• 44 millones de personas siguieron respirando aire contaminado durante 2019 en el Estado español. El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que el 94 % de la población y el 88 % del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
  • En un año cálido y hasta el otoño seco, diversos episodios meteorológicos en febrero, junio y julio dispararon las partículas y el ozono.
  • Pese a la caída del dióxido de nitrógeno, Barcelona, Granada y Madrid siguieron incumpliendo los límites legales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 805 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas por vez primera las de los principales aeropuertos y puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

  • Durante 2019 la contaminación atmosférica se ha mantenido en general estable, con una reducción general de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) pero ascensos de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) y dióxido de azufre (SO2), mientras la contaminación por ozono troposférico se ha mantenido estacionaria. El resultado global ha sido una ligera mejoría de la situación, con una menor población y territorio afectados por la contaminación.
  • El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2019 a 44.2 millones de personas en el Estado español, el 94 % de su población, así como a 444 000 kilómetros cuadrados, el 88 % del territorio.
  • Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 12.5 millones de personas, una cuarta parte del total y 2.3 millones de afectados menos respecto a 2018. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 254 000 km², la mitad del territorio español e idéntica superficie a la del año pasado.
  • Las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros meses del año han activado los episodios de contaminación. El otoño en cambio ha resultado inestable y húmedo, con predominio de tipos de tiempo ciclónicos que han favorecido la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso y prolongado calor estival ha mantenido elevadas las concentraciones de ozono troposférico.
  • La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y otros combustibles fósiles son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.
  • El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios, con alzas y bajas según territorios. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, cada vez más frecuentes e intensas como resultado del cambio climático. Durante 2019, por el intenso y prolongado calor estival, la mayor parte del territorio español ha seguido expuesto a niveles peligrosos para la salud humana y vegetal.
  • Las partículas (PM10 y PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectaron a dos tercios de la población del Estado. Barcelona, Granada y Madrid siguieron incumpliendo los límites legales de NO2, por lo que la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal Europeo de Justicia. Las partículas aumentaron sobre el año anterior, en buena medida por el episodio de contaminación de la segunda quincena de febrero.
  • La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran alrededor de 30 000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Para el Instituto de Salud Carlos III, 10 000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación como los registrados a finales de febrero y junio y a mediados de julio de 2019.
  • La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El Eurobarómetro sobre la calidad del aire de septiembre de 2019 revela que el 60 % de los españoles encuestados se consideran mal informados, y el 74 % piensa que la calidad del aire se ha deteriorado en la última década. Según otra reciente encuesta de Transport & Enviroment, el 82 % de españoles encuestados apoyaría la restricción de entrada de coches en las ciudades o un reparto del espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte público.
  • Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50 000 millones de dólares al año, un 3.5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
  • Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. Una decena de Comunidades Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se incumplen los objetivos legales, negligencia sobre la que en los próximos días se va a pronunciar el Tribunal Supremo.
  • La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y declarar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo como las del Báltico y el Mar del Norte.
  • La reciente crisis sanitaria de la COVID–19 ha corroborado de manera dramática que la reducción del tráfico en las ciudades tiene claros efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone una importante mejora de la salud pública. Ecologistas en Acción está desarrollando una campaña bajo el lema Confinemos los coches, recuperemos nuestro espacio para reclamar a las Administraciones medidas en este sentido.