La ordenanza de circulación, movilidad y transporte supone una herramienta fundamental para regular la movilidad urbana en Burgos, que se basa, en la actualidad, fundamentalmente en el uso del automóvil privado. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es uno de los retos más urgentes que tenemos por delante; y en el campo de la movilidad es fundamental: El coche es responsable de tres cuartas partes de las emisiones que se producen en la movilidad urbana en España.

Implementar medidas que actúen de forma efectiva contra el cambio climático es compatible con las competencias municipales. Pero es que, además, el actual modelo de movilidad produce contaminación atmosférica, es responsable de la muerte prematura de más de 30.000 personas al año en España, y contaminación acústica; es dependiente de los combustibles fósiles; y supone la ocupación abusiva del espacio público, en detrimento de la ocupación para actividades que favorecen la vida en comunidad.

Para ello hace falta determinación política, que se echa en falta en el borrador de ordenanza propuesto. El modelo de movilidad que presenta es continuista con el basado en el uso del vehículo a motor. La ordenanza no promueve el uso de la bicicleta, el transporte público o el modo peatonal frente al principal obstáculo que tienen: el uso del coche, que seguirá siendo el modo predominante. Mientras no se disuada a la ciudadanía del uso cotidiano del automóvil particular y se potencien alternativas efectivas a medios de transporte sostenibles no se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera. En este sentido, podemos afirmar que la ordenanza propuesta es una herramienta para regular el tráfico en la ciudad, pero no el necesario instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte urbano, ni para el cambio hacia otro modelo de movilidad más sostenible.

A pesar de que el proceso de elaboración de la ordenanza si que ha buscado espacios de participación, el texto propuesto no regula ningún órgano de participación ciudadana, indispensables en esta materia y una histórica reclamación de las organizaciones vecinales, ecologistas y de movilidad en la ciudad. Por ello, se recomienda la creación de un Consejo de Movilidad, entendido como el órgano que agrupa a todos los agentes y sectores implicados en la planificación y gestión de la movilidad urbana.

Otra de las cuestiones, largamente reclamadas y que, de nuevo, se piden en esta ocasión es la reducción de la velocidad a 30 km/hora en todas las vías de la Red Urbana Local, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. La reducción de la velocidad, de forma generalizada en la ciudad, tiene múltiples beneficios: Mejora la seguridad al incrementar los tiempos de reacción de las personas conductoras de vehículos, reduce el ruido y la contaminación, mejora la convivencia entre los distintos medios y disuade del uso individual del automóvil particular.