“Desafiar a los gobiernos” es el objetivo de una amplia plataforma de organizaciones y redes internacionales que promueve en muchas partes del mundo una Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Del 14 al 21 de octubre de 2007 denunciará a la banca internacional, a las corporaciones transnacionales y a las instituciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC por el “saqueo y la ilegitimidad de la deuda externa”. En el Estado español se organizarán múltiples acciones para denunciar el incumplimiento del Gobierno español en la gestión de la deuda y las incoherencias de sus políticas públicas que generan cada vez más empobrecimiento y cambio climático.
“El problema de la deuda no terminó”, constata el llamamiento internacional para la semana de acción en octubre, “pese a todas las promesas y planes ofrecidos por los gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales (IFI) y los pagos por adelantado de muchos gobiernos en el Sur”. La deuda externa de los países más débiles del sistema económico mundial sigue creciendo y “exacerbando la pobreza” y viola sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos de África, América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico, continua el llamado que se lanzó durante el Foro Social Mundial de Nairobi. El pago de la deuda supone la imposibilidad de invertir y llevar a cabo políticas adecuadas en servicios básicos esenciales para la población, tales como la seguridad alimentaria, la potabilización del agua, la salud, la vivienda y la educación.
En los últimos años numerosos colectivos y ciudadanos han demandado reiteradamente la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. En marzo del año 2000 más de un millón de personas participaron en la Consulta Social promovida por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. La campaña ¿Quién debe a quién? nace a partir de esta experiencia y desde 2005 se ha convertido en uno de los referentes con respecto al seguimiento, la denuncia y la difusión de todo aquello que rodea la problemática de la Deuda Externa y la Deuda Ecológica.
¿Quién debe a quién? y Ecologistas en Acción se muestran convencidas de que es “injusto extraer pagos de deuda de los pueblos del Sur que ya se pagaron con creces”, generando impactos destructivos sobre las vidas, comunidades, economías y el medio ambiente, sino que “estas deudas son ilegítimas y no deben ser pagadas”. Por el contrario, plantean que los países endeudados son en realidad “los acreedores de incalculables deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas”, adeudadas por el modelo capitalista de producción y consumo. La deuda ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ya que su exportación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda.
Frente a la movilización contra el G8 que tuvo lugar en junio en Alemania, recerdan que los países africanos pagan tres veces más en el servicio de la deuda que en salud o educación. “¿Cómo se puede creer que el G8 o la Moncloa se preocupan por el problema del SIDA en África”, manifiestan, “si mantiene a estos países en un endeudamiento que impide destinar más recursos a salud, y si promueven la protección de la propiedad intelectual que impide a la mayoría de los enfermos del mundo un acceso digno a los medicamentos”.
Recientemente el Gobierno español anunció la condonación de deuda a 11 países incluidos dentro de la Iniciativa para los Países Altamente Endeudados (HIPC). No entraron en esta cancelación del Consejo de Ministros otros 15 países (Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Haití, Madagascar, Malawi, Níger, República Popular del Congo, Somalia, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Togo). Para la campaña es inaceptable que los países que entran en la iniciativa HIPC tengan que pasar duros exámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante varios años. Pruebas que conllevan serios ajustes estructurales para sus economías, con graves impactos para la población y la naturaleza de estos países. Además, las cancelaciones de deuda tan sólo representan el 60 % del importe comprometido. El resto son “conversiones de deuda” que se harán sin que previamente se lleven a cabo auditorías integrales de la deuda a convertir. “No se podrá garantizar que esta deuda no tenga un carácter ilegítimo”, apunta el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). “El Gobierno puede estar exigiendo a estos países que acaben pagando el 40 % de unas deudas que pueden tener su origen en la compra de armamento u operaciones de dudoso carácter beneficioso para las poblaciones de dichos países”, subraya el ODG. Muchos de los países que hoy acarrean grandes deudas fueron gobernados por dictadores militares que desviaron los créditos prestados para la compra de armas y el aparato represivo con el fin de exterminar a la disidencia.
