Verdemar-Ecologistas en Acción presenta alegaciones al dictamen de autorización ambiental integrada otorgada a refinería Gibraltar-San Roque, para el proyecto Fondo de Barril en San Roque.

Para Verdemar-Ecologistas en Acción ve una incoherencia total en la UGT comarcal con sus compañeros de la capital de España. Mientras desde UGT- Madrid proclaman la descarbonización de la economía, defienden la ampliación brutal del negocio petrolífero de CEPSA.

La mercantil CEPSA S.A ya ejecutó las obras que implicaban desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación ¨Fondo de Barril”.

El conjunto de actuaciones descritas conculca el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, además de las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats.

A raíz de la denuncia de esta de Verdemar-Ecologistas en Acción con fecha 9 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de San Roque efectúa las pertinentes inspecciones que terminaron en sanciones. Como reacción a la gravedad de los incumplimientos descritos, la empresa refinera ha iniciado los trámites tendentes a legalizar ambientalmente, a posteriori, todos los movimientos de tierra, su gestión y viales realizados en el Área CP2-PEI. Suelo Urbano
No Consolidado, mediante la adición al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Es improcedente evaluar a posteriori las afecciones ambientales del citado. A los impactos reseñados, habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en todo el área.

Para Verdemar-Ecologistas en Acción, CEPSA juega a aprendiz de brujo y se permite afirmar, en el seno del expediente de referencia, que “con ocasión de los movimientos de tierras adicionales que sean precisos para la implantación del proyecto Fondo de Barril se respetarán, como se ha venido haciendo hasta el momento, las previsiones sobre protección del patrimonio histórico en relación con los vestigios arqueológicos que, en su caso, estén presentes en la zona”. Recordamos que tales movimientos de tierras adicionales ya se han llevado a cabo, y han motivado su suspensión cautelar.

Ampliar las instalaciones de la petroquímica Cepsa representa un ataque a la línea de flotación de la Estrategia de la Comisión Europea presentada en 2016 y denominada “paquete de invierno”, “Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final), que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales
objetivos vinculantes para la UE en 2030 de un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.

No se entiende cómo un proyecto fosilífero anclado en el pasado puede compatibilizarse con esta Estrategia comunitaria. El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050. Como enfatiza en su formulación:
“La ejecución de este Plan transformará el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia energética sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la seguridad energética nacional al disminuir de manera significativa la dependencia de unas importaciones de combustibles fósiles que suponen una elevada factura económica y que está sometida a factores geopolíticos y a una volatilidad elevada en los precios”.

Aunque los compromisos de reducción del PNIEC sean modestos, un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, es obvio que su estrategia es incompatible con más carbonización de la industria, como el proyecto de Fondo de Barril de Cepsa representa. Y tampoco está en consonancia con los objetivos de reducción de emisiones contemplados en el PNIEC dentro del sector industrial de la combustión, 7 MtCO2-eq a lo largo de la década de 2020 a 2030. Tampoco asume el objetivo de generación eléctrica renovable en el año 2030 del 74% del total, coherente con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100 % renovable en 2050.

Y también el proyecto de Cepsa contradice el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica:
“La generación eléctrica renovable eléctrica deberá aumentar, según los datos recogidos en el plan, en unas 2.200 ktep en el periodo 2020–2022 y en aproximadamente en 3.300 ktep en el periodo 2022-2025, para lo que será necesario un rápido aumento de la potencia del parque de generación a partir de fuentes de energía renovable. En el periodo 2020-2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 12.000 MW y para el periodo 2020-2025 en el entorno de 29.000 MW, de los que aproximadamente 25.000 MW corresponden a tecnología eólica y fotovoltaica.

Y finalmente, tampoco respetar la Estrategia de Transición Justa del Marco Estratégico de Energía y Clima, un instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo hacia la transición ecológica de la economía, y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición:
“Para aquellas zonas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y actividades económicas de dichas áreas, se establecerán Convenios de Transición Justa que propongan un plan de acción territorial integral para tales zonas, con vistas a la creación de actividad y empleo en la zona, a la
fijación de población en los territorios y a una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico”.

La Transición Justa se aplicó inicialmente a las cuencas mineras de carbón afectadas por el cierre, posteriormente a los municipios con sus centrales térmicas de carbón también afectadas. Es hora de que esta Transición Justa se aplique también en zonas y comarcas afectados por la irreversible descarbonización industrial, como es el caso de los complejos petroquímicos.