007 de la Audiencia Provincial de Toledo, notificada la semana pasada ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y Ecologistas en Acción contra la sentencia dictada por el Juzgado de los Penal Número 1 de Toledo que absolvió a los nueve acusados por el vertido de una importante cantidad de fuel-oil desde la Central Térmica de ACECA al río Tajo en agosto de 2000.

Ecologistas en Acción acata el fallo, si bien lamenta que no sea la primera vez, ni por desgracia será la última, en la que no se castiga un grave daño medioambiental a través de la vía penal.

Como ya se ha reiterado numerosas veces, Ecologistas en Acción discrepa tanto en la valoración de los daños que produjo el vertido como de la responsabilidad de quienes en el día de autos tuvieron en sus manos la gestión de la Central, y no entiende como un fallo de estas características se puede articular básicamente sobre los informes periciales de la defensa.

Seguramente el fallo de los Tribunales hubiera sido otro si la Confederación Hidrográfica del Tajo, con su Comisario de Aguas a la cabeza, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hubieran actuando de otra manera con rigor y con un criterio de defensa del medio ambiente y del bien público.

Todavía hoy seguimos preguntándonos porque la CHT no ha hecho un seguimiento del vertido y sus efectos en el río y porque el Consejo de Gobierno de la Junta decidió no recurrir la sentencia en contra del criterio de los servicios jurídicos de la misma.

En todo caso, una vez firme la sentencia absolutoria, se abre la posibilidad de levantar la suspensión de los tres procedimientos administrativos sancionadores abiertos por los mismos hechos; uno por parte de la Consejería de Industria, otro de la Consejería de medio Ambiente y por último un tercero tramitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Al igual que ocurriera en el caso de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcollar en el que tanto la administración regional andaluza como el Consejo de Ministros impusieron sendas e importantes sanciones a la empresa Boliden, expresamos nuestra confianza en que en esta ocasión ocurra lo mismo y que éstas administraciones cumplan con su papel de garantes del medio ambiente y procedan a aplicar la normativa sancionadora.

La Ley de Aguas, por ejemplo, prevé multas de hasta 601.012,10 euros; para las infracciones muy graves, así como la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y reponer las cosas a su estado anterior. Las cuantías por años medioambientales pueden ser similares si se aprecia la gravedad de los hechos y todo ello en su conjunto podría derivar en el cierre de la actividad, circunstancia demandada por Ecologistas en Acción en reiteradas ocasiones.




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