Lo más grave es que mientras el Gobierno anuncia cancelaciones de deuda continúa utilizando con más fuerza que nunca los instrumentos que generan nueva deuda sobre estos mismos países, la deuda FAD-Fondo de Ayuda al Desarrollo- y deuda CESCE –Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación-. Para citar un ejemplo, de los países ‘beneficiados’ por el anuncio del Consejo de Ministros, Mozambique, Ghana, Nicaragua y Senegal han recibido nuevos créditos FAD en el año 2006, señala el ODG. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en julio que con la aportación de más de 100 millones de euros en créditos FAD aprobada por el Gobierno, España «está a punto de alcanzar el 0,5 % del PIB en ayuda al desarrollo». Sino fuera por el FAD, no cumpliría. Mientras tanto, la deuda FAD ronda los 4.786,17 millones de euros, casi el 50 % del total de la deuda externa contraída con el Estado español. Buena parte de esta deuda privilegió la internacionalización de empresas españolas en los “países endeudados”.
Por último, ¿Quién debe a quién? y Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno que cumpla con todos los compromisos adoptados en la Ley de Deuda Externa, que todavía no se han llevado a cabo. Por ejemplo, hacer público el objeto de todos los contratos que han generado la actual situación de endeudamiento. Esto supondría saber para qué se utilizaron los fondos públicos y qué empresas se beneficiaron del endeudamiento. El Gobierno tampoco presentó todavía las Leyes de reforma de los créditos FAD y de CESCE como demanda la propia Ley de Deuda. Una ley que fue luchada por la ciudadanía durante los últimos años. Igualmente, se reivindica que se desvinculen efectivamente las conversiones de deuda a la compra de bienes y servicios españoles y que se dejen de contabilizar la cancelaciones de deuda como AOD.
En las movilizaciones de octubre se exige a los gobiernos en el Norte y en el Sur, así como también a las instituciones financieras internacionales, entre otras, auditorias parlamentarias y gubernamentales de las Deudas, “que sean abiertas, transparentes y participativas”. También se pide la anulación inmediata del 100% de las deudas multilaterales y de todas las deudas ilegítimas como anticipo de la anulación total de la deuda exigida a los países del Sur, sin imponer condicionalidades externas. Asimismo se reclama a detener la privatización de los servicios públicos, el uso de los recursos públicos para mantener las ganancias privadas así como de proyectos destructivos del medio ambiente, tales como las grandes represas, la industria extractiva dañina y que se frene el cambio climático.
En toda la denuncia se hace mucho énfasis para suspender el uso de la deuda y la cooperación al desarrollo como palancas para lograr acuerdos comerciales injustos. Así, por ejemplo, la Unión Europea, con el consentimiento del Gobierno español, está imponiendo a 78 países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) unos Acuerdos de Asociación Económica (los llamados EPA en inglés). Entre los países afectados se encuentran 39 de los más empobrecidos del mundo que tendrían que eliminar sus barreras comerciales para casi todos los productos importados de la UE.
Mientras que se ha presentado a los EPA como “instrumentos para el desarrollo”, la UE está incluyendo términos de liberalización económicos de gran alcance. Esto llevará a un aumento en la desigualdad social y la pobreza por medio de la destrucción de industrias locales y de la agricultura campesina familiar, causando daños al empleo y a las fuentes de sustento. Los términos establecidos dentro de los EPA reducirán dramáticamente el necesario espacio político de los países ACP para regular y diseñar sus propias políticas con el fin de satisfacer las necesidades de su población. La Comisión Europea está presionando para que esos acuerdos comerciales entrañen la liberalización de las inversiones -para tener más fácil acceso a los recursos naturales y sobre todo energéticos-, el comercio de servicios y la contratación pública, al igual que compromisos claros con respecto a los derechos de propiedad intelectual. Ante el hecho de que la fecha límite es el 31 de Diciembre del 2007, la UE está presionando tremendamente a los países ACP para firmar los EPAs a finales de este año, incluyendo amenazas de reducir la ayuda al desarrollo.
¿Quién debe a quién? condena esta estrategia comercial de la UE titulada “Europa Global: compitiendo en el mundo” que redundará en la proliferación de negociaciones comerciales bilaterales provocando más conflictos armados y migraciones forzadas, al mismo tiempo que afectará a millones de personas, acelerando la crisis ambiental global, hoy representado más que nunca por el cambio climático y los procesos de desertificación.
