- Se acaba de conocer el auto del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación de Ecologistas en Acción para preservar Madrid Central.
- El auto da por buenos los argumentos del contencioso que inició el grupo municipal Popular en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid.
- Cuando el propio Parlamento Europeo pide una regulación de calidad del aire que impida revertir medidas como Madrid Central, el gobierno municipal sigue dando pasos en sentido contrario.
La tarde de ayer se notificó a Ecologistas en Acción de Madrid el auto que rechaza el recurso de casación de la organización ecologista contra la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que a instancias del Grupo Municipal Popular anuló algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que daban cobertura a Madrid Central.
En concreto, aquella sentencia declaró nulo el art. 23 de la OMS porque consideró insuficiente la memoria económica en relación con la puesta en marcha de Madrid Central. El coste de la puesta en funcionamiento de esta zona de bajas emisiones se calculaba en 11,7 millones de euros durante siete años. Resulta obvio que su repercusión presupuestaria era ínfima ante un presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales, pero este argumento no fue atendido por el TSJM.
El auto del Supremo inadmite el recurso de casación formulado en defensa de la vigencia de Madrid Central. La sentencia que se recurría en casación anula una disposición general, por lo que solo podía rechazarse el recurso si “carece con toda evidencia de trascendencia suficiente”. Para el Supremo la vigencia o no de una zona de bajas emisiones, que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital, aparentemente no tiene suficiente trascendencia. El propio Parlamento Europeo aprobó recientemente un informe que exige medidas más estrictas para preservar la salud pública en nuestras ciudades 1.
Ecologistas en Acción también lamenta que la actual configuración del recurso de casación lo convierte en un medio de impugnación de extraordinaria dificultad técnica, que atiende más a la creación de jurisprudencia (el interés casacional objetivo) que a la corrección de situaciones de mala aplicación de la justicia en las sentencias que se recurren.
Pero lo que destaca en todo este proceso es el poco disimulado empeño del gobierno de Martínez-Almeida de acabar con uno de los emblemas de la anterior corporación, Madrid Central, a pesar de ser una medida muy valorada por los madrileños y madrileñas y que demandan más barrios de la ciudad. Los intentos de desmantelamiento solo habían sido frenados por los tribunales, algo que ahora ha cambiado con unas interpretaciones de la normativa bastante cuestionables 2.
Y todo esto ocurre mientras luchamos contra una pandemia cuya virulencia se ve agravada por la contaminación y cuando la Comisión Europea ha reanudado el proceso sancionador por superación reiterada de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno, como respuesta a los intentos recientes del Gobierno municipal de desmantelar Madrid Central. Hasta los centros educativos se rebelan contra la contaminación de los coches y su abusiva ocupación de espacio, en la conocida como #RevueltaEscolar.
En este contexto, Ecologistas en Acción pregunta al alcalde si le parece aceptable que Madrid sea la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno, un gas que sale de los tubos de escape 3. Y le reclama que explique si suspender una medida que ha reducido un 20 % la contaminación por este gas tóxico durante su primer año de funcionamiento es la mejor forma de garantizar la salud de la población o por el contrario se trata de una descomunal irresponsabilidad, que costará muchas vidas.
Independientemente de disquisiciones jurídicas, para Ecologistas en Acción resulta claro que el empeño de tirar por tierra las actuaciones del gobierno municipal anterior y la obsesión de defender la “libertad” de circular en coche frente al derecho a respirar aire saludable, hace que Madrid se quede sin ningún plan serio de lucha contra la contaminación. Y Martínez-Almeida es el responsable directo de esta situación por no retirar los contenciosos, por negarse a corregir los posibles defectos de la tramitación administrativa y por dirigir los recursos del Ayuntamiento en contra de Madrid Central en lugar de para mejorarlo.
