Tarifa, ni un metro más de hormigón

Es necesario frenar la destrucción ambiental del territorio. Es el momento de exigir responsabilidades a las administraciones, a los partidos políticos y a la Justicia que con su inadecuada gestión, falta de alternativas o complacencia con la actividad urbanística ilícita, están favoreciendo la consolidación de un sistema ineficaz y corrupto.

Es el momento de plantear propuestas dirigidas a la raíz del problema, lejos de las soluciones milagreras características de los periodos electorales.

Es necesario:

- Mejorar el marco legislativo actual y, sobre todo, garantizar su adecuada aplicación mediante la puesta en marcha de medidas eficaces de control urbanístico y ordenación del territorio.

- Incentivar el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la propiedad y la nueva construcción.

- Eliminar progresivamente las desgravaciones fiscales por compra de vivienda y aplicar medidas que limiten la capacidad de endeudamiento.
Incrementar el IBI sobre las viviendas vacías.

- Crear un patrimonio público de vivienda social permanente, cuyas transacciones no supongan generación de plusvalías, destinado a garantizar las necesidades de alojamiento de los sectores más frágiles de la población.

- Recuperar la función social del urbanismo, planificando el territorio no en base al mercado sino a las necesidades reales de la población. Las ciudades deben diseñarse de acuerdo a los principios de eficiencia (suelo, energía, agua, movilidad, calidad de vida…).

- Garantizar la transparencia en todos los procedimientos urbanísticos. Permitir a la ciudadanía el acceso a la información y la participación.

- Devolver la autoridad al planeamiento urbanístico para evitar actuaciones al margen del mismo. Prohibir los convenios urbanísticos, perseguir la corrupción y resolver los mecanismos de financiación municipal y de los partidos políticos.

- Ordenar y planificar la utilización del territorio, a nivel regional, con el fin de garantizar la utilización sostenible del mismo, limitar su destrucción y evitar la degradación medioambiental.

- Demoler las construcciones y urbanizaciones ilegales.

- Lograr una mayor independencia y eficacia judicial dotando de los medios necesarios a las instancias judiciales.




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