Las luchas mineras y el cambio climático

El derecho a un puesto de trabajo digno no debe ocultar los impactos de la quema de carbón.}

Eduardo Menéndez Casares, Ecoloxistes n`Aición d`Asturies. Revista El Ecologista nº 74.

Las movilizaciones que los mineros y las comarcas mineras del carbón vienen protagonizando en defensa de sus salarios y por la continuidad de la actividad minera, son y deberían ser un ejemplo de lucha, tanto en la forma como en la determinación, para otros sectores sociales y laborales afectados por las medidas anticrisis que se han ido tomado desde el año 2010 y que se han agudizado en el último año. Pero no porque les asista todo el derecho a defender el puesto de trabajo, que hoy es su vida y la de las comarcas que habitan, o por la épica de esta lucha y su carácter aleccionador (con sus sombras en cuanto al ‘dirigismo burocrático’ y la nula actividad asamblearia), debemos obviar el análisis crítico de esa actividad minera a la luz de los condicionantes medioambientales a los que estamos sometidos.

Nunca antes como ahora habíamos podido ver con tanta claridad la total subordinación de la política a los intereses del capital financiero (los mercados) que está llevando a un grave deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación y contrarreformas laborales que elevan el desempleo y expulsan a la juventud obligándola a emigrar. Al mismo tiempo, se están incrementando las movilizaciones, tanto por la defensa de conquistas que nos quieren arrebatar como por la defensa de cualquier inversión que genere puestos de trabajo, sin reparar si la inversión se hace para satisfacer necesidades humanas o para generar una actividad nociva que agudice los desequilibrios producidos en la naturaleza. Algunos ejemplos de ello, junto con la minería del carbón, son la defensa de centrales nucleares en alguna comarca, el depósito de residuos radiactivos en otras, el actual sistema de transporte, o el sector inmobiliario.

El cambio en el modelo energético: vital para combatir el cambio climático

El cambio climático es una de las manifestaciones más agudas del grave deterioro que nuestro actual sistema económico y nuestro modelo de vida produce en la naturaleza; de no solucionar a corto plazo este problema las consecuencias serán (ya lo están siendo en algunas zonas del planeta) catastróficas para los seres humanos. Las emisiones de CO2 generadas por la combustión de carbón en las centrales termoeléctricas es una de las actividades que más contribuyen a este calentamiento global, por lo que dejar de quemar los combustibles fósiles ha de ser un objetivo a corto plazo.

El cambio del modelo energético debería ser un proyecto inminente y prioritario a nivel planetario donde el uso de las energías fósiles debería ser abandonado a favor de las fuentes renovables de producción eléctrica. Este cambio, si se quiere que sea viable, tendría que venir acompañado por una fuerte reducción del consumo energético en los países del Centro. Sin embargo, con el gobierno del PP estamos asistiendo a un cambio regresivo en el apoyo a las diferentes fuentes de generación disminuyendo las ayudas a las renovables, que en los últimos años habían tenido un importante aumento de la producción eléctrica (sobre todo la eólica), y con más apoyo a las térmicas de carbón que fundamentalmente ha favorecido el uso de carbones de importación. Con ello se apoya al sector empresarial minero y a las empresas productoras de energía eléctrica que prefieren no hacer nuevas inversiones en energías renovables cuando tienen a bajo rendimiento las ya tradicionales térmicas de carbón o gas.

Reestructuraciones por imperativo del capital financiero

Desde los años 90 hemos asistido a reestructuraciones de diferentes sectores productivos (como fue el caso del carbón, la siderurgia, la industria naval, etc.) realizadas siempre por el interés de las grandes corporaciones y acompañadas en muchos casos por procesos privatizadores que implicaron transferencias de bienes públicos a manos privadas, disminución de puestos de trabajo y desmantelamiento del tejido industrial en algunas comarcas. Las poblaciones de las zonas en reconversión pagaron las consecuencias de los ajustes y solamente donde hubo fuertes resistencias se consiguió que los despidos se sustituyeran por prejubilaciones, como fue el caso de las comarcas mineras asturianas.

