Denuncia ante la Fiscalía de la no revisión de la licencias ilegales de Marbella

Ecologistas en Acción de Andalucía presentó ayer la denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga por presunta “prevaricación administrativa”ante la decisión por parte de la Alcaldesa de Málaga de no revisar las licencias de obras emitidas ilegalmente en las etapas de gobierno anteriores en el Ayuntamiento de Marbella.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella tiene conocimiento de las licencias y otros acuerdos urbanísticos dictados por las distintas Corporaciones de la época iniciada por Jesús Gil entre julio de 1991 y marzo 2006, que contravienen la legalidad vigente, infringiendo los principios de legalidad y de planificación, que son básicos en nuestro derecho, porque se adoptaron de manera sistemática durante todo este tiempo al margen del planeamiento y sobre la base, muchas veces, de convenios que, aunque teóricamente eran de planeamiento y sin eficacia hasta su aprobación, han pretendido habilitar el acto ilegal.

Ecologistas en Acción se refiere a los cerca de 1000 expedientes de licencias y otros muchos acuerdos de índole patrimonial asociados a problemas urbanísticos que merecen la más grave calificación, la nulidad radical o de pleno derecho, ya que la no revisión de tales acuerdos significan vulnerar el principio de inderogabilidad de la legalidad reglamentaria y reconocer a los particulares facultades para las que no están habilitados.

Ecologistas en Acción de Andalucía entiende que la decisión de revisar de oficio, de activar y llevar hasta sus últimas consecuencias este procedimiento, no debe ser una decisión discrecional del equipo de gobierno de los ayuntamientos de Andalucía, sino de obligado cumplimiento, ya que no cabe margen alguno de decisión, si efectivamente, como es el caso, los servicios jurídicos advierten motivos de nulidad, toda vez que la potestad es estrictamente reglada. No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado es permitir por la vía de la inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos.

Así se deduce de lo dispuesto en el art. 190.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía cuando establece la obligación de la Administración Local de proceder a la revisión de todas aquellas licencias que constituyan o habiliten alguna de las infracciones graves o muy graves definidas en la Ley, constituyendo el mandato contenido en dicho precepto una actuación obligada y no discrecional de la Administración y así se ha confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ecologistas en Acción ha dado también traslado del escrito de denuncia presentado en la Fiscalía malagueña, a la D.G. Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a fin de recordar a este organismo su obligación de iniciar también la vía contencioso administrativa y la penal llegado el caso, contra todos aquellos ayuntamientos empeñados en no cumplir la legislación urbanística vigente emanada del Parlamento andaluz.