Ante la visita del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez a España, la Campaña ¿Quién debe a quién?, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Verdegaia y Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno español que retire su apoyo al proyecto de la empresa ENCE de construir una planta de celulosa en Uruguay con graves impactos sociales, ambientales y económicos. Asimismo reclaman coherencia política con el Plan Director de la Cooperación Española y la no-utilización de mecanismos públicos para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.

En el marco del conflictivo proyecto de establecimiento de varias plantas de celulosa en Uruguay, el Gobierno español está apoyando a la Empresa Nacional de Celulosas Española (ENCE) para construir una fábrica de celulosa ubicada en la población de Conchillas, en Colonia (Uruguay), que generará impactos ambientales, sociales y económicos altamente negativos violando así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El apoyo gubernamental a la actividad empresarial de ENCE en Uruguay atenta además contra el Plan Director de la Cooperación Española según el cual “la degradación de los recursos naturales y de la biodiversidad está minando las oportunidades de desarrollo y disminuyendo la calidad de vida de las poblaciones locales”.

Cuestionamos el papel hipócrita de «facilitador” y “mediador” del Estado español entre Argentina y Uruguay por el enfrentamiento sobre la instalación de las papeleras en territorio uruguayo, porque el Gobierno español no tiene un papel “neutral” y representa los intereses de una empresa multinacional española que es co-responsable del conflicto ambiental. Primero, ENCE recibió dinero público para instalarse en Uruguay donde gestiona más de 120.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de eucalipto y donde tiene previsto levantar una planta en una playa de Punta Pereira, sobre el Río de la Plata donde produciría entre 500.000 y 1 millón de toneladas de celulosa al año. Y segundo, ENCE tiene antecedentes graves en instalaciones similares, y ha sido condenada por delito ecológico continuado en el año 2002 por contaminar la Ría de Pontevedra desde 1964.

ENCE está presente en Uruguay desde 1989, a través de su filial de la división forestal EUFORES. En relación con su actividad económica se han documentado problemas con la gestión del agua, el suelo y la flora y fauna, contaminación por el uso de agroquímicos, pérdida de empleo y una merma en la calidad del empleo, así como el empobrecimiento y la expulsión a las ciudades de la población rural.

La organización Red de acción en plaguicida y sus alternativas para América Latina (RAP-AL) denunció recientemente que los viveros de ENCE utilizan funguicidas prohibidos en Europa. Se trata de los productos Fundazol y Flonex -prohibidos al ser considerados “extremadamente tóxico”. La persistencia y la toxicidad de los mismos están presentes todo el tiempo en las instalaciones forestales de ENCE, de modo que los trabajadores se encuentran peligrosamente expuestos a estas sustancias. Al mismo tiempo, los residuos de estos químicos son en algún momento vertidos a la naturaleza, según la investigación titulada “Condiciones de trabajo y uso de agrotóxicos en viveros forestales certificados” de la RAP-AL.

La Universidad de la República de Uruguay detalla en una investigación los impactos de las plantaciones forestales sobre biodiversidad, suelos y agua. Afirma que «el reemplazo del campo natural por cultivos monoespecíficos significa una importante pérdida de diversidad biológica. En cuanto a la vegetación, la sustitución de una cobertura vegetal muy rica en especies por una única especie, conlleva importantes modificaciones en la estructura de la trama trófica del ecosistema y a la desaparición de las especies originales.» En materia de impactos sobre el agua, la Universidad señala que los niveles hidrológicos bajaron en más de un 25% tras el establecimiento de plantaciones de eucalipto.

Resulta inadmisible que el Gobierno español decida apoyar la construcción de la planta de ENCE a pesar de los problemas causados por la compañía. La plataforma “Uruguay Natural Multiproductivo”, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay manifiestan, por ejemplo, que no aceptarán el emprendimiento de ENCE, por considerarlo altamente contaminante y perjudicial para una zona sumamente rica para la producción de alimentos.

En cuanto a los puestos de trabajo, según Uruguay Natural Multiproductivo cerca de 4.700 personas perderán su fuente de empleo, solo por el efecto de las plantaciones de monocultivos, pues en las 180.000 hectáreas que ENCE pretende sustituir con eucalipto, desaparecerán cultivos tradicionales como viñas y las praderas ganaderas que hoy alimentan la población local. El análisis de la ONG Guayubira concluye que «las plantaciones forestales en la fase primaria y en las condiciones realizadas en Uruguay, generan un volumen de empleo por unidad de superficie inferior a la ganadería extensiva”. Por otra parte, se considera que la papelera arruinaría el potencial turístico, al instalarse a menos de cinco kilómetros de tres patrimonios históricos y culturales de la región Conchillas.

Los impactos ambientales de la planta serán, en caso de llegar a funcionar, numerosos y graves. Entre ellos, contaminación atmosférica (más el fuerte olor por compuestos de azufre), la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo de la celulosa muy perjudiciales para la salud humana, la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para el consumo doméstico así como la destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, los que dan sustento a muchas comunidades locales en la región.

Exigimos por lo tanto la cancelación inmediata del apoyo político y diplomático otorgado a ENCE. Advertimos al gobierno español que su apoyo a las operaciones de ENCE tendrá graves repercusiones y le hacemos responsable de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esta empresa puede causar.

Por otra parte cuestionamos a las autoridades españolas, como la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, el Ministro de Exteriores y el propio presidente del Gobierno, puesto que persisten en brindar apoyo (con fondos públicos) a las empresas españolas sin por tanto asumir los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que éstas empresas han generado en América Latina en las últimas dos décadas, entre ellos la deuda externa, el expolio de los recursos naturales, las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, los desplazamientos forzados y crímenes ecológicos.

La producción de celulosa en Uruguay será destinada íntegramente a la exportación con destino el mercado europeo lo que generaría una Deuda Ecológica con Uruguay. Por ello solicitamos al Gobierno español la prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales, así como la no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Ecológica y de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas en el exterior.

Creemos que aún es posible paralizar la construcción de la fábrica de ENCE y que para ello se están movilizando miles de personas en Argentina y Uruguay. Por todo ello, decenas de organizaciones del Estado español e internacionales hemos hecho llegar reiteradamente a los responsables políticos la petición de denegar cualquier apoyo público a la construcción de la papelera de Ence en Uruguay y la revisión urgente del modelo forestal asociado a la producción de celulosa.