Ante la noticia de la muerte de un lobo a manos de la Junta de Castilla y León, Ecologistas en Acción lamenta que esta institución, con su torpe gestión, haya contribuido a crear un clima desfavorable a la conservación de esta especie singular y haya llegado al punto de exterminar ejemplares de una especie protegida en lugar de velar por su conservación como es su deber.

Esta organización quiere recordar que la población de lobo ibérico (Canis lupus) se encuentra al borde de la extinción en la zona Sur del Duero, en Salamanca la presencia del lobo es inestable y es Castilla y León la única comunidad autónoma en la que la tendencia reproductora se estabiliza y la población de lobo ibérico tiende a descender gracias a la política de “conservación y gestión” de la Junta de Castilla y León, que pasa, como hemos podido comprobar recientemente por el aniquilación de ejemplares.

Según la Directiva Hábitats [1], en esta zona la población de lobo ibérico está considerada como especie prioritaria, máxima protección posible para una especie animal en la Unión Europea. Esta situación requiere la rápida puesta en marcha de medidas tendentes a su conservación estando prohibida cualquier forma de captura o sacrificio, las molestias deliberadas, especialmente durante los periodos de cría, así como el deterioro o destrucción de sus hábitats. La Directiva exige de los Estados miembros una actuación positiva y activa en el mantenimiento e incluso restablecimiento de estas poblaciones, y no la simple puesta en marcha de medidas pasivas de protección.

Ecologistas en Acción considera también que no pueden ser los ganaderos quienes asuman los costes de su conservación. Esta organización considera que la Administración regional debe cumplir sus compromisos y esforzarse por implicarlos en esta tarea estableciendo pagos compensatorios y seguros por los posibles daños, tanto los directos como los indirectos causados por la predación de los lobos, favoreciendo que aumente el número de pastores y la utilización de perros guardianes, el mantenimiento de los sistemas tradicionales de pastoreo con razas autóctonas o el encierro nocturno del ganado. A la vez la organización ecologista exige la persecución y denuncia pública de los casos de picaresca entre los propios ganaderos.

Para conservar esta especie se debe terminar con las subastas de permisos de caza, perseguir estrictamente el furtivismo, del que se alardea en determinadas zonas, los métodos ilegales de caza, como la utilización de cebos envenenados, y declarar el lobo como “especie estrictamente protegida” y por supuesto terminar con la eliminación de ejemplares por la propia consejería. Se necesita restaurar su hábitat natural, favoreciendo la introducción de ciervos o corzos que sirvan de presa, evitando así ataques al ganado, desarrollar campañas de sensibilización entre la población rural y garantizar el cobro de las indemnizaciones.

La Junta de Castilla y León está perdiendo la oportunidad de reconocer los valores que la presencia del lobo aporta a una zona concreta y hacer de la misma objeto de aprovechamiento, como ya se hace en otros lugares de España, Europa y América. Se debe, promover la figura del lobo como un valor natural añadido, que aumente el interés ambiental y cultural de una zona, y que compense con creces sus efectos negativos sobre otras actividades como es la ganadería.

Lejos de apostar por un desarrollo rural sostenible, La Junta de Castilla y León se decanta por crear un clima de crispación y por utilizar métodos de “gestión” absolutamente inaceptables en un Plan de Conservación de una especie protegida como es el dar muerte a ejemplares de esta especie por “patruyas de control” permitir e incluso fomentar el aprovechamiento cinegético como herramienta básica de control y la colocación de lazos.

Por otro lado Ecologistas en Acción pide a los ganaderos, a la administración y a los medios de comunicación la no “criminalización” del lobo ya que el presunto aumento de daños al ganado achacados al aumento de lobos se puede deber a otras causas como la escasez de alimento por la prohibición de abandonar animales muertos en el campo, la desaparición de vertederos, la proliferación de infraestructuras viarias que fragmentan las poblaciones de lobos y otras especies.

Además desde el punto de vista científico analizar la objetividad de los daños y peritajes efectuados resulta una tarea ardua esclarecer si es lobo o perro el causante de un daño y obliga a que incluso empleando técnicas genéticas nunca se pueda identificar con precisión absoluta el autor de los ataques. Por lo tanto, no es cierto que todos los ataques al ganado sean producidos por lobos como se atribuye sin más contemplaciones.

Aunque haya lobos en la zona es poco objetivo publicar sin más pruebas que son los lobos quienes atacan al ganado ya que hay muchos más perros incontrolados que lobos en cualquier punto de la provincia, también en la zona de Topas.

Notas

[1] Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres