Confrontación sobre el terreno de Aguas de Sierra Nevada de Dúrcal

Planta embotelladora. Movimientos de tierras y desvío de barrancos sin autorización.

La empresa Aguas de Sierra Nevada de Dúrcal intenta que cuele su proyecto durante el acta de confrontación, sobre el terreno ante la Agencia Andaluza del Agua y los alegantes.

Todos los presentes, excepto los representantes de la empresa y los funcionarios de la Agencia Andaluza del Agua, denuncian que las obras que ya están hechas tenían que haber esperado las correspondientes autorizaciones y además se denuncia que no se corresponden con el proyecto presentado.

Los representantes de Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y un numeroso grupo de alegantes particulares, así como la presidenta y el portavoz de la Plataforma para la defensa del agua del Valle de Lecrín, que portan autorizaciones de representación de varios de los citados, comprueban sobre el terreno – a pesar de que parece que los representantes de la administración no lo ven- que se han desviado y entubado barrancos, que se ha explanado y construido en zona de policía sin autorización, que se ha ocupado el dominio público con un colector de aguas residuales, que debía, además, estar funcionando, pues los barrancos llevaban agua a pesar de no haber llovido y se han cortado los cauces con alambradas, infracción muy grave según la Ley 8/2003 de Flora y Fauna de Andalucía.

Es lamentable la actitud de los funcionarios públicos que acudieron al acto, poniendo toda clase de trabas a los alegantes y barriendo para el lado de los infractores, ya que dicen que, efectivamente, las obras se han ejecutado sin autorización y se ha incoado un expediente sancionador mediante el cual se ha impuesto una sanción de 4.000 euros (dada la buena fe de la empresa) y que se está a lo que resulte de la posible legalización de las obras.

Resulta que la existencia del embovedado de 3 cauces es una actuación prohibida en la Directiva Marco del Agua, ya que vulnera el principio de no deterioro de obligado cumplimiento, por lo que consideramos que no es posible la autorización ni la legalización de las obras.

Por si faltaba poco, el proyecto sobre el cual se basaban los funcionarios era uno modificado con fecha de noviembre de 2007, por lo que no ha podido ser sometido a la obligatoria información pública, lo que sí se hizo con el proyecto anterior (publicado en el BOP de 9 de febrero de 2007) y por eso se ha pedido la nulidad del trámite.

Así se hizo constar en el acta y se exigió que en la misma figuraran las denuncias verbales que sobre el terreno se presentaron al observar las obras.