Dos años después del incendio de Guadalajara

Dos años después del fatídico incendio de Riba de Saelices, que acabó con la vida de 11 personas y la destrucción de 13.000 hectáreas de bosques, nos encontramos sin ningún imputado y sin responsables políticos-técnicos. Además la gestión posterior en la zona del incendio ha sido un fracaso.

24 meses después hemos podido comprobar que la batería de promesas lanzadas en los meses posteriores al incendio, se han concretado en actuaciones puntuales que no han permitido ni un correcto tratamiento del monte, ni el desarrollo de la zona, ni lo que es más importante, el descanso de las once familias que perdieron entre las llamas lo que más querían.

Nos gustaría que el Gobierno Regional conteste a las preguntas, que se le han hecho a través del Delegado provincial de Medio Ambiente en varias ocasiones, y siguen sin respuesta. Sin respuesta a temas como la restauración, las plagas, los plazos, la gestión privada de la Finca de Solanillos. En resumen, la situación actual es la siguiente:

- Con respecto a la restauración medioambiental creemos que:

* Es injustificable que siga habiendo madera en el monte ocho meses después del plazo previsto por la Administración (según el Plan elaborado por la Junta, el plazo máximo era noviembre de 2006), y a pesar de esta demora no haya más personal trabajando, para evitar perjuicios en la regeneración natural y la proliferación de la plaga.

* El Gobierno Regional no está interviniendo con la seriedad que merece sobre la plaga. Se hizo un informe técnico generalista sobre un problema demasiado grave y no se ha hecho un programa de intervención serio en cada uno de los términos municipales. Limitándose a la instalación de trampas y haciendo caso omiso de la recomendación de distintos expertos (contratados por la propia Administración) de tener toda la madera quemada fuera del monte antes de abril de 2007.

* La Administración afirma que no va a hacer más intervenciones a favor de la regeneración porque tiene un informe técnico que no lo aconseja pero que no enseña, lo que nos hace pensar que esta decisión se basa más en el deseo de no invertir que en criterios técnicos.

- Sobre el Plan Integral de Desarrollo para la zona:

* Nos gustaría saber cuál es el motivo de que no hayan comenzado las obras de la Central de Biomasa y advertimos que estaremos muy pendientes de su estudio de impacto ambiental y posteriormente de que todos los residuos que se quemen en la instalación sean de origen forestal.

* No entendemos que las depuradoras proyectadas para la zona y que dos años después están sin instalar, no sean ecológicas a pesar de que el número de habitantes lo permiten.

* Es inconcebible que después de la tragedia no se estén invirtiendo recursos, como se prometió, en proteger las zonas no quemadas, y que haya un riesgo evidente de perder el bosque que no murió en julio de 2005.

- En relación al proceso judicial:

* Ecologistas en Acción confía en la justicia y espera que la resolución judicial tape la pantomima que fue la Comisión de Investigación y que la Justicia no se ría de los castellanomanchegos como se rió el Gobierno Regional.

* La actual Ley de Montes obliga a la Comunidad Autónoma a restaurar el monte tras un incendio y Ecologistas en Acción se está planteando interponer una denuncia por el incumplimento de esta normativa.

* No se puede consentir que mueran 11 trabajadores en un “accidente” laboral y no haya ningún responsable. A estas once victimas, hay que sumar los dos operarios fallecidos en los trabajos posteriores.

Por último, constatar, que el 90 % de las cunetas de las carreteras de la red provincial y el 50 % de las cunetas de la red regional de carreteras, están sin tratar las altas hierbas, que suponen un alto porcentaje en el inicio de conatos y posibles incendios. Asimismo, en la linea de Ferrocarril Madrid-Barcelona, cuyas chispas de trenes han ocasionado varios conatos de incendio, no se han realizado labores de limpieza de los laterales.

Dos años después y con esta situación, pedimos depuración de responsabilidades políticas, técnicas y penales, la agilización del proceso judicial y la contundencia en las resoluciones.

Los responsables políticos y técnicos inmersos en esa catástrofe, y que siguen al frente hoy en día, en la toma de decisiones y responsabilidades en prevención y extinción de incendios forestales a nivel provincial, deberían abandonar sus cargos, por dignidad y por respeto a las familias y a los ciudadanos.




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