Editorial

La política europea de residuos

Bruselas está rebajando el nivel de exigencia en las políticas ambientales, y en particular en la de residuos. Así lo reflejan el borrador de la Estrategia Temática de Prevención y Reciclaje de Residuos y la renuncia de la Comisión a legislar sobre los residuos biodegradables.

Esta nueva estrategia de Prevención y Reciclaje abandona la actual política de fijar objetivos de reciclaje y establece mecanismos como la “evaluación del ciclo de vida” o las “normas del producto reciclado”, que se implantarán mediante planes nacionales o regionales. En la práctica, este cambio equivale a interrumpir cualquier intento de reconducir la gestión de los residuos hacia el respeto de la jerarquía, todavía vigente, que impone más reciclaje y menos vertedero e incineración.

De hecho, es imposible que la Comisión haga un seguimiento simultáneo en 25 países de los procesos locales de evaluación del ciclo de vida -bastante complejos si se hacen correctamente- que son los que definen si es mejor verter, quemar o reciclar cada tipo de residuo.

La política europea de residuos debería contener herramientas realistas y controlables como son unos objetivos comunes de reciclaje. Pero, además, el borrador de esta Estrategia no sólo abandona una política clara a favor del reciclaje sino que fomenta la incineración y no tiene en cuenta los criterios ambientales de ahorro de recursos y energía que suelen conseguirse con la recuperación de los residuos ni la importancia de evitar la dispersión de sustancias tóxicas que se producen con la incineración.

En cuanto a los residuos biodegradables, la Comisión Europea acaba de confirmar que abandona la idea de elaborar una directiva específica para esta fracción de los residuos. Se limitará a proponer normas de calidad para el compost y las instalaciones de tratamiento. Esta lamentable decisión hará más difícil cumplir con la Directiva de Vertederos -que obliga a reducir la materia orgánica que llega a estas instalaciones- y que hubiera ayudado a tomar las decisiones necesarias para invertir en plantas de tratamiento.

Efectivamente, la Directiva de Vertederos impone desviar la materia orgánica de los vertederos, pero era esencial que la Comisión proporcionara una guía de opciones a tener en cuenta a la hora de diseñar las estrategias nacionales para la gestión de los residuos biodegradables. La fracción compostable representa un 47% de los residuos municipales españoles. Unos objetivos armonizados desde Bruselas para estos residuos hubieran significado un importante impulso a la toma de decisiones sobre las inversiones a largo plazo.

Proponiendo sólo unos objetivos de calidad para el compost y las instalaciones, la Comisión ha cambiado la política de residuos que seguía hasta ahora, renunciando a dar unos objetivos claros de flujos prioritarios de residuos que creaban un ambiente favorable a la inversión y la innovación para el reciclaje en toda Europa. Sin esa guía, el tratamiento biológico y el reciclaje de la materia orgánica, es decir, una gestión sostenible de los residuos a largo plazo, va a ser mucho más difícil.

Los residuos biodegradables representan un valioso recurso para nuestros suelos. Regularlos a escala europea era una necesidad económica y ambiental. Los suelos de nuestro país, como en la mayoría de los países mediterráneos, tienen un bajo contenido en materia orgánica e incluso se ven amenazados por la erosión y la desertificación en numerosas zonas, un proceso de degradación que se podría combatir usando enmiendas orgánicas de calidad, que podrían venir de los residuos orgánicos.