Incendios forestales y urbanizaciones

Los planes locales de emergencias son casi inexistentes.

Raúl Navarrete y Joaquín Reina, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 53.

Cada año, los incendios forestales, casi todos relacionados con las actividades humanas, amenazan los bosques y zonas forestales de nuestro país. Las enormes inversiones en medios de extinción reducen la superficie quemada pero no influyen en el alto número de incendios. Para cambiar esta situación hace falta que las Comunidades Autónomas regulen adecuadamente las actividades que originan los incendios y den mayor importancia a las medidas de prevención. Dos de estas medidas más importantes y olvidadas son los planes locales de emergencias y los planes de autoprotección frente a incendios forestales que deben desarrollar, respectivamente, los municipios y los núcleos urbanos situados en zonas de riesgo.

Desde los años 80 el número de incendios forestales se ha incrementado muy significativamente, pasando de una media de 9.515 incendios al año en dicha década a 18.141 en los años noventa, y alcanzando un promedio de 20.779 incendios en los siete primeros años de la actual década (gráfico 1). Para Ecologistas en Acción [1], de estos datos se desprende que no se están haciendo los esfuerzos necesarios en prevención, sensibilización y educación de la sociedad para disuadirla de causar incendios forestales. Igualmente, demuestran que las medidas punitivas no están siendo lo eficaces que deberían.

Gráfico 1: Número de incendios y superficie quemada, arbolada y desarbolada de 1961 a 2006.

Fuente: Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente

En cuanto a la superficie quemada, la media es de 142.077 hectáreas/año en el periodo 2000/2006. En este periodo los incendios forestales han quemado 1.009.239 hectáreas, el 3,9% de toda la superficie forestal y casi el 2% de la extensión del Estado español, una superficie similar a la de Navarra.

Es también muy importante el aumento en el número de grandes incendios (incendios que afectan a una superficie superior a 500 hectáreas) que alcanzaron los 54 siniestros en 2006. Este último dato se debe fundamentalmente a los grandes incendios registrados en Galicia durante el mes de agosto.

Distribución y causas de los incendios

La distribución territorial de los incendios demuestra que la zona más afectada, en cuanto a número de incendios y superficie quemada, es el noroeste peninsular. Más del 70% de los incendios forestales en España se producen en las comunidades del noroeste, a la vez que más del 60% de la superficie forestal y casi el 50% de la superficie arbolada afectadas por el fuego (gráfico 2). Galicia es con diferencia la comunidad que sufre mayor número de incendios, más de la mitad (53,6%) de todos los producidos en el país. Es también Galicia donde más superficie forestal se quema junto con Castilla y León; la mitad de la superficie forestal quemada se encuentra a partes iguales en estas dos comunidades.

Gráfico 2: Número de incendios y conatos por cuadrícula entre 1996 y 2005.

Fuente: Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

En el Estado español cerca del 95% de los incendios forestales son producidos por el ser humano, aspecto que revela la escasa conciencia de la población sobre el valor económico, social y ecológico de los montes y la importancia de su conservación. El 60% son incendios intencionados, el 12% por negligencias, un 6% se deben a otras causas accidentales, del 16% se desconoce su causa, el 4% tienen su origen en rayos, y el 2% restante es achacable a rebrotes de incendios controlados.

Las quemas agrícolas y para la obtención de pastos causan más de la mitad de los incendios con motivación conocida que se producen cada año en nuestro país, concretamente el 53,6%, independientemente de que se consideren intencionados u originados por negligencias. Entre 1996 y 2005 las quemas agrícolas, autorizadas o no, produjeron más de 34.000 incendios, el 31,7% de todos los incendios con motivo conocido. Mientras que las quemas para regenerar pastos, también incluyendo las autorizadas y no autorizadas, causaron más de 23.000 incendios, el 21,9% de los incendios con motivo conocido (gráfico 3).

Gráfico 3: Incendios por causas y motivos conocidos [2]. Período 1996-2005.

El análisis de las causas de los incendios por áreas geográficas demuestra la existencia de dos situaciones muy diferenciadas dentro del Estado español, ya que mientras que en el noroeste peninsular existe un elevado porcentaje de incendios intencionados (75%), en el resto del país las causas más habituales de los incendios están más repartidas entre intencionados y negligencias (gráfico 4).

Gráfico 4: Distribución de incendios por causas y áreas geográficas entre 1996 y 2005

Si analizamos los incendios según el lugar de comienzo, resulta que la mitad de los mismos (50%) se originan cerca de caminos de acceso a los montes, como carreteras, pistas forestales y sendas. Es decir, en lugares que facilitan la penetración en las zonas forestales.

