A vueltas con los topillos

Ante las últimas noticias aparecidas respecto al problema de los topillos, especialmente las declaraciones de representantes regionales del sindicato agrario ASAJA, donde se acusa a los grupos ecologistas de impedir el uso de clorofacinona para atajar la plaga de topillo campesino (Microtus arvalis), y por tanto, de ser los causantes de los desastres ocasionados por la misma, desde los grupos denunciantes del uso masivo e indiscriminado de este veneno, quieren hacer llegar las siguientes reflexiones y preguntas, con el fin de aclarar a la población palentina cual es la auténtica situación de este problema:

La Junta de Castilla y León es el estamento cualificado para autorizar el uso del veneno, de hecho así lo hizo en febrero de este año y procedió a su paralización en el mes de marzo (transcurridos 20 días) no por las presiones de los ecologistas (que más quisieran), sino porque comprobó que la decisión de autorizar la clorofacinona, había sido un error que estaba generando otro problema además de no solucionar el existente.

Si no hubiese habido riesgo para el medio ambiente y por tanto para la salud humana, ¿por qué la Junta de Castilla y León no continuó autorizando la aplicación del rodenticida al menos en las hectáreas previstas inicialmente?

Hay que recalcar también, y para eso está la hemeroteca, que el tratamiento se paralizó cuando apenas quedaban unas pocas decenas de hectáreas por tratar de las más de 11.000 afectadas por este tratamiento en Palencia.

En las reuniones mantenidas al principio del año se acordó contratar los servicios de la Universidad de Valladolid, para estudiar la eficacia y las posibles consecuencias del uso de la clorofacinona en parcelas experimentales, como los primeros resultados apuntaban en contra del uso de este veneno, se procedió a ignorar el trabajo de este estamento.

¿Dónde están los resultados de esos estudios pagados con dinero público, porque no se han dado a conocer?

Hasta la fecha los colectivos ecologistas cuentan con varios informes que avalan su denuncia:

  • Servicio de Toxicología y Veterinaria forense de la Universidad de Murcia.
  • Responsable del grupo de Ecotoxicología del Instituto de Investigaciones de Recursos Cinegéticos (IREC).
  • Catedrático de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.

Así como de artículos de los Colegios Oficiales de Biólogos e Ingenieros Forestales de Castilla y León, todos ellos apuntan a los riesgos y las consecuencias negativas para la salud medioambiental y por tanto también humana del uso masivo e indiscriminado de la clorofacinona para erradicar la plaga.

¿Tampoco los catedráticos, biólogos, ingenieros que firman estos informes tienen credibilidad, mienten deliberadamente y no saben de lo que hablan?

¿Dónde están los informes que avalan las declaraciones de los responsables regionales de Asaja, creando una alarma social innecesaria sobre el consumo de agua?

Algunas preguntas más que se nos ocurren son:

¿Por qué no se han efectuado programas de prevención si este tipo de plagas no es la primera vez que suceden?

¿Qué pasos han seguido, la Junta y este sindicato agrario desde marzo hasta julio (periodo electoral), para minimizar sus efectos?

¿Los ganaderos –pastores- presionados para no sacar el ganado a las tierras tratadas con el veneno son socios de los sindicatos agrarios? O es que tal vez son una minoría que para nada es tenida en cuenta.

¿La creciente industrialización del campo, con la consiguiente perdida de biodiversidad, las malas concentraciones parcelarias que han arrasado el paisaje tradicional creando condiciones idóneas para la rápida extensión de estas plagas o los cambios en la forma de realizar las labores agrícolas (por ejemplo la siembra directa) no pueden haber influido de alguna manera?

¿La caza indiscriminada, el envenenamiento y la perdida de espacios de las especies depredadoras naturales, no pueden haber tenido también algo que ver?

Desde los grupos ecologistas denunciantes hacen también una reflexión hacia el colectivo de agricultores. Se está hablando de más de 500.000 hectáreas afectadas por los topillos, superficie para la que se solicitan compensaciones económicas. Todos los indicadores del año agrícola apuntan a una cosecha buena, localmente excelente en algunos puntos de Castilla y León. Sin embargo, los daños importantes causados por los topillos se localizan solamente en un número muy reducido de hectáreas. La actual política perseguida por algunos sindicatos agrarios, lleva camino de conseguir un reparto igualitario de las ayudas que puedan concederse, con el consiguiente perjuicio económico que eso representará para aquellos agricultores que verdaderamente hayan tenido sus fincas afectadas, y que verán como reciben a cambio una insignificante ayuda.

Despues de todo los expuesto anteriormente los grupos ecologistas denunciantes interpretan que los representantes regionales de Asaja, presionados por sus bases debido a la magnitud e implicaciones del desastre y frustrados por no haber conseguido las ayudas que esperaban, han elegido la opción fácil e interesada de arremeter contra ell@s, perdiendo una gran oportunidad para reivindicar unas mejores ayudas para sus afiliados y uténticas soluciones contra estas plagas, previniendo las causas y amortiguando sus efectos, no poniendolo peor.




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