• La propuesta del Ministerio de Sanidad sobre la gestión de los residuos procedentes de hogares, hospitales y centros de mayores con casos positivos del virus SARS-CoV-2 prioriza la incineración o su depósito en vertedero, cuando existen tratamientos alternativos con menor impacto ambiental como la esterilización en autoclave.
  • Ecologistas en Acción afirma que la coincineración propuesta en las fábricas de cemento para quemarlos como combustible alternativo es inviable e insostenible, y pondría en riesgo a trabajadoras y trabajadores.
  • La organización ecologista considera además que la actividad de las fábricas de cemento debería cesar de inmediato, dado que no es una actividad esencial para la sociedad en estos momentos.

El Ministerio de Sanidad ordenó el domingo 22 de marzo la gestión de los residuos domésticos en hogares, hospitales, centros de salud, residencias y similares en contacto con el virus. Esos residuos deben depositarse en los contenedores de la fracción resto y se destinarán de forma preferente a incineración, o en su caso a vertedero. Las bolsas de basura no deberán abrirse ni manipularse y solo se tratarán de forma automática, en el caso de que se traten antes de incinerarlas o verterlas, y se dispone que, en caso de necesidad, la incineración se lleve a cabo en las fábricas de cemento.

Ecologistas en Acción declara que las fábricas de cemento no son las instalaciones adecuadas para quemar estos residuos. No están diseñadas para ello y no tienen suficientes sistemas para reducir la contaminación atmosférica añadida que generará esa incineración. En primer lugar, porque ningún horno está preparado para que las bolsas de basura puedan introducirse sin ningún tratamiento previo (trituración, fragmentación) ni en el quemador principal ni en el precalcinador. En segundo lugar, aunque el virus se desactiva al cabo de unas horas, el manejo de esa basura pondría en riesgo la salud de trabajadores y trabajadores. Y en tercer lugar, porque las fábricas de cemento deberían cesar su actividad en esta situación de crisis sanitaria y de confinamiento, pues no es una actividad esencial para la sociedad.

La salud y seguridad de los trabajadores debe prevalecer sobre otras consideraciones estrictamente económicas.

Los residuos sanitarios de los centros que traten enfermos del COVID-19 deberían seguir el tratamiento convencional que en su gran mayoría reposa sobre su desinfección por vapor y vacío mediante autoclave, y una vez desinfectados proceder a su tratamiento como residuos domésticos ordinarios, para recuperar los materiales reciclables (metales, plásticos, etc). Ese tratamiento genera menos impactos ambientales que la incineración o el vertido de los residuos, los tratamientos más agresivos y con peor comportamiento ambiental. Además algunos de estos residuos de los equipos de protección individual (mascarillas, batas) se pueden reciclar y reutilizar fácilmente una vez desinfectados y limpios.

Renunciar al tratamiento de esos residuos y priorizar su incineración o, en su defecto, el vertido, no hace más que proseguir la senda de insostenibilidad en la gestión de los residuos domésticos en el Estado español, que en 2017 llevó a los vertederos un 63 % de sus residuos, y una cuarta parte de ellos sin ningún tipo de tratamiento previo, incumpliendo la legislación europea y española dictada hace 20 años sobre el depósito de residuos en vertederos. Ecologistas en Acción advierte que esta orden podría servir de excusa para algunos operadores y Comunidades Autónomas, para continuar depositando residuos domésticos en vertederos sin recibir antes el preceptivo tratamiento previo en perjuicio del reciclaje.

El incremento en la generación de residuos motivado por la adopción de las medidas obligatorias de asepsia y protección no debe ir unido a un descenso en las exigencias de preservación de la salud y del cumplimiento de las máximas garantías ambientales en la gestión de los residuos.