Las vías pecuarias constituye el sistema de caminos de dominio público que usan desde tiempos inmemoriales los ganaderos trashumantes para trasladar sus rebaños. En los mejores momentos el sistema alcanzó 125.000 km (425.000 ha) y por ellas se movían en torno a los 4 millones de cabezas de ganado (s. XVI-XVII). No se conoce bien cuándo comenzó a diseñarse la red de caminos pecuarios, pero lo que sí se sabe es que a partir de la consolidación de los reinos peninsulares (Edad Media) el sistema se desarrolló con mayor celeridad.

En los territorios de la antigua Corona de Castilla las vías pecuarias se estructuran en varias tipologías en función de su ancho: cañada (75 m), cordel (37 m), vereda (20), colada (variable); y de su extensión: descansadero y abrevadero (variable). En el ámbito del antiguo estado vascón de Navarra son conocidas como ardibideek o cabañeras y se estructuran en: cañada (40 m), traviesa (30 m), pasada (15 m) y ramal (15 m). Por último, en los territorios de la antigua Corona de Aragón las vías pecuarias son conocidas como cabañera (Aragón), camí ramader (Catalunya) o assagador reial (País Valenciano), aunque existen múltiples denominaciones dependiendo de ámbitos geográficos concretos.

El sistema de vías pecuarias era asistido por todo un conjunto de elementos complementarios que hoy día configuran un patrimonio etnográfico de gran interés histórico-cultural: contaderos, puentes, eremitorios pastoriles, casas de esquileo, lavaderos de lana, chozos, etc.

Situación actual

Para entender la situación actual del sistema público de vías pecuarias hay que definir un antes y un después, a partir de la aprobación de la Ley 3/95, de 23 de marzo de vías pecuarias. Hasta la aparición de dicha norma la situación del sistema era caótica, de hecho hoy día sólo conservamos 85.000 km de vías pecuarias, que se encuentran sometidas a importantes presiones.

Desde la promulgación de dicha Ley se han conseguido avances normativos: aprobación de normas autonómicas de vías pecuarias (Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Andalucía, Navarra y Extremadura); aprobación de la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal, que introduce en el artículo 319 la figura del delito ecológico en el supuesto de daños producidos a los bienes de dominio público, incluidas las vías pecuarias. Al mismo tiempo, y por el interés ecológico y cultural que presentan las vías pecuarias, se ha posibilitado que algunas CC.AA. elaboren leyes que protegen y potencian estos usos: el País Valenciano abrió la posibilidad de declarar vías pecuarias de interés natural; Extremadura regula el que determinadas vías pecuarias puedan ser declaradas espacio natural protegido (corredores ecoculturales o ecoitinerarios); Castilla-La Mancha, posibilita declarar algunas vías pecuarias como paisajes protegidos; el RD que desarrolla la Directiva Hábitats fomenta las vías pecuarias como estructuras de conexión ecológica; la Comunidad de Madrid protege los caminos históricos con más de cien años de antigüedad; Castilla y León crea la figura de Vías Históricas, susceptibles de ser declaradas Bien de Interés Cultural; la norma reguladora del turismo rural y activo de Andalucía considera a las vías pecuarias como recurso turístico.

A nuestro entender, y si bien las normas han mejorado, falta voluntad política para aplicarlas, ya que las CC.AA. siguen sin plantar cara a los ladrones de vías pecuarias, que todavía campean a sus anchas. Además, faltan esfuerzos institucionales para desarrollar el marco normativo de las vías pecuarias: desarrollo reglamentario de la Ley 3/95, de 23 de marzo (Estado español); desarrollo de normas autonómicas (Aragón, Castilla y León, Catalunya, Región Murciana, País Valenciano y País Vasco); y, en el caso de las CC.AA. que poseen leyes (Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra), sus desarrollos reglamentarios.

En estos diez últimos años las actuaciones en materia de recuperación y puesta en uso de las vías pecuarias se han multiplicado, gracias a la presión de los grupos ecologistas; las posibilidades que ofrecen las nuevas normas; la búsqueda de alternativas económicas al medio rural; la necesidad de ofertar espacios de ocio; así como la posibilidad de acceder a financiación de la Unión Europea. Sin embrago, las CC.AA. están autorizando ocupaciones en las vías pecuarias que si bien no las eliminan físicamente provocan importantes alteraciones de sus características, y no aplican con rigor la medida agroambiental relativa al “pastoreo enfocado a proteger la fauna y la flora”, que implica un apoyo decidido a la trashumancia. Mientras, los Ayuntamientos no tratan adecuadamente a las vías pecuarias en sus instrumentos de planeamiento.

No obstante lo anterior, somos conscientes de que la situación no es similar en todas las CC.AA., mientras Andalucía y Extremadura han avanzado bastante en la protección y puesta en uso de las vías pecuarias, Madrid, Castilla y León, Murcia, Catalunya y el País Valenciano son las Comunidades más atrasadas.

Por lo que respecta al Estado español, y si bien es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en un proceso de recuperación de unos 3.000 km de vías pecuarias, habiéndose firmado convenios para su recuperación entre el Estado y las CC.AA. de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Valenciano y Murcia (1.623 km de vías pecuarias y 8.141.164 € de inversión), el proceso se desarrolla con inusitada lentitud.

Por último, y por lo que respecta a los grupos de defensa de las vías pecuarias y de la ganadería extensiva, destacan las marchas reivindicativas en su defensa (plataforma “A Desalambrar” -Córdoba-); denuncias de ocupaciones ilegales; juicios; participación en los procesos de información pública de deslindes, concesión de ocupaciones y normas relativas a los caminos pastoriles; elaboración de publicaciones divulgativas (Ecologistas en Acción de Tendudía -Badajoz-, Najerilla -La Rioja- y Madrid); seminarios y charlas; participación en proyectos de recuperación y puesta en uso de las vías pecuarias (Proyectos Entrebahías y La Arriera -Ecologistas en Acción de Cádiz y Almería-; recuperación de los “Camins històrics dins l’àrea d’influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural; creación de los GR Senda Real y Senda de las Merinas -Ecologistas en Acción de Madrid-; programas de uso senderista de las vías pecuarias -Ecologistas en Acción de Salamanca y Valle de Alcudia-).

En definitiva, y si bien entre tod@s hemos conseguido poner un poco de freno al proceso de destrucción del sistema público de vías pecuarias, no nos podemos dormir en los laureles y debemos seguir presionando para que se incremente el esfuerzo del Estado y de las CC.AA. en materia de gestión, conservación y fomento de unos caminos tradicionales de carácter público con un gran futuro por delante.