Solidaridad con opositores al TAV

  • Tres personas acusadas ante la Audiencia Nacional por una protesta contra el Tren de Alta Velocidad en Bilbao y el alcalde de Aramaio (Alava) condenado por realizar una consulta popular.
  • El silenciamiento de la protesta y la represión del disidente no es la vía para solucionar los problemas.
  • La Confederación de Ecologistas en Acción muestra su total solidaridad con las personas encausadas por acciones de desobediencia civil contra la construcción del tren de alta velocidad (TAV).

Tres personas van a ser juzgadas próximamente en la Audiencia Nacional, acusadas de participar en una acción de protesta simbólica contra el Tren de Alta Velocidad. La acción consistió en la realización de unas pintadas en el tranvía de Bilbao con el texto “Gazteok AHTren aurka” (“los jovenes contra el tren de alta velocidad”). Simultáneamente se paró el tranvía y delante de él se esparció arena en los raíles, plantando una flor, a modo de protesta simbólica.

La petición fiscal para estos jóvenes es de 3 años de prisión, multa de 24 meses y 9 años de inhabilitación absoluta. El motivo de juzgarse en la Audiencia Nacional es la acusación de la Ertzantza y la fiscalía de “seguir las consignas de ETA en contra del proyecto del Tren de Alta Velocidad”.

Hasta el presente la Audiencia Nacional había rechazado esta estrategia de criminalización policial y fiscal de las acciones simbólicas y de desobediencia civil contra el TAV, tales como incidentes en una manifestación en Beasain, corte de carretera en las obras de Galdakao, detenciones en el intento de ocupación simbólica de las obras en Urbina, escalada y ocupación de árboles en Bilbao.

Sin embargo, en este caso y sin ninguna particularidad ni motivo legal aparente, la Audiencia Nacional ha aceptado su competencia y juzgará a estas personas por un acto de protesta simbólica como si fuera un delito terrorista.

Ecologistas en Acción manifiesta su total solidaridad con estas 3 personas y denunciar esta nueva escalada de la represión y la criminalización del movimiento contra el TAV. Esta represión (mediática, policial y judicial) ha sido una constante desde el inicio de la lucha anti-TAV en Euskadi, con los silencios y manipulaciones de los medios de comunicación, de los gobiernos estatal y autonómicos, así como algunos partidos políticos ante las protestas anti-TAV, las actuaciones policiales en las movilizaciones y las condenas judiciales por actos de denuncia plenamente pacíficos (como la ocupación simbólica de oficinas o el despliegue de banderas antiTAV en un acto público del lehendakari o el descuelgue de escaladores con pancartas en un puente). Ahora se quiere dar un paso más allá con este juicio en la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el alcalde de Aramaio (Araba), Asier Aguirre de ANV, ha sido condenado por un Juzgado de Vitoria-Gasteiz a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El motivo ha sido convocar una “consulta-encuesta” entre el vecindario de Aramaio para recoger su opinión sobre el proyecto del Tren de Alta Velocidad, que atraviesa su municipio. La “consulta” fue prohibida por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y realizada como “encuesta” el 28, 29 y 30 de septiembre de 2007, con la participación de 673 vecin@s (sobre un censo de 1.280).

Ecologistas en Acción manifiesta también su solidaridad con el alcalde de Aramaio y su desacuerdo con una sentencia que condena un acto tan pacífico y democrático como consultar a la ciudadanía sobre un proyecto como el TAV.

La Confederación manifiesta esta solidaridad desde su oposición ecologista al TAV, que ha sido ejercida siempre a través de la acción pública, directa y no-violenta, buscando los objetivos de informar a la población, ejercer la denuncia social, propiciar el debate, reivindicar la inexcusable participación social y defender la paralización de unos proyectos que chocan con nuestro modelo de sociedad.

Ecologistas en Acción sigue pensando que el Tren de Alta Velocidad (TAV) es la mayor amenaza medioambiental en un futuro próximo para Euskal Herria, por sus graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas. Y sigue apostando por formas de actuación que contribuyan al logro de los objetivos indicados y a incrementar la información, sensibilización y respuesta social a los proyectos de TAV y al modelo de sociedad que fomentan.

Por eso la Confederación piensa que el silenciamiento de la oposición, la negación del debate, la criminalización de la protesta y la represión del disidente no son la solución.




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