Inoperancia de la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente

El desánimo y el desencanto cunden entre los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, los agentes de Medio Ambiente y las personas que llevamos trabajando desde hace décadas en organizaciones ecologistas. Y motivos no faltan. Tras arduas jornadas de duro trabajo y tras laboriosas investigaciones, en el caso del SEPRONA y los Agentes de Medio Ambiente, su esfuerzo casi nunca obtiene el fruto esperado que no es otro que la sanción de las conductas lesivas para el medio ambiente y la restauración del daño causado.

Ecologistas en Acción denuncia que los expedientes se eternizan y se diluyen en ese maremagno administrativo que es la burocracia, de manera que las agresiones medioambientales, cuando no quedan impunes, se saldan en la mayoría de los casos con sanciones ridículas que hacen pensar al infractor que merece la pena asumir tan exiguo coste y continuar haciendo lo que a su interés convenga; y la misma suerte corren la mayoría de las iniciativas que, en ese sentido, parten de las organizaciones ecologistas y de la ciudadanía en general.

Nunca, en Córdoba, a pesar del esfuerzo de distintos colectivos y de ciudadanos particulares, se ha conseguido la total o parcial restauración de daños medioambientales a la que obligaban resoluciones administrativas o normativas diversas. Y ello así, porque quienes debían hacer cumplir esas resoluciones y normativas han preferido mirar para otro lado y porque nuestros políticos son cada días más hábiles en la elaboración de normas que en sí mismas contienen los mecanismos que las hacen inútiles permitiendo eludir aquellas obligaciones que supuestamente consagran.

En Córdoba sobra los ejemplos de hechos y conductas particularmente gravosas con el medio ambiente que han quedado impunes. Desde el desmonte ilegal de arbolado en la finca Los Arcos, en el término municipal de Hornachuelos, a mediados de los ochenta, hasta la apertura de una pista forestal de casi un kilómetro de longitud en la finca Castro y Picón (marzo de 2004), en el término municipal de Córdoba, dista más de 20 años, sin que se haya restaurado nunca el daño ocasionado en los numerosos casos denunciados.

Veamos algunos ejemplos fruto de las muchas denuncias que han partido de Ecologistas en Acción:

- En año 1998 se comunicó de forma urgente que se estaba procediendo a la construcción de pistas forestales y a la instalación de un cercado ocupando los cauces de los ríos Névalo y Fresnedosillo en una finca localizada en Villaviciosa de Córdoba. No se pararon las obras supuestamente ilegales, es más, se finalizaron y ahí siguen.

- El año 2000 se denunció la existencia de una alambrada electrificada perimetral que reforzaba una cinegética en una finca de Villaharta (Córdoba). Han pasado los años y la cerca electrificada sigue en el sitio donde estaba, situación totalmente ilegal.

- En el año 2000, también se denunció ante las autoridades la apertura de accesos, caminos y pistas forestales así como la instalación de una cerca cinegética perimetral afectando a vías de comunicación con paso de servidumbre y al Dominio Público Hidráulico (DPH) en una finca recién adquirida por una de empresas constructoras más conocidas de Córdoba en el término municipal de Alcaracejos. La situación actual se la puede imaginar, las pistas forestales consolidadas y la servidumbre impedida ilegalmente en varios puntos de la citada propiedad rústica.

- En el 2002 se denunció dos nuevos ramales que sumaban en total casi dos kilómetros de longitud en una finca del término de Villaviciosa de Córdoba, afectando a uno de los lugares más recónditos y mejor conservados de la provincia de Córdoba, el entorno del Arroyo de Las Navas. Los ramales se finalizaron y siguen siendo utilizados por la guardería privada.

- En el año 2003 se denunció la construcción de una pista forestal en la proximidad del Arroyo Martín, en Villaviciosa de Córdoba. El daño ocasionado quedo de nuevo impune.

- En marzo de 2004 se denunció por vía administrativa la instalación de un cercado en una de las fincas de más solera del Parque Natural de Hornachuelos, “La Aljabara de Cárdenas”, propiedad de una de las empresarias más famosas y adineradas de España. El 26 de enero del 2005 recayó Resolución definitiva en el Procedimiento sancionador iniciado con motivo de nuestra de nuestra denuncia, resolviendo la imposición de una multa pecuniaria por un importe de 20.000 euros y la obligación de restaurar la cerca, eliminando el faldón existente. Casi dos años después de la Resolución definitiva y firme, el cercado ilegal no se ha modificado.

Ante esta situación, no son pocos los que piensan que la Consejería de Medio Ambiente hace una auténtica dejación de funciones y da un trato de favor a un determinado sector de la sociedad. Es una opinión que va ganando terreno incluso dentro del propio organismo, donde numerosos funcionarios, siempre en privado, reconocen este deplorable estado de cosas y admiten que existe una clara disociación en el seno de la Consejería de Medio Ambiente entre los objetivos meramente técnicos y los fines políticos y de imagen. De hecho, en los últimos años se está generalizando las llamadas de Agentes de Medio Ambiente a miembros de Ecologistas en Acción para canalizar determinados hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas o ilícitos penales, ante la desconfianza de los cauces internos.

Cada vez es más común oír comentarios desencantados que hacen referencia a que la propia existencia de la Administración de Medio Ambiente, cumpliendo unos cometidos técnicos o científicos de importancia secundaria, tiene como finalidad política principal mantener dentro de unos determinados márgenes el impulso conservacionista, controlando que la exigencia de respeto al medio ambiente que crece y se afianza progresivamente en la sociedad no dañe determinados intereses.

Para conseguirlo utiliza armas sutiles, como el cansancio y el desgaste de las fuerzas que considera adversas, incluso las de sus propios agentes, y otras no tan sutiles, como el miedo que mantiene calladas las voces críticas de dentro y de fuera; el miedo a la persecución encubierta y a la persecución legal mediante el omnímodo poder coercitivo de la Administración Pública. Es una velada amenaza, una tácita censura que recluye las críticas en una cautela temerosa y que obliga a referirse a las verdades claras a las que nos remiten los hechos por medios de artificios retóricos. Porque, eso sí, nunca existen o no pueden obtenerse las pruebas que, como escudo protector, permiten recurrir al amparo de esa última ratio que es la jurisdicción penal.