8 años de Ministerio de Medio Ambiente

El balance de su actuación muestra, paradójicamente, más empeoramiento que mejoras ambientales.

Ladislao Martínez y Theo Oberhuber, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 38.

En el Estado español se vive una situación claramente anómala. El Ministerio de Medio Ambiente, cuya creación ha sido una larga reivindicación ecologista, tras dos legislaturas de actuación en sendos gobiernos del Partido Popular, lejos de atajar los principales problemas ambientales, a menudo se ha comportado como uno de los principales agentes del deterioro del medio ambiente.

No dejó de sorprender al movimiento ecologista que el Partido Popular en su primer gobierno con mayoría relativa se atreviera a crear un Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM en lo que sigue), algo que había sido reiteradamente reivindicado e ignorado por el PSOE. Cuando buena parte de las competencias ambientales habían sido transferidas, crear un ministerio podía interpretarse como un gesto fuerte para intentar coordinar y dar coherencia a las políticas ambientales de las Comunidades Autónomas (CC AA). Pero no hizo falta que transcurriera mucho tiempo antes de que quedara demostrado que era sólo un gesto vacío de contenidos y que, lejos de mejorar, la situación del medio ambiente no ha dejado de deteriorarse de forma acelerada en los últimos años. Los gobiernos del PP han sido como Atila en su voracidad depredadora y los ministros de Medio Ambiente meras figuras decorativas incapaces de alzar la voz frente al deterioro, o peor aún, punta de lanza en la acción gubernamental destructiva.

El perfil de los sucesivos ministros/as sólo tiene un elemento en común: su total alejamiento de la sensibilidad para la protección del medio y su deseo de usar el MIMAM para otros fines. Isabel Tocino había sido un personaje crítico con José Mª Aznar y aceptó hacerse cargo del Ministerio para mantener una cierta relevancia política. Matas encontró en el Ministerio un cómodo refugio donde guarecerse de la acción de la justicia y mantener cierta proyección pública mientras aguardaba el momento de retornar al gobierno de Baleares (cosa de que forma sorprendente y lamentable consiguió). Por último, Elvira Rodríguez es una experta en economía cuyo único objetivo es intentar desde el MIMAM hacer llegar los fondos europeos para financiar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), una de la mayores amenazas ambientales en ciernes.

Gestión del agua

La gestión del agua constituye, sin lugar a dudas, la principal competencia del MIMAM, pues tan sólo se encuentra transferida su gestión en el caso de las cuencas que están incluidas en su totalidad en una comunidad autónoma. El primer gobierno del PP se limitó a una pequeña modificación de la Ley de Aguas que tenía como objetivo diluir el carácter público del agua introduciendo la posibilidad de comprar y vender, con bastantes restricciones, los derechos sobre las aguas al tiempo que se facilitaba la entrada del capital privado en ciertas obras públicas y se realizaban modificaciones en el carácter de los organismos de cuenca. Como era previsible, pese a las muchas glosas que se realizaron de dicha modificación desde el Gobierno y al vivo debate ideológico que la acompañó, los efectos de la reforma han sido más bien marginales.

En la siguiente legislatura, avalado por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, el ministro Matas se atrevió a abordar la redacción del PHN, planteado desde el Gobierno como un reto (el PSOE había fracasado en un intento similar) y una oportunidad histórica de resolver uno de los “cuellos de botella del desarrollo de España” (con E muy mayúscula).

Dicho documento, lejos de ser un modelo de gestión sostenible de un recurso limitado y valioso como el agua, se ha quedado en poco más que una justificación, bastante cogida con alfileres, del trasvase del bajo Ebro a la costa mediterránea, así como un gran listado de grandes obras hidráulicas. Estas obras producirían un tremendo impacto ambiental y social, y en una buena parte de los casos a los que realmente benefician es a las empresas constructoras que las lleven a cabo. Buena prueba de ello es que el 87 % del presupuesto del Ministerio en el 2003 está destinado a financiar las obras del PHN.

Y lo que es más grave, el PHN favorece el modelo económico insostenible que viene desarrollándose en la costa mediterránea, basado en un consumo masivo de los recursos naturales, entre ellos el agua, en beneficio de un desarrollo urbanístico brutal, así como de una agricultura muy intensiva e impactante. En este sentido, el trasvase previsto en el PHN no constituye más que una huida hacia delante, pues el anuncio del trasvase, como ocurrió con el Tajo-Segura, ha acelerado de manera importante el incremento del consumo en la costa mediterránea. De esta manera es previsible que cuando el trasvase estuviese construido el déficit hídrico en las cuencas receptoras se haya incrementado muy por encima de la capacidad del mismo.

Con el PHN los gobiernos del PP han conseguido cosechar las manifestaciones más multitudinarias de rechazo de esta legislatura, sólo superadas recientemente por las conseguidas por el propio Presidente del Gobierno por su política de entrega al Presidente de EE UU. Otro dato importante es la persistencia en el tiempo de la protesta que ya lleva camino de 4 años en niveles importantes de pasividad [1].

Sobra decir que en los sucesivos gobiernos del PP, no se ha hecho prácticamente nada en lo que a la gestión ambiental del agua se refiere, como es la protección y regeneración del dominio público hidráulico o el establecimiento de caudales ambientales.

Energía y cambio climático

Uno de los grandes fracasos de los sucesivos ministros de Medio Ambiente ha sido el crecimiento desbocado de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2002 estas emisiones habían crecido un 38% sobre los niveles del año tomado como referencia, 1990. Muy por encima del compromiso contraído en Kioto de no incrementar dichas emisiones en un 15% sobre las del año base en el periodo 2008-2012 [2].

El futuro no es nada halagüeño ya que el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas prevé un incremento de las emisiones de CO2 de origen energético del 78% en el año 2010 con respecto a 1990. Esta cifra se reduciría al 58 % de cumplirse el Plan de Ahorro y Eficiencia que ahora se discute, lo que en cualquier caso supone la práctica imposibilidad de cumplir el compromiso de Kioto sin recurrir masivamente a los mecanismos de flexibilidad. Algo contrario a los deseos del ecologismo y a la posición tradicionalmente defendida por la UE.

La estrategia española de reducción de emisiones está pendiente de aprobación desde 1998. El Ministerio presentó un borrador de Estrategia a finales de 2002 que ha suscitado fuertes críticas de las organizaciones ecologistas y sindicales, de las administraciones autonómicas, e incluso de la CEOE por su vaguedad y nula utilidad para redirigir las políticas sectoriales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque la mayoría de las competencias en materia energética corresponden a otros ministerios, en especial al de Economía, se puede decir que todos los ministros de Medio Ambiente han estado ausentes de las funciones que les corresponden, como lo demuestran los siguientes ejemplos enunciados telegráficamente: 1. Negativa reiterada a trasponer en plazo a la legislación española diversas directivas comunitarias relacionadas con la energía: Directivas Hijas de Calidad del Aire sobre valores de inmisión de SO2, NOx, PM10, Pb, CO y C6H6; Directiva de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión (GIC); Directiva de Techos Nacionales de Emisión; Directiva del Ozono... [3]. 2. Superación en los años 2000 y 2002 de los límites nacionales de emisión de NOx de grandes centrales de combustión de las denominadas antiguas, es decir, en funcionamiento antes de 1987. 3.Pasividad en los problemas asociados a las centrales nucleares: en el mantenimiento en operación de la central nuclear más vieja, Zorita; la repotenciación que han experimentado todas las centrales nucleares; la gestión de los residuos radiactivos...

Desarrollo sostenible y biodiversidad

El 21 de junio de 2001 Jaume Matas, en compañía del Presidente del Gobierno y del Ministro de Economía, anunció en la Moncloa, doce horas después de aprobar el insostenible PHN, el inicio de la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Pero no fue hasta el 20 de diciembre cuando se presentó un documento de consulta para la elaboración de esta Estrategia, el cual supeditaba el desarrollo sostenible al crecimiento económico y a las políticas sectoriales que viene desarrollando el Gobierno. Obtuvo el rechazo del movimiento ecologista.

Pese a que dicha Estrategia estaba prevista que finalizase en enero de 2002, y que se presentase en el Consejo Europeo de Barcelona (durante la presidencia española de la UE) o en la Cumbre Mundial de Johannesburgo [4], la realidad es que todavía no existe ni siquiera un borrador final de la, por otra parte necesaria, Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Mayor interés se ha demostrado, sin embargo, en la realización de una costosa y vomitiva campaña publicitaria sobre el Desarrollo Sostenible, con la que se pretende justificar que el Gobierno hace algo. En 2003 el MIMAM destinó a la campaña 11.900.000 euros.

