Ecologistas en Acción ha denunciado la nueva campaña de despliegue y proliferación descontrolada y caótica de las nuevas estaciones base de telefonía móvil por parte de las operadoras de telefonía móvil que va a suponer un aumento significativo de la exposición residencial y continua de los ciudadanos a las emisiones de estas antenas y un crecimiento muy importante de los niveles de contaminación electromagnética de microondas pulsátiles, especialmente en los entornos urbanos y en los cascos históricos de las ciudades.
Este aumento de los niveles de contaminación electromagnética viene determinado por la superposición de las redes de las diferentes operadoras y la multiplicación por tres del emplazamiento de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones asociadas a los teléfonos móviles de tercera generación que van a suponer un número de 22.000 nuevas antenas.
Esta organización medioambiental quiere denunciar también la estrategia de las operadoras de telefonía móvil de mimetizar y camuflar las antenas, estaciones base, radioenlaces, dipolos sectoriales y demás infraestructuras de telecomunicaciones ante la creciente oposición vecinal a su instalación indiscriminada. Esta estrategia busca desorientar y hacer ignorar a los ciudadanos la existencia de focos de contaminación electromagnética y disminuir la preocupación social por el despliegue de las redes de telefonía móvil.
A esta estrategia se une también el despliegue cada vez mayor de microantenas y picocélulas establecida a bajos niveles de altura sobre las calles y que constituye una emisión muy directa sobre los peatones y los edificios cercanos. Ni siquiera se cumplen las tímidas recomendaciones planteadas en la normativa estatal de disminución de los niveles de emisión sobre los denominados espacios o zonas sensibles (parque y jardines, centros de enseñanza, guarderías, geriátricos, hospitales. etc.)
Colectivos de expertos e investigadores sobre bioelectromagnetismo, firmantes de la Declaración de Alcalá, han señalado que «las normativas adoptadas deben ser revisadas hasta límites donde hoy encontramos posibles
alteraciones a nivel celular».
Ecologistas en Acción demanda al Gobierno actuaciones urgentes y una reforma en profundidad de la normativa estatal sobre control del espacio radioeléctrico y los niveles de emisión de las redes de telefonía basada en la aplicación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos sobre la salud pública y del principio de la mínima radiación, la mínima emisión técnicamente posible. El cambio normativo implica, también, la definición de las actividades que provocan contaminación electromagnética como actividades clasificadas y la creación de una entidad de inspección y seguimiento de las estaciones base después de su instalación; así como la creación de una base de datos pública como el registro de todas las estaciones base de infraestructuras de telecomunicaciones y sus emisiones radioeléctricas.
