Banderas Negras 2007

Los ecosistemas costeros se encuentran en la actualidad en una situación muy delicada. Las diferentes agresiones, problemáticas y disfunciones en el funcionamiento de sus estructuras tróficas se van reproduciendo y extendiendo a lo largo de las diferentes franjas costeras del Estado español. Al igual que ocurre con los grupos de células tumorales, en la metástasis, que se diseminan por el cuerpo y se alojan en lugares distintos a aquél en el que se originó el tumor cancerígeno. La metástasis se caracteriza por un crecimiento desorbitado, desproporcionado, en todas las direcciones y a gran velocidad.

Las diferentes problemáticas o células tumorales presentes en la costa y que ocasionan un grave daño en el equilibrio de los ecosistemas litorales y de los recursos que ofrece para el ser humano son: la ocupación masiva de la franja costera (nuevas residenciales, complejos turísticos, ...); la interrupción o modificación de la dinámica litoral y sedimentaria, lo que desconfigura la costa y agrava el problema de erosión costera (diques, escolleras, puertos, paseos marítimos...); la artificialización de suelo para la creación de nuevos asentamientos, nuevas infraestructuras de transporte, o para la agricultura intensiva; el despilfarro de recursos naturales consumidos por la población, sobre todo agua y suelo; la degradación de hábitats y parajes naturales de alto valor ecológico y de interés para actividades humanas como la pesca; ... Todas estas problemáticas nos están dejando la costa cada vez más descofigurada, con una pérdida de paisaje sin precedentes y con graves problemas a solucionar, como pueden ser la erosión costera, la eutrofización de aguas, la decadencia de la actividad pesquera, la aparición de plagas, o la pérdida de identidad de los pueblos costeros.

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Informe Banderas Negras 2007

Buen ejemplo de la evolución metastásica de los problemas en la costa es el problema urbanístico asociado al desarrollo turístico residencial. Originalmente este modelo se asentó en la Costa del Sol y la franja levantina lo que nos ha dejado algunas zonas en una situación dramática, como la Bandera Negra otorgada al municipio de Marbella, provincia de Málaga, donde encontramos el 100% de la costa ocupada. Pues bien, este modelo turístico residencial de muy escasa calidad turística y con graves consecuencias socioambientales se está expandiendo aceleradamente en los últimos años llegando a colonizar zonas en las que estas células tumorales antes no se habían visto representadas. Este es el caso de la costa gallega, costa en la que en los próximos 10 años se prevee la ocupación de 22 millones de metros cuadrados y en la que se proyectan 800.000 nuevas viviendas. También es el caso del Concejo de Llanes, en Asturias, donde el que el Plan de Gestión y Ordenación Urbana, PGOU, contempla la construcción de 15.000 viviendas en un concejo con 13.212 habitantes. El PGOU ha sido denunciado por numerosas irregularidades y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en abril de 2007, aunque la sentencia ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Llanes.

La evolución metastásica costera también es la proliferación de puertos deportivos, infraestructuras que tienen graves efectos nocivos sobre la salud de los ecosistemas colindantes y que ocasionan serios problemas erosivos sobre la costa y desconfiguran su fisiografía. Este modelo ha tenido su principal esplendor en la costa catalana, donde el nuevo plan de puertos no ayuda nada a solucionar el grave problema de erosión y pérdida de arena en sus playas, ya que se prevee la habilitación de 6.000 nuevos amarres. Este modelo de creación de nuevas infraestructuras portuarias vuelve a reproducirse en la franja Cantábrica, como es el caso de la construcción del nuevo puerto deportivo de Laredo, Cantabria, cuyas obras han comenzado con el relleno de la zona de plataforma de abrasión del Canto de Laredo. El nuevo puerto tendrá una capacidad de 1.095 embarcaciones, 240 plazas de aparcamiento, y englobará una zona deportiva de 113.000 metros cuadrados y una zona pesquera de 79.000 metros cuadrados. Esta obra supone un grave impacto paisajístico, ya que la construcción de este puerto supone una profunda modificación en el entorno de la playa de la Salvé y una pérdida importante de naturalidad de la misma debido a la localización y a las dimensiones del nuevo puerto.

Otro buen ejemplo es la amenaza de los paseos marítimos, los cuáles crean una barrera artificial en la primera línea de costa que deja las playas totalmente al descubierto frente a los temporales y que aumenta el poder erosivo del oleaje incidente en la costa. Este modelo se instauró en un inicio, de nuevo, en la costa levantina y la Costa de Sol, pero se ha exportado a lugares del Cantábrico, como Asturias o Galicia, donde la Dirección General Costas va a invertir 10 millones de euros en estas infraestructuras.