Muy similar ha sido el itinerario de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, presentada públicamente el 8 de marzo de 1999 (siendo ministra Isabel Tocino). Más de cuatro años después sigue sin aplicarse y sin haberse aprobado ninguno de los planes sectoriales establecidos en ella [5]. En este periodo, la conservación de la naturaleza ha sufrido un destacable retroceso, debido, entre otras causas, a la aceleración en el proceso de extinción de especies (el lince ibérico ha llegado al mínimo histórico de sólo 200-250 ejemplares), a la modificación desreguladora de la Ley de Conservación de la Naturaleza (p. ej. favoreciendo la caza de mamíferos en periodo de reproducción), al abandono de los humedales españoles (pese a la celebración en Valencia el noviembre pasado de la 8ª Conferencia Mundial de Humedales) [6], etc.

Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene como una de sus principales competencias la conservación de la naturaleza, ésta Dirección General, controlada por los técnicos forestales, se ha mostrado incapaz de coordinarse con las administraciones autonómicas y de aplicar medidas concretas para favorecer la conservación de las múltiples especies amenazadas y en peligro de extinción.

Mayor eficacia ha demostrado el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que en 1999 (siendo ministra Isabel Tocino), elaboró un Plan Director de Parques Nacionales bien recibido por las organizaciones ecologistas, que estableció los criterios generales de gestión y planificación para estos espacios, aunque todavía no se ha aplicado plenamente. Además, desde la creación del MIMAM se han declarado dos nuevos parques nacionales, el de Sierra Nevada (1999) y el de las Islas Atlánticas de Galicia (2002).

Residuos

La política de residuos sufrió una notable actividad legislativa durante la primera legislatura (con Isabel Tocino) con la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y la Ley General de Residuos. La primera fue una transposición a mínimos de una Directiva más preocupada por homogeneizar criterios entre los países de la UE –a fin de no poner barreras comerciales que dificultaran el crecimiento de un mercado único– que de poner coto a la proliferación de residuos de envases. La ley tuvo como única consecuencia la implantación en un buen número de ciudades de una recogida selectiva bastante deficiente: la propia ley inducía a la utilización de sólo dos bolsas de basuras (envases y resto) basándose más en la preocupación por quién pagaba que en criterios de racionalidad ambiental. Dificultaba así la obtención de compost de calidad a partir de la materia orgánica depositada en una bolsa aparte e intentaba favorecer la incineración estableciendo una cuota mínima de “valorización energética”.

Dejaba también a los ayuntamientos en una difícil situación financiera y trasladaba a una ECOEMBES, una sociedad sin ánimo de lucro pero fuertemente influida por los productores de envases, el timón de su aplicación. Pese a que se establecía la prioridad de la reducción, reutilización y reciclado (por este orden) y a que todos los partidos menos el PP se unieron para proponer un objetivo de reducción cuantificado, la producción de residuos de envases [7] no ha dejado de crecer desde entonces y la reutilización se ha mantenido en la más estricta marginalidad.

La segunda ley obedecía a la necesidad de clasificar y establecer criterios para el tratamiento de los diversos tipos de residuos (inertes, peligrosos, de envases...) y estaba inspirada en los mismos principios y adolecía de la misma falta de ambición que la ley antes comentada. Cierto es que, tanto en un caso como en otro, el grueso de la aplicación es competencia de las CC AA o de los ayuntamientos y que la crítica al MIMAM sólo puede, en justicia, circunscribirse al diseño inadecuado del marco general.

Política forestal y protección del suelo

En materia forestal los gobiernos del PP se habían comprometido especialmente en la aprobación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Ley de Montes. En marzo de 2001 se presentó el borrador del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, pero actualmente el proceso de aprobación está paralizado, al parecer, por dos cuestiones: la necesidad de la aprobación del Plan Forestal Nacional para aclarar los aspectos financieros, y la necesidad de colaboración entre el MIMAM y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dado que son las malas prácticas agrícolas uno de los factores que más contribuyen a los procesos de desertificación del suelo. Mientras tanto, la desertificación sigue siendo uno de los principales problemas ambientales del Estado español.

Por su parte, la Ley de Montes ha suscitado una gran polémica, ya que debería haberse aprobado antes de elaborar la Estrategia Forestal y el Plan Forestal. Entre las principales críticas a dicha Ley, aprobada en otoño de 2003, se encuentra el escaso grado de integración de los criterios de fomento y conservación de la biodiversidad en la planificación forestal y, en general, su espíritu productivista. Como es habitual ha contado con la oposición de las organizaciones ecologistas.

Evaluación de impacto ambiental

La evaluación de impacto ambiental se ha convertido en un mero trámite administrativo, carente de utilidad real para la protección del entorno. De hecho, casi todas las declaraciones de impacto ambiental que se han emitido en este tiempo han sido positivas. Muchas de ellas merecerían aparecer en las antologías del disparate, por su falta de rigor, parcialidad y tendenciosidad. Por si fuera poco, en los contados casos que el MIMAM ha osado publicar una declaración negativa a obras en las que el Ministerio de Fomento tenía interés (un pequeño tramo del AVE Madrid-Barcelona a su paso por el Ebro –el Soto del Aguilar–, y un tramo de autopista entre Madrid y Ávila) estas resoluciones se han revocado en Consejo de Ministros.

