Los ecologistas aclaran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara nulo el Plan Parcial Sau 8.1 en El Cotillo, T.M. de La Oliva Fuerteventura, reafirmando el auto de medidas cautelares de paralización anterior, declarando nulas las Normas Subsidiarias en relación a este Plan Parcial y el Plan Parcial de 6.000 camas y un campo de golf de 18 hoyos.

Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda que este Plan Parcial fue aprobado a las 23:30 horas de la noche, por Domingo Berriel, entonces Director General de Obras Publicas y hoy Consejero de Medio Ambiente en funciones del gobierno canario y padre de los convenios urbanísticos posteriores; María del Carmen Castellano, exdirectora general de Urbanismo; y Pedro Gómez, director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del gobierno canario, por lo que los ecologistas entienden que estas personas no pueden figurar en futuros gobiernos, puesto que han ido contra la legislación vigente.

Los ecologistas exigen a la empresa propietaria de los terrenos, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, a restaurar el espacio natural a su realidad física anterior al inicio de las obras, “sólo queremos oir de las autoridades, cuanto dinero van a poner en el proyecto para restaurar los hábitats dañados, que son reversibles, pero que han sufrido bastantes daños.

Ben Magec-Ecologistas en Acción entiende que esta sentencia confirma las tesis mantenidas por la organización tras acudir a tribunales penales y contenciosos administrativos, por lo que entiende que en la jurisdicción penal está carente de valentía para actuar contra personas en la administración pública, pese a los innumerables informes existentes, entre los que se encontraban los firmados por el Jefe del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del Ministerio de Medio Ambiente, al que se solicitó su participación en los juicios y fueron desestimados por el juez instructor.

Los ecologistas demandan también el cumplimiento de las sentencias de paralización de Las Casas de Majanicho en La Oliva y la demolición de la urbanización turística, así como su restauración paisajística y medioambiental, a la realidad física anterior al inicio de las obras, “las administraciones públicas han mirado para otro lado en el cumplimiento de las sentencias cuando se ponían en jaque los proyectos promovidos por éstos”, sentenció Antonio Hernández.