Por un parque litoral en el Rompido, Cartaya (Huelva)

La Plataforma en Defensa del Río Piedras, Ecologistas en Acción, IU-Los Verdes por Andalucía de Cartaya, La Asociación de Vecinos del Rompido, Greenpeace, WWF/Adena y más de 1.500 ciudadanos solicitan a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cartaya la creación de un parque litoral en el Rompido, Cartaya (Huelva).

Estas organizaciones y los ciudadanos firmantes han propuesto a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cartaya la creación de un parque litoral en el lugar denominado la Barreta en el río Piedras (El Rompido-Cartaya), ubicado en Huelva.

En este enclave la empresa pública de Puertos de Andalucía y el Ayuntamiento de Cartaya pretenden construir una dársena para 500 embarcaciones de recreo. El proyecto tiene un impacto ambiental crítico e irreversible, y, por tanto, inadmisible desde el punto de vista ecológico, biológico y paisajístico. Además, vulnera la normativa europea, en concreto, las Directivas 92/43/CEE (Hábitats) y 79/409/CEE (Aves).

El paraje natural de la Barreta está protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y es un paisaje litoral de interés preferente, que da cobijo a numerosa fauna y flora protegida, alguna de ella catalogada “en peligro de extinción”. Por estas razones, alberga valores suficientes para su declaración como Parque Litoral.

Estas organizaciones consideran que el proyecto planteado, que contempla la excavación de 500.000 m3 de marismas protegidas, es innecesario, por lo que proponen una alternativa. Esta opción consistiría en colocar una marina flotante dentro del propio río Piedras, tal y como se ha hecho en otras ocasiones por la Junta de Andalucía, incluso en el mismo Rompido. La marina flotante daría el mismo servicio a las embarcaciones, sin ser una estructura permanente e irreversible, resultando más acorde con el desarrollo sostenible del entorno del río Piedras.

Para las organizaciones promotoras del Parque Litoral: “el proyecto del puerto deportivo no es justificable, es manifiestamente insostenible y no se puede llevar a cabo a costa de la destrucción de una zona LIC. Asimismo, sólo responde a la presión de varias empresas inmobiliarias de la zona, que piensan que su instalación sería una oportunidad para vender más viviendas y a un precio mayor que el actual”.