En los últimos meses Estados Unidos ha podido cambiar su política de cambio climático en algunas formas y contenidos respecto a los anteriores gobiernos, pero permanece actuando de igual manera en lo esencial. Incumple las reglas de multilateralismo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático con la intención de decidir el futuro de todos los habitantes del planeta a medida de sus intereses, reproduciendo así las nefastas prácticas de unilateralismo de las peores administraciones norteamericanas.

Ningún motivo debe impedir que de Copenhague resulte un tratado legalmente vinculante, es decir, obligatorio jurídicamente. La supervivencia de la mayor parte de la población mundial depende de ello. Cualquier desactivación del proceso internacional en el seno de la Convención sobre cambio climático, como la forzada por EE UU en la reunión de la Asociación Asia-Pacífico (APEC), puede suponer una rebaja en los compromisos que deben adoptar los países industrializados y la ruptura indefinida de las negociaciones bajo las reglas del consenso y la responsabilidad compartida pero diferenciada.

Por otra parte, China hace un flaco favor a su población poniendo en riesgo un acuerdo legalmente vinculante en Copenhague, ya que algunas regiones de su territorio son especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. Contradice asimismo la postura defendida en la última reunión preparatoria de Copenhague, que se celebró en Barcelona del 2 al 6 de noviembre pasados, y donde apoyaron a los países africanos en la exigencia de compromisos concretos a los industrializados.