Sigue sin aplicarse la evaluación de planes y programas, con lo que se repite hasta la nausea la situación de que una instalación es evaluada separadamente de otras relacionadas con ella sin que exista ninguna posibilidad legal de evaluar consistentemente los efectos acumulados [8]. De este modo, la existencia del MIMAM no ha servido para poner ni un ápice de racionalidad ambiental en la alocada política de infraestructuras de transporte de Fomento.

La transposición de la Directiva de Evaluación y Control Integrado de la Contaminación (IPPC en sus siglas inglesas) se ha producido con más de tres años de retraso sobre el compromiso adquirido. Lo fundamental de dicha ley [9] es que obliga a un buen número de instalaciones, de forma muy genérica y poco vinculante, a disponer de las mejores tecnologías disponibles para reducir el impacto, la producción de residuos y emisiones y el consumo de materias primas, al tiempo que hace recaer en las CC AA la concesión de la Autorización Ambiental Integrada, cuyo objetivo es asegurar que se cumplen dichos objetivos.

Participación

Los sucesivos gobiernos del PP han mostrado un escaso interés en crear organismos de participación en los que encontraran motivos para participar las organizaciones ecologistas. A título de ejemplo los principales grupos se han mantenido al margen del Consejo Asesor de Medio Ambiente desde la época de Isabel Tocino. La modificación de la composición de dicho organismo por parte de Matas supuso la reducción de los representantes ecologistas de 11 a 2. Ante la evidente falta de interés en crear un auténtico órgano de participación en materia ambiental que facilite la participación ecologista, todas las organizaciones decidimos no participar.

Otra demostración del nulo interés ministerial en la participación de las organizaciones ecologistas es que en otros consejos asesores temáticos, como el Consejo de la Red de Parques Nacionales o el Consejo Nacional de Bosques, los sucesivos ministros de Medio Ambiente, pese a ser presidentes de los mismos, no asisten a sus reuniones.

Catástrofes del Prestige y Doñana

Durante los gobiernos del PP han sido frecuentes los sucesos catastróficos vinculados al medio ambiente: riadas que se cobran vidas humanas, epidemia de las vacas locas, emisiones radiactivas de acerías (con especial relevancia en el caso de Acerinox), accidentes en Puertollano... Pero sin lugar a dudas fueron la rotura de la balsa de Boliden, que sembró de productos tóxicos el entorno de Doñana, y la más reciente catástrofe del Prestige, las que supusieron el punto álgido. Es mucho más de lo que permiten estas notas de balance lo que podría decirse al respecto [10], pero sí que cabe señalar algunos rasgos distintivos. Para los sucesivos ministros del PP la reacción inicial siempre ha sido pensar que la catástrofe no existe o que no va con ellos. Cuando los hechos se imponen de manera tozuda, fingen haber sido los más preocupados (con responsabilidad y sin histeria, eso sí) desde el principio. Simulan una actuación frenética. Descalifican invariablemente a quienes les critican señalando que buscan la creación de una alarma social infundada. Ejecutan políticas de gestos que amplifican los medios de comunicación afines, y dan por cerrada la crisis (gracias a su responsable y certera actuación y a pesar de lo que puedan decir las leyes de la física y de la ecología) con una celeridad que resulta milagrosa.

En definitiva, y a modo de conclusión, las catástrofes son la manifestación paradigmática del conflicto de los gobiernos de derechas y el medio ambiente: son problemas que les gustaría que no existieran, pero que no pueden ignorar. Que aparecen por sorpresa como límites claros a sus valores e ideas más queridos, como la responsabilidad y el sentido de la actuación de los empresarios como verdaderos conductores del desarrollo social. Puesto que no los pueden negar, simulan una preocupación que no sienten ni por supuesto saben expresar. Aspiran a que los hechos, ya que son desagradables y repugnan a las conciencias bienpensantes de las sociedades satisfechas, sean sustituidos por la propaganda que despliegan sin rubor. Y, para terminar, dan por cerradas las crisis con su mágica intervención hasta ser despertados en su angelical sueño por la brusca aparición de la siguiente manifestación de su pesadilla: la contradicción entre el crecimiento económico ilimitado e incontrolado y ese estúpido medio ambiente.