Se cumplen tres años del mayor incendio forestal que se recuerda en España. Un incendio que arrasó 35.000 hectáreas de paisaje, vegetación natural, cultivos forestales y los sueños y medio de vida de pueblos, para los que el monte aún supone un componente fundamental de sus economías. Según Ecologistas en Acción, tres años después, una parte significativa de los compromisos y acuerdos no se han ejecutado y no esta descartada la posibilidad de que un siniestro forestal de esta magnitud se repita.

El 27 de julio de 2004, aproximadamente a las 16,35 h, en el paraje de Los Cantos, en el término municipal de Minas de Riotinto (Huelva), se localiza un conato de incendio forestal. Tras tres días de avance del fuego sin control, las consecuencias del incendio forestal abruman a la opinión pública, e incluso a las propias autoridades públicas, tendentes siempre a minimizar y valorar a la baja los impactos negativos de este tipo de sucesos.

El resultado final fueron 35.000 hectáreas calcinadas repartidas entre 6 localidades de la provincia de Huelva (EL Berrocal, Escacena del Campo, Minas de Riotinto, Nerva, Paterna del Campo y Zalamea La Real) y otras cinco (Aznácollar, El Castillo de los Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño) en la provincia de Sevilla, dos personas fallecidas atrapadas en su vehículo por el fuego, un herido, varias viviendas y explotaciones agroganaderas calcinadas, y más de 1.000 personas evacuadas precipitadamente a lugares más seguros.

Para Ecologistas en Acción este devastador incendio forestal ha evidenciado las gravísimas carencias en materia de coordinación, políticas forestales y de desarrollo rural que se impulsan desde las distintas administraciones en las últimas décadas.

  • Desde un comienzo se observaron los graves problemas de coordinación y falta de criterio entre los responsables del INFOCA. Hubo una falta de previsión en cuanto a la evolución del fuego. Cuando aún no estaba ni tan siquiera controlado el frente de fuego, algunas de las brigadas fueron enviadas a rematar tocones de eucaliptos abrasados dentro de la zona incendiada, cuando el orden de actuación ante un incendio forestal activo es, controlar, sofocar y rematar, y no al revés, como parece que sucedió. El nivel II se debería de haber activado, pero no se hizo.
  • El frente de fuego se encontró con cientos de hectáreas de cultivos forestales, particularmente, de eucaliptos, con lo que la progresión del fuego estaba más que asegurada. Además, estas especies alóctonas actúan como propagadoras del fuego, facilitando la aparición de fuegos de copa y pavesas que se desplazan largas distancias provocando nuevos conatos. Aún estamos pagando el precio de una política forestal productivista, antiecológica y excluyente desde un punto de vista socioeconómico.
  • Demostró de nuevo el fracaso de la gestión preventiva que desarrolla habitualmente las Administraciones públicas en materia de incendios forestales, entre ellas la Junta de Andalucía. Una gestión preventiva basada en las grandes y medianas infraestructuras cortafuegos que demostraron su ineficacia de forma manifiesta. El fuego traspasó en varios puntos y con facilidad asombrosa dos cortafuegos de 50 metros de anchura, situados a ambos lados del río Tinto. El fuego no se controló gracias a los cortafuegos. Más bien, fue que el frente de fuego, de cerca de tres kilómetros de anchura y después de arrasar 35.000 hectáreas, alcanzó zonas deforestadas, minas en explotación, o zonas adehesadas con escasa densidad arbórea y arbustiva.
  • Evidenció la clamorosa falta de planificación de protección civil en materia de prevención de incendios forestales. Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) no existían, ni existen actualmente. En la actualidad, sólo 13 municipios de la provincia de Huelva cuenta con dichos planes. Los PLEIF hubiesen evitado probablemente la evacuación precipitada y angustiosa de más de 1.000 personas.
  • Se ha manifestado de nuevo, como ocurre en el caso del incendio de Guadalajara, la falta de seriedad y compromiso de las autoridades públicas. Unos gestores públicos que asumen acuerdos compensatorios con las poblaciones más directamente afectadas y que no cumplen, o lo hacen a medias. Se acordó una restitución de una parte significativa de los cultivos de eucaliptos por monte mediterráneo, y no se está haciendo. Se asumió el compromiso de adquirir fincas afectadas por el incendio forestal para su socialización y puesta en marcha de proyectos comunitarios y tampoco se ha hecho. Es más, algunas de las fincas afectadas han pasado a manos de afamados constructores, alguno de ellos, imputados en el caso Malaya.

Ecologistas en Acción viene desarrollando la campaña “En cada incendio forestal algo tuyo se quema”.