El PGOU de Marbella debe cumplir los derribos dictados por los tribunales

Ecologistas en Acción insiste que la obligación más importante de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella sea cumplir con las sentencias firmes de derribo dictadas por los tribunales.

Ecologistas en Acción considera que cuando el documento de revisión del PGOU de Marbella se someta a la aprobación definitiva a mediados del año que viene, acumulara centenares de sentencias firmes anulando licencias de construcción que se incluyen en las propuestas de “Normalización”, de hecho el número de licencias firmes antes de la aprobación inicial superaba ya las 32 licencias.

Esta situación supone que la decisión final sobre la normalización de estas construcciones ilegales corresponderá al juez en los incidentes de ejecución, un proceso en el cual se valorara individualmente los criterios del equipo redactor para la normalización de todas y cada una de las licencias de construcción.

Estos criterios se fundamentan genéricamente en la necesidad de establecer una ordenación conforme a los intereses generales del municipios, una ordenación con criterios de recomposición y saturación urbana, posibilitando la aportación real a marbella y San Pedro de los déficit rotacional detectados, la consecución de accesibilidad y movilidad y la conformación de un nuevo sistema general de espacios libres y de equipamiento, etc. etc.

Sin embargo estos argumentos deberán ser también compatibles con los derechos patrimoniales, ambientales, sociales y económicos de los muchos afectados por esas viviendas ilegales, Licencias de construcción que han sido denunciadas sistemáticamente y desde el mismo inicio que dio la licencia a proyecto básico, por los vecinos afectados

El proceso de normalización o regularización de aquellas actuaciones ilegales del pasado que, pudiendo ser coherentes con el nuevo modelo territorial, propone su recalificación a través de medidas de compensación” medidas de compensación que en ningún caso pueden olvidar los legítimos derechos de los vecinos afectados por esas viviendas ilegales y sobre todo por que el último en interpretar esas propuestas de normalización y en general de los principios básicos del Derecho Urbanístico serán los tribunales.

En la Sentencia de 23 de agosto de 1998 el Tribunal Supremos sentencio que : “no es exacto que la modificación del planeamiento produzca una automática legalización “ex post facto” de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque no lo fueran con el anterior. (Se refiere a planes de ordenación).

Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquélla sino que, si acaso, pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal de su ejecución, teniendo bien presente que esta Sala ha declarado reiteradamente que el Tribunal sentenciador puede imponer las consecuencias de la anulación de la licencia, pese a que formalmente resultare amparado por una nueva ordenación, si estimare éste ilegal por haberse producido con la finalidad de eludir la ejecución de una sentencia y las responsabilidades que de ello derivaren para la Administración”.