La zona carece de medidas de seguridad y la masificación dificultaría, en caso de emergencia, una rápida evacuación. Los hechos fueron denunciados hace un año por Ecologistas en Acción ante diferentes órganos de la Comunidad de Madrid sin que se haya resuelto la situación. Ahora, la negligencia de la administración se ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Medio Ambiente.

Hace un año que Ecologistas en Acción denunció ante la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia e Interior, la situación de grave riesgo para las personas y el medio ambiente que supone el caos circulatorio en el pinar de Las Dehesas, en Cercedilla. Cientos de vehículos y miles de personas se hacinan en una zona que carece de medidas de seguridad. Además la concentración de vehículos aparcados fuera de la zonas habilitadas para ello, dificultaría en caso de urgencia el acceso a vehículos de emergencia y una rápida evacuación.

Las Dehesas de Cercedilla es una zona que se localiza al norte del núcleo urbano, en el Valle de la Fuenfría, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama. Se trata de un lugar de gran belleza que atrae a miles de visitantes todos los fines de semana. El acceso se realiza por una pista forestal asfaltada y se han habilitado varias zona de aparcamientos. Sin embargo, el número de visitantes sobrepasa la capacidad de acogida de este espacio natural. Por ello, los vehículos aparcan por todas partes, dispersos dentro del pinar y a ambos lados de la estrecha pista forestal de acceso. Esta circunstancia pone en grave riesgo los valores naturales de la zona por el daño que produce la concentración de tantos vehículos y personas. El deterioro de los caminos tradicionales, entre ellos la calzada romana, y del entorno es cada día más evidente.

Pero además la falta de control del uso público supone un grave riesgo para la seguridad de las personas. Todo el término municipal de Cercedilla se encuentra clasificado como de alto riesgo de incendios, por ello debería contar con un plan local de emergencias por incendios forestales. Igualmente Las Dehesas, debería contar con un plan de autoprotección, al tratarse de una zona forestal. Nada de esto existe. Al contrario, los vehículos circulan y aparcan fuera de las zonas autorizadas, algo tajantemente prohibido en zonas forestales. Además el excesivo número de vehículos aparcados a ambos lados de la única vía de acceso no deja suficiente espacio para permitir el paso de vehículos de emergencia (que son de mayores dimensiones que un vehículo convencional).

Igualmente al sobrepasar la capacidad de acogida del lugar (hay más coches de los que caven en las pistas de acceso), en caso de evacuación, podrían colapsarse las vías de acceso.

Teniendo en cuenta que se trata de una zona de elevado valor natural, la única forma de compatibilizar conservación y uso público es limitar el número de vehículos a las plazas de aparcamientos ya existentes. Esto se hace en otras zonas como La Pedriza, con buenos resultados. Hay que tener en cuenta que el propio planeamiento urbanístico de Cercedilla prohibe incrementar la capacidad de acceso en Las Dehesas (no permite construir más carreteras ni más aparcamientos) para evitar su degradación.

Todas estas cuestiones se pusieron en conocimiento de la Dirección General del Medio Natural por ser la responsable de gestionar la seguridad del monte en donde se ubica la zona de Las Dehesas y el uso público. Igualmente se puso en conocimiento de la Dirección General de Protección Ciudadana por ser la competente en comprobar la existencia de medidas de seguridad para las personas. Ni una ni otra ha tomado medidas tendentes a resolver la situación y, ni siquiera, han contestado a las solicitudes de Ecologistas en Acción.

El silencio de ambas administraciones ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo. Las administraciones están obligadas a resolver las solicitudes y a responder a Ecologistas en Acción. Con esta denuncia, la organización espera, que la Defensoría exija a ambas administraciones una respuesta.

Igualmente, el riesgo potencial que entraña la masificación de vehículos en los accesos rodados podría considerarse un delito contra la seguridad, cuestión tipificada en el Código Penal. Por ello, los hechos se han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Ecologistas en Acción lamenta que para que la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones haya que recurrir constantemente a la dinámica de la denuncia. Resulta desalentador que sea la propia Administración autonómica la principal infractora en materia medioambiental.