Urbanizaciones en zona forestal

Dentro de esta situación general, en los últimos años se ha puesto de manifiesto un nuevo problema que hasta hace poco tiempo se consideraba propio de otras regiones del mundo, como California o Australia. Este problema es el creciente riesgo de incendios en las zonas limítrofes entre terrenos forestales y urbanizaciones lindantes con aquellos, es decir, en la que se denomina interfaz urbano-forestal. Esta interfaz está en constante crecimiento por la explosión inmobiliaria que busca preferentemente zonas forestales de gran valor paisajístico, tanto en las costas como en las montañas, cercanas a las grandes ciudades, para construir urbanizaciones que sirvan de primera o segunda residencia.

Estos núcleos urbanos, en ocasiones construidos de forma ilegal, carecen en casi todos los casos de las medidas de autoprotección adecuadas, lo que los hace tremendamente vulnerables a los incendios forestales. De hecho, cada vez son más frecuentes los accidentes con destrucción de casas y víctimas humanas entre los residentes. La nula aplicación de las medidas preventivas recogidas en la actual legislación hacen que sea “previsible que este problema llegue a alcanzar una gravedad catastrófica” [3].

Planes de emergencia inexistentes

En los incendios de los últimos años, se ha puesto de manifiesto que la ausencia de planes locales de emergencia y los planes de autoprotección por incendios forestales (o sus homólogos según cada CC AA), ha supuesto un serio riesgo para la población y un elemento de distracción muy notable para los operativos contra incendios. Éstos centran sus esfuerzos en evitar el daño a personas y bienes, abandonando mientras tanto el avance del fuego en los terrenos forestales.

El problema derivado de la ausencia generalizada de los planes especiales de protección civil por emergencia de incendios forestales –pérdidas humanas, viviendas afectadas, evacuaciones precipitadas e improvisadas, mayor superficie forestal afectada, etc.– no radica en la ausencia de normativa sino en un incumplimiento generalizado de lo establecido en la propia norma básica de carácter estatal y de los sucesivos preceptos legales en este sentido que aprueban las CC AA.

El marco legal básico de referencia de Protección Civil está integrado por la Ley 2/1985, de 21 de enero sobre Protección Civil, que establece la necesidad de aprobar una norma básica de protección civil que contenga las directrices esenciales para la elaboración de los Planes Territoriales de las CC AA, provinciales, supramunicipales, insulares, municipales, así como los planes especiales, entre éstos, los de emergencia por incendios forestales; la Ley 7/1985 de las Bases del Régimen Local, donde se establece una serie de competencias de las entidades Locales en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios forestales; y el Real Decreto 407/1992, que establece el marco donde se integran los Planes Especiales.

Finalmente, y mediante una Orden, se aprobó la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil que asignaba los elementos, funciones, estructura general y contenidos básicos de los planes especiales de carácter obligatorio.

Todas las CC AA –excepto Andalucía, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta, que han optado por otras vías– disponen de Planes Especiales de Protección Civil por Emergencias por Incendios Forestales homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas localidades, y por tanto sus habitantes, es responsabilidad en gran medida de unas Administraciones públicas, las autonómicas, que han centrado sus esfuerzos materiales, humanos y de planificación, en el operativo contra incendios. No obstante, las mayores carencias de planificación se observan en el ámbito local, en especial en lo relativo a los Planes de Autoprotección, concebidos para núcleos de población aislados, urbanizaciones o áreas residenciales, camping, etc., localizados en zonas de riesgo. En este caso son los propietarios o gestores los que deben de establecer un operativo con medios propios para situaciones de emergencia que puedan afectarles. Estos planes deben de ser homologados por los Ayuntamientos e incorporados como anexo a los Planes Locales.

Por lo tanto, se hace imprescindible que las Administraciones locales elaboren y pongan en marcha los Planes Locales de Emergencias por incendios forestales y los Planes de Autoprotección para núcleos aislados para disminuir el riesgo por incendios forestales de las poblaciones situadas en la interfaz urbano-forestal.

Impacto del cambio climático en los incendios forestales
Con el cambio climático aumentarán las temperaturas así como la sequedad del suelo, en particular la frecuencia de escasez de agua, lo que inducirá una mayor desecación de los combustibles vivos y muertos y, por tanto, un aumento de su inflamabilidad. Por otro lado, la aridificación de algunas áreas reducirá la acumulación de vegetación susceptible de arder.

Durante el siglo XX, el índice medio de peligro ha aumentado constantemente, y lo seguirá haciendo en el siglo XXI. Las zonas con peligro alto, la duración de éste durante el año y las situaciones extremas de peligro se incrementarán con el tiempo. Por otro lado, las igniciones causadas por rayos también aumentarán. Estos aumentos hacen suponer que la frecuencia de incendios se incremente.

El abandono de tierras marginales continuará. La vegetación mesofítica será reemplazada por otra más xerofítica. El aumento de superficie quemada se traducirá en más vegetación de matorral. En suma, el potencial de inflamabilidad del territorio aumentará. Las zonas más vulnerables serán el Norte de España, la alta montaña o las zonas de paramera, ya que se verán expuestas a un régimen de incendios más adverso que el actual [4].