El alto grado de incumplimiento de la Ley de Costas es otro síntoma de la metástasis costera. Una ley que se redactó con el teórico objetivo de garantizar a toda la ciudadanía el uso y disfrute de un bien común, la costa y su entorno. Pero, a día de hoy, no está siendo todo lo eficiente que debiera como reflejamos en este informe, ya que detectamos infracciones de particulares, promotores privados y de todas las administraciones representadas en la franja litoral. Los casos más descarados son la invasión de la Servidumbre de Tránsito en La Manga del Mar Menor (Murcia) y la recalificación de 5.000.000 de metros cuadrados de dominio Público Marítimo Terrestre en la zona de las Aletas, Bahía de Cádiz, mediante un convenio con fines especulativos entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente.

Otro problema metastásico son los vertidos que llegan al mar por diferentes fuentes, problema especialmente sensible en zonas con poca circulación de agua, como puede ser el Mediterráneo en general y la laguna del Mar Menor en particular. Estos vertidos ocasionan problemas locales de eutrofización de aguas. En cuanto a problemáticas por contaminación industrial queremos reflejar en este resumen los diversos episodios de contaminación encontrados en las Ría de Suances y en la Ría del Carmen, Cantabria, donde estos vertidos ha ocasionado problemas muy graves sobre la pesca de la zona, reduciéndose esta actividad notablemente. Sobre la depuración de aguas residuales urbanas hay que denuciar en voz alta que a día 12 de julio de 2007, la totalidad de las comunidades autonómicas costeras presentan graves deficiencias en el sistema de depuración y saneamiento de sus aguas. Este problema se ve agravado por la fuerte presión y desarrollo inmobiliario en esta franja.

Hay que recordarle a las administraciones que deben cumplir la Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, aprobada en el lejano mayo de 199. Esta directiva urge a los estados miembros a tomar las medidas para lograr que todas las aguas residuales sean adecuadamente recogidas y sometidas a tratamientos antes de ser vertidas. Además marca diversos objetivos, dependiendo del tamaño de las poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005. Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: en primer lugar, las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales; y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas.

El Real Decreto Ley 11/1995 sobre Tratamiento de aguas residuales urbanas del 28 de diciembre adaptó a nuestro derecho interno la Directiva 91/271/CEE. Aunque es verdad que el plazo para el cumplimiento de este objetivo se sitúa en el año 2015.

Ante el grave estado en el que se encuentran los ecosistemas litorales, la esquilmación y deterioro de los recursos reinantes en la franja costera, el grave incumplimiento de las diferentes normativas y el continuo avance de las diferentes problemáticas a otros puntos de la costa, Ecologistas en Acción solicita que se tomen medidas de urgencia por parte de las diferentes administraciones para frenar así el "proceso de metástasis costera":

  • Una moratoria urbanística en el litoral hasta que se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del territorio, analizando verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles. Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de tener una evaluación por parte de la administración ambiental mucho más rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para los promotores en un trámite o papeleo más.
  • Moratoria de nuevos puertos deportivos hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el consenso de las administraciones con competencia en la materia, especialmente la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejería con materias en Medio Ambiente de las Comunidad Autónoma, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, Cofradías de Pescadores, asociaciones ecologistas, etc. Que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Costas, deseche definitivamente la realización de actuaciones de gran impacto ambiental a corto y largo plazo y de gran impacto económico a largo plazo. Este es el caso de la instalación de paseos marítimos y de obras de regeneraciones de playas.
  • En relación y como alternativa a la medida anterior propuesta. Solicitamos que se elaboren planes para el abandono y retroceso de las principales infraestructuras presentes en la costa. El principal problema que nos encontramos en la gestión costera es el de la erosión de la misma y el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático, por ello Ecologistas en Acción considera que debería ser una prioridad de las administraciones planificar e iniciar la retirada ordenada de estas zonas sensibles. En términos económicos esta actuación representaría, a largo plazo, un coste sustancialmente menor que seguir con actuaciones ingenieriles como la construcción de diques y escolleras de protección y rellenos de arena, denominadas por las administraciones como regeneraciones de playas.

    Para el diseño de estos planes se deben realizar varias iniciativas que se establecen en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que se contradicen claramente la actuación de la Dirección General de Costas, como son:
    - Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales unidades de la costa española bajo distintos escenarios de cambio climático.
    - Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación de modelos.
    - Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del nivel del mar, bajo distintos escenarios de cambio climático: identificación, delimitación e inventariación de las áreas y elementos más vulnerables por el ascenso del nivel del mar, y valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la formación de nuevos humedales costeros, que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que sean anegados.

    Estas actuaciones deben de realizarse de forma ordenada priorizando las zonas más sensibles: desembocaduras fluviales (estuarios, rías, deltas, ...), bahías, lagunas costeras, humedales, playas confinadas, playas no confinadas (tales como flechas litorales o cordones de arena adyacentes a costas bajas).

  • Planeamiento estatal sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes que aseguren que las infraestructuras de saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas establecidos por la ley. Para la aprobación de nuevos planes de ordenación del territorio, ante la nueva construcción de viviendas, se debe exigir la construcción paralela y efectiva de las infraestructuras de depuración pertinentes.
  • Cumplimiento de la legislación vigente tanto regional, estatal y comunitaria en materia de protección ambiental.
  • Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la franja litoral.



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