Ecologistas en Acción desea manifestar su solidaridad con la Asociación Unificada de Guardias Civiles ( AUGC ) y con los agentes pertenecientes al Seprona de Córdoba, ante la situación generada por la pasividad de la Consejería de Medio Ambiente en la tramitación de las denuncias administrativas formuladas por los agentes de este colectivo.

Desde Ecologistas en Acción queremos subrayar la veracidad de las declaraciones efectuadas por la AUGC, que ven como su trabajo cae en saco roto, ya que el ochenta por ciento de las denuncias que se efectúan en relación a las infracciones en materia medioambiental queda sin resolver, caducando los plazos que la ley exige y quedando los infractores en la más absoluta impunidad.

Esta actitud de la Consejería de Medio Ambiente no sólo supone un revés para toda la ciudadanía, ya que se anteponen los intereses particulares y económicos de los infractores a los intereses generales de la sociedad, sino que implica la desmotivación y desmoralización de los agentes que cumplen fielmente con su cometido.

Para Ecologistas en Acción esta situación no es ninguna novedad, ya que a lo largo de los años tanto las denuncias que desde nuestro colectivo se han cursado, como las cursadas por los propios agentes medioambientales de la Consejería se han dejado prescribir en los despachos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Como ejemplo de esta dejadez tenemos la denuncia formulada por Ecologistas en Acción y por los propios agentes de medio ambiente en agosto del año 1995, ( hace la friolera de doce años). Esta denuncia se curso contra D. José Luis Miranda Aguilera, por la destrucción de un valioso bosque mediterráneo en la Sierra de Albayate, en Priego de Córdoba, dando lugar a la apertura del expediente F/247/95.
Dicho expediente fue dejado caducar en los cajones de la Delegación Provincial, a pesar de nuestras peticiones para que se tramitara. Lo que si se tramitó correctamente fue la denuncia formulada por el infractor, Sr. Miranda Aguilera contra miembros del colectivo ecologista, que fuimos condenados por ocupar su olivar de una manera simbólica durante una protesta para denunciar esta situación.

La sociedad cordobesa aún espera que dichos terrenos sean restaurados, tal y como contempla la ley, ya que la obligación de reparar el daño causado no prescribe aunque caduque el expediente sancionador. Desde que se cursó la primera denuncia hasta el día de hoy han estado al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente tres Delegados Provinciales, que han actuado de idéntica manera, y un Secretario, el Sr. Torres Esquivia, cuya incompetencia parece más que manifiesta.

Sólo en la Sierra de Albayate se han dejado prescribir más de medio centenar de denuncias, cientos en la provincia de Córdoba. La impunidad para los infractores y unos daños al medio ambiente cuyo coste tenemos que asumir todos los andaluces son el legado que nos deja una Administración en la que el mastodóntico hotel Algarrobico de Cabo de Gata es sólo la punta del iceber de su gestión.