La coordinadora de las Marchas por la Dignidad 22M y la Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua “Agua Clara”, apoyan la campaña de denuncia contra la gestión privada del agua y los vertidos contaminantes. Por ello, participará en la marcha en bicicleta convocada por Ecologistas en Acción para el sábado 1 de agosto, a las 11 de la mañana desde la Plaza de los Cisnes (frente al nuevo Mercado de Abastos) como denuncia del estado de nuestro litoral.
Una ola de privatización de la gestión del agua urbana recorre España. Antes de la crisis la privatización solo afectaba a poco más del 30 % de los ayuntamientos. En solo 4 años subió un 20 % y actualmente afecta a cerca del 60 % de la población española.
Unas pocas grandes empresas multinacionales se reparten el negocio del agua con la colaboración de los grandes bancos. Agotado el negocio del ladrillo, el capital especulativo dirige sus miradas hacia el agua: un negocio perfecto ejercido a escala municipal en régimen de monopolio privado por periodos de 20-30 años.
Casi siempre las privatizaciones se justifican por las dificultades económicas que padecen los ayuntamientos. Sin embargo, el negocio se basa en dos principios: reducir costes y subir precios. Al final, son los ciudadanos los que acaban pagando las deudas municipales, más el beneficio empresarial, mientras, la gestión empeora provocando vertidos que dañan a los seres vivos y a nuestro medio ambiente. En el último año se han ejecutado 300.000 cortes de agua en España. Privatizar se convierte en un acto de sabotaje social a la economía y ecología de los ciudadanos.
En Sanlúcar, la gestión del agua se privatizó a final del año 2010. El gobierno del PSOE-CIS vendió la gestión del agua a la empresa Aqualia-FCC por 16,5 millones de euros durante un periodo de 25 años. Desde entonces, Aqualia, empleando varias artimañas, ha subido el precio del agua más de 25 % y la depuración, que ya era deficiente, ha llegado a niveles inadmisibles. Todo ello ante la pasividad del Ayuntamiento que tendría la obligación de controlar la gestión de Aqualia en lo que sigue siendo un servicio público.
Sin embargo, en el último año un amplio movimiento popular con más de 300 organizaciones se viene organizando contra la privatización y por un nuevo Pacto Social por el Agua: un modelo 100 % público transparente, participativo y sostenible. La lucha por la democracia llega también al agua.
Desde la coordinadora de las Marchas de la Dignidad 22M y la Plataforma en Defensa de los Derechos del Agua “Agua Clara”, suscribimos el Pacto Social por el Agua y nos sentimos parte de los movimientos ciudadanos contra la privatización del agua. El agua no puede ser una mercancía, sino un derecho humano; así lo reconoce la revisión de la carta de los derechos humanos realizada en el año 2010. Subrayamos que las luchas por el agua representan hoy uno de los principales frentes entre el capital especulativo y la ciudadanía.
La Coordinadora 22M Marchas por la Dignidad, (SAT, USTEA, IU, Podemos, IA, Ecologistas en Acción, La Borraja, 15M, Marea Verde, Marea Violeta).
La Plataforma «Agua Clara», está integrada por vecinos afectados, ciudadanos particulares, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos «Guadalquivir», Ecologistas en Acción, presidentes de asociaciones vecinales, FACUA, Asociación de Consumidores y Productores de Agricultura Ecológica «La Borraja», SAT, USTEA, CC.OO. y Plataforma del Vado, quedando abierta a la participación de todos los sanluqueños.