Pero pasados más de 20 años de funesta y clientelar gestión de los Fondos Mineros que no han creado ningún proyecto de futuro, las comarcas están en permanente despoblamiento. ¿Cómo es posible que, a día de hoy, no se haga un diagnóstico del fracaso de los fondos? Estos se gastaron en la construcción de infraestructuras, muchas veces innecesarias, que generaban puestos de trabajo durante la obra, inflando y beneficiando al sector de la construcción, pero una vez terminadas se comprueba cómo no sirvieron para fijar población ni para reactivar las comarcas. Tanto los Gobiernos estatales, los autonómicos como las centrales sindicales presentes en las cuencas (SOMA-UGT y CC.OO.) han sido corresponsables de un modelo de inversión que hemos visto estallar con la crisis y que además fue muy impactante desde el punto de vista medioambiental. ¿Debemos seguir por el mismo camino potenciando unas empresas que hace tiempo deberían haber cerrado?

Las cuencas no se salvarán con el carbón

Se mantiene la ilusión de que el futuro del carbón es estratégico porque existe un uso limpio de él y ese futuro consiste en encontrar trampas geológicas donde introducir el CO2, una vez separado de los otros gases de las térmicas. Se defiende esta opción, cuando en el mejor de los casos, sabemos que no podrá ser puesta en marcha hasta dentro de algunos lustros porque no puede ser aplicada a las centrales existentes, y porque las centrales así construidas serán mucho más caras que las actuales haciendo aún mucho más atractiva y competitiva la puesta en funcionamiento de las energías renovables (que hoy ya representan un 21% de la generación eléctrica mientras que el carbón genera un 16%; si además incluimos entre las renovables a la hidráulica, ese porcentaje subiría al 32%). Por otra parte, las incertidumbres geológicas hacen prever que en numerosas ocasiones se producirán escapes de gas y también hay que tener en cuenta que las centrales térmicas emiten otros muchos productos tóxicos entre los que destaca el mercurio.

Durante el año 2011 las térmicas españolas han quemado un 42,5% de carbón nacional y un 57,5% de carbón importado, lo que nos da un margen temporal de actuación si priorizamos nuestros carbones con respecto a los de importación: se puede dejar de quemar el carbón de importación con lo que la producción de las cuencas españolas no sufriría un recorte drástico, a la vez que se han de poner en marcha alternativas que sean viables para las zonas mineras.

Resistirnos a la pérdida de derechos y de servicios esenciales implica que recobremos la acción política, el debate y la participación de todos los sectores implicados con el objetivo de conocer la complejidad de los problemas y ser capaces de llegar a acuerdos para enfrentarnos a ellos.

Tendremos que plantear y debatir propuestas que subordinen el sistema económico a los ecosistemas naturales de los cuales dependemos a la vez que debemos desarrollar un sistema productivo que tenga como objetivo satisfacer las necesidades humanas, independientemente de que las grandes corporaciones obtengan beneficio con ello. Las personas que trabajan en los sectores susceptibles de ser reestructurados no deberían pagar, como ya hicieron en otras ocasiones, las consecuencias de este necesario cambio de modelo. Necesitamos una reconversión ecológica del sistema económico por interés de la humanidad y ha de ser la sociedad en su conjunto quien asuma la carga de ello.

Ese debería ser el objetivo y, para lograrlo, a él se deberían dirigir los recursos. Y no dedicarlos a pagar la deuda privada del sector financiero que durante las tres últimas décadas, por medio de sus representantes en los respectivos Gobiernos, con arrogancia, prepotencia y una indescriptible soberbia, han defendido como ineluctable la necesidad de mercantilizar todos los bienes y servicios que necesitamos los seres humanos. Ahora comprobamos entre la perplejidad y el espanto las consecuencias de esa política económica.




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