La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, atendiendo a una petición de Ecologistas en Acción de Cantabria, quien presentó un recurso contencioso contra la aprobación del proyecto y que forma parte de la Plataforma contra el Superpuerto.

En el auto se explica que la decisión se adopta ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la tramitación judicial por la denuncia contra el propio proyecto, por lo que se dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios.

En el auto se específica que el proyecto de puerto se ubica sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Rías Occidentales y Dunas de Oyambre”, lugar que, a su vez, fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque de Oyambre.

Y pese a que el Gobierno de Cantabria en su Declaración de Impacto Ambiental consideró que no se producían afecciones, el TSJC matiza que esto no supone “sin más” la “viabilidad ambiental del proyecto”.

Para la Plataforma este hecho, “reiterado hasta la saciedad a las autoridades, es clave”, dado que “el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas”.

“Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros; como alternativa, mostramos la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños”.

El auto enumera distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.

Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto “destruye” dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la Plataforma ha mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, Izquierda Unida de Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo.

Por tanto, al considerarse probado que tiene consecuencias sobre el medio ambiente, y ante el riesgo de otros, la justicia apuesta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la Ley.

“En lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia, algo que no estaría de más vista la carrera judicial de los proyectos del ladrillazo público, la Consejería de Obras Públicas se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización”, sentenciaban desde la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo.

El auto niega expresamente la caución, la petición de dinero a Ecologistas en Acción de Cantabria, aunque una jueza haya emitido un voto particular minoritario, y al tiempo condena en costas al Gobierno de Cantabria.

Del Plan de Puertos Deportivos diseñado por el Gobierno de Cantabria en el año 2003, tan solo se ha construido uno, el de Laredo. Este puerto deportivo de Laredo ha permanecido prácticamente vacío y se ha erigido como un monumento al despilfarro, con 1.200 amarres y una inversión de 90 millones de euros. Ha sido recogido en una publicación de la Asociación de Geógrafos Españoles como uno de los ejemplos de despilfarro.

Por fortuna, el proyecto del nuevo puerto deportivo de Castro Urdiales fue rechazado mayoritariamente por la población y por el ayuntamiento. Tampoco se construyó el puerto deportivo de Suances, pero por otros motivos: el gobierno desistió de su construcción por la declaración de impacto ambiental negativa, pues no se podían movilizar los lodos con metales pesados que cubren el fondo de la Ría de San Martín de la Arena.