Rechazo al proyecto de Ley de Patrimonio Histórico

Convocada por el Parlamento de Andalucía, Ecologistas en Acción de Andalucía expuso el jueves 20 de septiembre su opinión sobre el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que se tramita en la Cámara andaluza.

Las principales razones argumentadas por los representantes de Ecologías en Acción, que así mismo recogían el parecer de otros grupos de carácter patrimonialista y ecologistas, se centraban en que el proceso de redacción de esta norma ha estado de espaldas a la sociedad en su conjunto y a los movimientos sociales, en particular. Los dieciséis años de vida de la vigente Ley de Patrimonio vienen marcados por dos hechos que nos parecen incuestionables: a) no ha servido para evitar la destrucción de importantes bienes culturales, al hilo de los procesos de desarrollo especulativo tanto en ciudades como en suelo rústico y b) en los casos en que la sociedad civil ha pedido la protección de determinados bienes o incluso que se ejecute lo previsto en la ley para su protección habiendo sido ya declarados de interés cultural, la Consejería se ha mostrado reacia a la asunción de sus responsabilidades, cuando no abiertamente colaboradora con las obras que los desnaturalizaban.

El funcionamiento de las Comisiones de Patrimonio, que han dado coartada a la desatada especulación urbanística en nuestras ciudades y en el medio rural, siguen siendo, en el nuevo proyecto, órganos de asesoramiento fuertemente mediatizados por el poder político al seguir presididos por los correspondientes delegados provinciales. Hubiese sido deseable –y así se ha expuesto, a modo de ejemplo a sus señorías- que estos órganos tuviesen mayor independencia, lo que les permitiría basar sus decisiones en criterios técnicos libres del interés del Delegado o Delegada de turno.

Quizás la mejor muestra de la utilización política interesada de las competencias ha sido la instrucción de expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas habidas, por ejemplo, en el conjunto histórico de Sevilla. En los últimos ocho años, cuando más especulación urbanística se ha desatado en el proceso de sustitución del casco histórico de la ciudad, la Consejería de Cultura no ha encontrado motivos para incoar ni un solo expediente sancionador por irregularidades en este sector, a pesar de las abundantes denuncias que se han cursado ante la Delegación Provincial por parte de asociaciones patrimonialistas, muchas de las cuales han salido a la luz pública en los medios de comunicación.

La falta de participación pública ha permitido que esta norma sea una especie de cheque en blanco para la administración cultural. En su articulado se recogen muchísimas obligaciones para los particulares que, sin embargo, se vuelven potestativas cuando se refiere a la Consejería de Cultura ("podrá" es la palabra que más veces aparece en los artículos referidos a las obligaciones de la Consejería). Esta indefinición, que deja en la conveniencia política actuar o no incluso en aquellos casos en que el proyecto prevé la acción administrativa, lo convierte en un arma política de escasa repercusión social.

Esta falta de interés en la participación pública resulta, por otro lado, bastante reaccionaria, pues debe tenerse presente que, con carácter general, la Ley de Patrimonio Histórico Español, recogiendo el espíritu constitucional, declara que será pública la acción pública para exigir de los poderes públicos la aplicación de la ley. Ese otorgamiento supone un plus de legitimidad a la ciudadanía para poder participar en los procedimientos descritos en el proyecto de Ley de Patrimonio, principio que ha sido desoído por los redactores de esta norma.

No podemos terminar sin hacer mención a una coyuntura específica, cual es la prisa que tiene el Gobierno andaluz en sacar esta norma, justo al final de la legislatura, sin espacio ni tiempo para un debate sosegado que pudiese llevar a replanteamientos de aspectos fundamentales de esta norma, en la línea de lo que venimos demandando. Resulta obvio que la cartera de proyectos legislativos pendientes impide cualquier tipo de dilación, no dándose las condiciones para tratar una ley que, al contrario de lo que parece opinar el Gobierno andaluz, a nosotros nos parece fundamental y digna de merecer un tratamiento más individualizado.

Consideraciones al Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico