Se presentan alegaciones a un convenio urbanístico, que pretende destruir fincas de alto valor ecológico.

Ecologistas en Acción y ciudadanos de Ubrique presentan alegaciones a un convenio urbanístico residencial/deportivo, que pretende destruir fincas de alto valor ecológico

El Alcalde y dos propietarios firman un convenio, sin la autorización de la mayoría de los afectados, para recalificar 1.154.542 de m2 en Cerro Mulera, colindante con el Parque Natural Sierra de Grazalema y Parque Natural de los Alcornocales, lo que supondría aumentar en un 95% el suelo urbano en el PGOU e ir en contra del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) y de la mayoría de la normativa urbanística y medioambiental.

Las estipulaciones de dicho convenio, sobre una superficie total de 1.154.542 m2, cuando los firmantes sólo disponen del 50% de la propiedad a recalificar, consisten básicamente en el compromiso del Ayuntamiento de revisar el PGOU para proceder a recalificar esas fincas y posibilitar así el desarrollo de un proyecto urbanístico, de carácter turístico, residencial, deportivo y de ocio, a cambio de contraprestaciones monetarias para el Ayuntamiento, 4. 500.000 euros, lo que no significa otra cosa que una inadmisible compraventa de recalificaciones urbanísticas. La Secretaria General de la Corporación en un informe jurídico sobre el convenio objeto de alegaciones, de fecha 23/05/2007, señala que deben de prevalecer los intereses del pueblo sobre el de los propietarios firmantes del convenio. Se podrían construir 577 viviendas. No se aclara el tipo de deporte que se quiere impulsar, aunque todos pensamos que sería el golf, “afición” de muchos de nuestros alcaldes y alcaldesas.

El Convenio, que carece de evaluación del impacto ambiental y que contradice los objetivos de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, exime explícitamente la obligación de construcción de viviendas protegidas infringiendo las determinaciones de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que estipula una reserva de un 30% de viviendas protegidas en todos los desarrollos urbanísticos. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Andalucista y el Partido Popular, aplica así la excepción incluida en el art. 1 de la Ley 1/2006 por la que se modifica la anterior en el sentido de eximir de esta obligación a los sectores que tengan una densidad inferior a 15 viviendas hectárea. Es decir, el carácter social del proyecto brilla por su ausencia. Pero hay que advertir que la misma Ley estipula que el PGOU deberá prever su compensación en el resto de las áreas y sectores asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Esto significa que se tendrán que construir 173 viviendas de VPO en Ubrique.

Es un convenio ambiguo, impreciso, incompleto, deficiente, realizado sin las mínimas garantías formales y de contenido. Según indica el Informe Jurídico de la Secretaria General de la Corporación con respecto a este convenio, no se explican suficientemente los motivos, causas y fines del mismo. Este crecimiento urbanístico, casi duplicar el suelo urbanizado, no se justifica por el crecimiento vegetativo de la población, ni por la inmigración de otras localidades de la zona y comarca, ni por las necesidades de un plan estratégico de turismo sostenible y va en contra del POTA, que señala, entre otras condiciones, que no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible en ocho años.

El Convenio estipula la venta por adelantado de los aprovechamientos urbanísticos, por lo que el Ayuntamiento cobraría un total de 4.500.000 €. Se realizaría a tres pagos: el primero, 1.500.000 €, cuando se apruebe el convenio de forma definitiva, el segundo, 1.500.000 €, cuando se apruebe el Plan Parcial, y un tercero, 1.500.000 €, cuando se apruebe el Proyecto de Urbanización del Sector. Es evidente que el sistema de cobro estipulado en el Convenio también es ilegal. Ecologistas en Acción advierte que tomará las acciones legales oportunas contra ese Ayuntamiento si se llegan a cobrar cantidades a cuenta del Convenio o se hiciera uso de ellas antes de la aprobación definitiva del PGOU en contra de lo estipulado en la Ley 13/2005; o si esas cantidades se destinan a fines distintos a los estipulados en la mencionada Ley 13/2005 y en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía para el Patrimonio Municipal de Suelo.




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